Cargando...El PSOE debe meditar muy seriamente su respuesta a la nueva fase en que entra el caso de los ERES de Andalucía, tras la convocatoria a declarar como imputados de dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de tres exconsejeros que también tienen la condición de aforados. Y debe hacerlo no solo por la gran repercusión política de este hecho en vísperas de la campaña electoral en Andalucía, sino por el fuerte compromiso asumido por el secretario general, Pedro Sánchez, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, para exigir la renuncia a los escaños a quienes sean imputados.
El paso dado por el Supremo implica que se va a dilucidar si los expresidentes y exconsejeros intervinieron en el diseño del procedimiento administrativo que permitió la utilización fraudulenta del fondo destinado a ayudar a las empresas en crisis. El fondo estuvo dotado con 850 millones de euros y se estima que la cantidad defraudada entre 2001 y 2011 ascendió a 136 millones.
Que un juez llame a alguien a declarar como imputado no implica culpabilidad ni inocencia. Significa que hay indicios que le relacionan con los hechos investigados, y por eso debe acudir a la convocatoria acompañado de un abogado. El Supremo aún no ha atribuido delito alguno a las cinco personas llamadas a declarar en el asunto de los ERE. Por lo tanto, es razonable esperar a que ellos se expliquen en las comparecencias previstas para los días 7 y 21 de abril —solicitadas por los propios afectados—, y a la posterior actuación judicial, para determinar si se les atribuyen delitos o se les descarta de la investigación. Si se les señalan delitos, los imputados y su partido habrán de dar un paso al frente y actuar de acuerdo con las exigencias éticas que el PSOE viene proclamando.
El problema reside en las expectativas creadas por Pedro Sánchez y Susana Díaz, afirmando la incompatibilidad entre estar imputado penalmente y ser parlamentario. El 6 de noviembre pasado, Díaz dijo que los aforados tendrían que dejar el escaño si fueran imputados, una postura mucho más exigente que la prevista en el código ético del PSOE, que fija la renuncia al cargo cuando se produzca la apertura de juicio oral. Una semana después, Díaz matizó que no le temblaría el pulso “si cuando comparezcan ante un juez se les imputa algún delito”. Después, Pedro Sánchez remachó en un programa televisivo que si Chaves o Griñán fueran imputados, “tendrán que abandonar su puesto de diputados”.
Cuando se generan tantas expectativas, es fácil causar decepciones. En su afán de separarse de los escándalos del pasado, los nuevos dirigentes fueron varios pasos por delante de lo que prevén las normas de su propio partido. No se pueden improvisar compromisos rotundos en materia tan delicada, que ahora les cuesta aplicar, les obliga a matizar y, en definitiva, les debilita políticamente.