Cómo se escribe: el Ministerio de las  TIC o el de las TTYC

Según los datos de la Suerintendencia de Industria y Comercio (SIC), en nuestro país hay más de 45 millones de líneas telefónicas móviles. Esto nos coloca en un nivel muy alto de penetración, el 96%, por encima de países como Estados Unidos y Canadá. Claro está que estas cifras son las que informan los tres monopolios que operan la telefonía móvil, a los cuales les interesa presentar unos datos inflados, pues con ellos es que valorizan sus acciones, soportan sus movimientos especulativos y apuntalan la estructura tarifaria. Para lograr tan maravilloso guarismo, cuentan con todas las tarjetas SIM, sigla en inglés que significa Suscriber Identity Module, entre los que desde luego están las inactivas, las promocionales y las que corresponden a módems para acceder a internet. Está claro que no corresponden a la cantidad de equipos efectivamente activos. El lucrativo negocio ha crecido de manera exponencial y como es lógico, muchos ciudadanos que han sido lanzados por el modelo económico excluyente que han logrado imponer los monopolios en Colombia, han recurrido a los negocios marginales que se generan alrededor de esta actividad. Se calcula que cerca de 100.000 establecimientos de comercio en el país se dedican a la venta y reparación de equipos de telefonía móvil celular.El gobierno de Santos, que empolla el huevito de la “confianza inversionista” en proporciones que con seguridad envidia quien lo puso, ha decidido sacar de circulación esa inmensa masa de ciudadanos que casi como el pobre Lázaro se han colocado al lado de la mesa de los tres ricos Epulón que son Tigo, Telefónica (Movistar) y Comcel. El Decreto 1530 de 2011, que se encuentra en proceso de reglamentación por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), establece una serie de medidas que buscan ese propósito. En primer lugar establece que no se podrán reparar celulares con repuestos de segunda. Es decir, si usted tiene dos equipos de la misma marca, uno que ya no sirve y otro en uso al que le falló la pantalla, el teclado o algún elemento que puede ser reemplazado por uno sacado del que ya definitivamente “sacó la mano”, no podrá hacer el remiendo. Únicamente están permitidas las reparaciones con repuestos nuevos. En segundo lugar exige que para poder ser comercializador de aparatos para la telefonía móvil celular, es indispensable poseer la factura original del fabricante. A ellas solo pueden acceder quienes compran directamente, es decir los operadores y los grandes mayoristas. Los sub-distribuidores y los minoristas jamás podrán tenerlas. En tercer lugar, liga el IMEI, sigla en inglés que significa Identificador Internacional del Equipo Móvil, que viene siendo algo así como la huella digital de cada aparato, con la tarjeta SIM, de tal forma que ningún ciudadano podrá cambiar la SIM de un equipo a otro. Ni siquiera se podrá usar el equipo de un amigo o un familiar cuando al propio se le acabe por ejemplo la batería. Para que la tarea de eliminar a los pequeños y medianos quede completa, en la Ley de Seguridad Ciudadana se establecieron severas sanciones penales para ser aplicada a quienes violen las anteriores disposiciones. Se sigue configurando así el mundo maravilloso de los negocios para estos afortunados trillizos: el señor Carlos Slim, propietario de Comcel y Telmex, ese señor que le parecía tan buena persona al anterior Presidente, a pesar de que en su país es multado por abuso con las tarifas; a los de Telefónica de España, monopolio con más de 300 millones de clientes en el mundo, que cotiza en las principales bolsas de valores del planeta y al que le entregaron prácticamente regalada la estatal Telecom y a TIGO, subsidiaria de la multinacional de origen sueco Millicom International Cellular S.A., cuyas acciones se cotizan en el mercado de valores Nasdaq y en la Bolsa de Estocolmo. Ellos mismos inundaron el mercado nacional con tarjetas SIM baratas, sin control alguno, como en una especie de operación de lanzar la red. Ahora la recogen con los buenos oficios del gobierno Santos. No importa que entre sus redes se asfixien 100.000 familias que atienden el mercado de los pobres que si tienen celular, es porque lo compran de segunda y lo pueden remendar. Para que no quede duda del origen de las medidas, quien redactó y firmó el Decreto 1530, fue el Ministro Diego Molano, quien antes de ser ministro, fue Subdirector General de Relaciones Corporativas del Grupo Telefónica, uno de los grandes beneficiados por las disposiciones. Y lo que faltaba: todo lo justifican con el argumento de que el objetivo es combatir el robo de celulares y los homicidios asociados a ese delito. Lo del combate al delito no pasa de ser una excusa vulgar, pues está claro en un estudio de la Superintendencia de Industria y Comercio que la sola medida de bloquear los equipos cuyo IMEI se encuentre en la lista negra es suficiente para ello. Lo que si no tiene duda alguna es que la puerta giratoria que permite el paso corrupto de funcionarios desde sus cargos en multinacionales y monopolios hacia los Ministerios u otros entes públicos y a la inversa, es cada vez más escandaloso. Incluso como en este caso, en el que al Ministerio de Comunicaciones le cambiaron el nombre para hacer honor al propósito del doctor Molano, ya se llama de las TIC, lo que con seguridad queda mejor escrito como el de las TTYC, sigla que significa Telefónica, Tigo y Comcel.