Cargando...La rebelión de los barones del PP contra el déficit a la carta no sólo no ha amainado, sino que se ha extendido a autonomías tradicionalmente dóciles. A Extremadura y Madrid se les han ido sumando Galicia, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Cantabria…
El Gobierno se ha metido en un lío monumental al dejar abierta la puerta a que Cataluña pueda tener este año un déficit mayor que el de otras comunidades que sí han cumplido con sus objetivos en 2012. «El sistema variable se ha puesto en marcha no para beneficiar a Cataluña, sino porque algunas comunidades, como Cataluña o Valencia, no pueden cumplir el objetivo del 1,2%; eso era prácticamente imposible», argumenta un miembro del Gobierno. Sin embargo, la forma en la que se ha producido ese cambio de criterio da argumentos a los que piensan que, en el fondo, lo que busca Rajoy es un pacto con CiU. Lo que tiene que ver con Cataluña es político, lo quiera o no el Gobierno. Y lo peor es que el déficit a la carta se pone en práctica cuando la Generalitat ha iniciado un camino sin retorno hacia la independencia. «Da la sensación», advierte el presidente de una de la comunidades más importantes controlada por el PP, «de que se quiere evitar la deriva independentista a cambio de más dinero, y eso es un grave error».Hay consenso entre los barones populares en que la intención última del Gobierno al aceptar el déficit a la carta es atraerse a Mas a posiciones sensatas. Incluso barones que creen que la pretensión de Rajoy es provocar una ruptura de Mas con ERC y el aplazamiento del referéndum. «Al presidente de la Generalitat –comenta un dirigente popular que mantuvo recientemente una conversación con él– le gustaría romper con ERC porque se está dando cuenta de que, con la alianza, sólo ganan los republicanos. El problema es que Mas tampoco quiere decepcionar a sus votantes». Sin embargo, esa percepción y el deseo de la clase empresarial catalana de que Mas rompa con los republicanos chocan con la realidad. La Generalitat ha puesto a funcionar una maquinaria difícil de parar. La semana pasada, el presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, Carles Viver Pi-Sunyer, anunció que ya está redactando un proyecto de «Constitución provisional» para Cataluña. El sábado, Mas amenazó tras la aprobación de la Lomce: «Esta gente va a ser combatida hasta las últimas consecuencias». «El Gobierno –comenta uno de los presidentes autonómicos con mayor proyección– ha gestionado mal este asunto. El ministro de Hacienda no puede ir a Barcelona a entrevistarse con su colega de la Generalitat y anunciar después que se va a flexibilizar el criterio de déficit. Porque, a partir de ese momento, los ciudadanos del resto de España lo que piensan es que su sacrificio es para contentar a Cataluña». Pero la reunión de Montoro con Mas-Colell se produjo tras un breve encuentro de Rajoy con Mas, en el que, según un dirigente de CiU, «el presidente del Gobierno estuvo especialmente comprensivo. Cataluña no se puede hundir, coincidió con Mas, porque arrastraría al resto de España». El incendio está servido y las llamadas a la calma de Rajoy –volvió a insistir en ese mensaje en su comparecencia en la Interparlamentaria del PP– surten poco efecto. Tan levantiscos están los barones, que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tuvo que advertir el viernes en Salamanca: «Todo es negociable menos el apoyo al Gobierno». El puente tendido por Juan Vicente Herrera incluía una condición: «Solidaridad, pero no para caprichos ni para la construcción de estados innecesarios». En eso están de acuerdo todas las CCAA controladas por el PP. La solución al jeroglífico parece complicada. El presidente de una comunidad controlada por el PP desde hace años argumenta: «Si a Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares se les permite un déficit cercano al 2%, entonces será imposible cumplir el objetivo del conjunto. No se logrará si el resto cumple con el 1,2%, pero tampoco se lograría si a éstas se las obliga a quedarse en el 0,7% inicialmente previsto». El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, propone que el mayor margen a Cataluña y a otras autonomías salga del Estado, ya que es el Estado el que se beneficia fundamentalmente de los dos años extra que concederá la UE para cumplir con el objetivo del 3%.
Eso no es fácil. El Estado también tendrá que adelgazar este año, porque lo que va a aumentar, y mucho, es el déficit de la Seguridad Social. Aunque aún no está decidido, el Gobierno estudia que el nuevo techo para algunas comunidades sea del 1,8% del PIB. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado a que el Estado premie de alguna forma a las comunidades cumplidoras. Un miembro del Gobierno apunta una solución en ese sentido: «Vamos a establecer un sistema de incentivos para las que cumplan el 1,2% y de penalizaciones para las que lo superen. Los incentivos pueden ser fondos europeos para inversiones u otras fórmulas que se están estudiando. Las comunidades que sobrepasen el objetivo inicial tendrán que sufrir algún tipo de penalización. Las que incumplen son comunidades que dependen para financiarse del FLA. Pues bien, las que recurran a ese fondo sufrirán mayores controles a la hora de gastar. Cada partida de gasto tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Hacienda. Ésa es una vía para una mejor aplicación del gasto. Se podrá gastar en sanidad, educación, etc. Pero no en otras partidas más políticas, como embajadas o televisiones». Premios y castigos. Ésa es la solución del Gobierno, la propuesta que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará a finales de junio.
Probablemente, esa fórmula logre acallar a algunos. Sin embargo, otros como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, no renunciarán a dar la batalla hasta el final. «A nosotros se nos dijo en 2012 ‘no’ alcriterio flexible ¿Por qué ahora sí? Lo que pido al Gobierno es coherencia».