Demasiadas veces nos han pintado a Andalucía como una comunidad autónoma escasamente desarrollada, asolada por el paro y que vive de las subvenciones. Una visión interesadamente deformada.

No es verdad. Andalucía es una gran comunidad, rica, con recursos y enormes posibilidades de desarrollo, con un PIB autonómico de 150.500 millones de euros, que la coloca como la tercera CCAA por PIB.

El problema es que la inmensa riqueza que se crea no se redistribuye, profundizando las desigualdades.

Redistribuir la riqueza es la alternativa que necesita Andalucía. Y no es aplicar la política de la “subvención” y la deuda pública a costa de hipotecar el futuro de los andaluces. Redistribuir la riqueza es poner los inmensos recursos y la riqueza que se genera al servicio de Andalucía y de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Redistribuir es “expropiar a los expropiadores”. Es aplicar políticas para que quienes se apropian y benefician de la mayor parte de la riqueza, devuelvan parte de ella para desarrollar medidas que creen riqueza y empleo.

Andalucía cuenta con abundantes recursos y dinero para redistribuir la riqueza. Aparte de los Presupuestos ordinarios (40.000 millones de euros anuales), Andalucía podría disponer -mediante 5 fuentes de redistribución: una reforma fiscal progresiva, atajar con el despilfarro y la corrupción, que la banca devuelva el rescate bancario, una auditoria, moratoria y renegociación de la deuda pública, y otra gestión de los fondos europeos- en la próxima legislatura de recursos excepcionales por 56.000 millones de euros.

¿Y a qué dedicamos esta riqueza que hemos sacado de “expropiar a los expropiadores”? Pues a…

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Salarios y pensiones. Ningún salario ni pensión por debajo de 1.000 euros al mes.

Redistribuir la Riqueza es subir salarios y pensiones elevando el poder adquisitivo de la gran mayoría de los andaluces y convertirlo en un motor de la reactivación de la economía. Ningún salario ni pensión por debajo de 1.000 euros al mes.

Pensiones

• Establecer un complemento de pensiones autonómico que garantice 1.000 euros a todos los pensionistas, hombres y mujeres.

• Y al mismo tiempo promover desde la Junta de Andalucía blindar las pensiones en la Constitución para que ni se recorten  ni se privaticen

Salarios

• Ningún salario por debajo de 1.000 euros netos al mes. Lo que significa un salario bruto en torno a los 1.200 euros mensuales. Y un salario máximo, ninguno por encima de 10.000; y nadie por encima de 5.000 euros en la Administración.

• Aplicar la redistribución salarial en la administración autonómica y en las empresas de servicios y contratas que trabajan para la Comunidad.

• Igualdad salarial para hombres y mujeres.

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Revertir los recortes y garantizar una Sanidad a prueba de pandemias.

Entre la crisis anterior y en lo que llevamos de ésta, en Andalucía se han recortado unos 6.650 millones de euros en Sanidad. Y en total, sumando los recortes en Educación, Ciencia y Cultura, más de 8.500 millones.

Para defender la Sanidad y Educación públicas, la Ciencia y la Cultura, Recortes Cero propone:

• Recuperar la inversión pendiente por los recortes de la crisis anterior y los tres años de gobierno del PP; y garantizar las ayudas a la Dependencia, la inversión en Ciencia y Cultura y los servicios básicos a la población.

• Garantizar una Sanidad a prueba de pandemias. Recuperar los casi 6.650 millones recortados en la Sanidad Pública para reabrir los centros y servicios cerrados, reponer los profesionales eliminados y asegurar que los servicios sanitarios llegan a todo el mundo rural.

• Apoyo al desarrollo de la industria y la investigación que garanticen la producción sanitaria en la región.

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Reindustrializar Andalucía creando 300.000 empleos.

Fijos, sostenibles, de calidad y con derechos, bajando el paro al 10%.

El paro es el principal problema que sistemáticamente marcan los andaluces en todas las encuestas desde hace décadas. Lo es para el 54% de los andaluces, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, Centra, dependiente de la Junta; seguido por la carestía de la vida.

Andalucía sigue siendo la comunidad con más paro de España. Empezamos este año con 822.000 parados y una tasa de paro del 20,18%, según la EPA. Cádiz con casi el 26% es la ciudad con más parados, además de Linares, La Línea, Córdoba, Alcalá de Guadaira, Huelva… Estos datos indican que las políticas de empleo de los gobiernos andaluces de los últimos 40 años (37 del PSOE y 3 del PP) son uno de sus principales fracasos.

Un fracaso directamente relacionado con el sometimiento de las mayorías de gobierno a las exigencias del gran capital extranjero  y las imposiciones de Bruselas: apuesta por el sector servicios a costa de la desindustrialización en sectores estratégicos como el naval y el metalúrgico, o la dependencia de las multinacionales extranjeras que llevan consigo la deslocalización… y que nos hacen especialmente débiles ante las crisis y pandemias

La desindistrialización y deslocalización de industrias no ha dejado de crecer en los últimos 20 años, sobretodo desde la crisis de 2008 con el cierre de empresas como Delphi, Visteon, Altadis, Airbus o Santana Motor en Linares. Arrasando comarcas enteras que los gobiernos de la Junta han sido incapaces de reindustrializar.

Andalucía tiene un bajo nivel de industrialización, la producción industrial roza el 10% del PIB regional, 6 puntos por debajo de la media española. Además está concentrada en las capitales de provincia y algunas poblaciones de más de 50.000 habitantes (ver tabla), por lo que la mayor parte del territorio cuenta con muy poca base industrial. Solo la industria alimentaria está repartida por todo el territorio y es uno de los motores de la economía andaluza. Le siguen el sector del metal, la industria de la madera y el corcho y a otro nivel sectores estratégicos como la industria química, textil, maquinaria y equipos o la producción energética.

No ha sido la falta de recursos lo que ha traído la desindustrialización, sino la dependencia del capital extranjero, el sometimiento a los dictados externos y la falta de voluntad política de los gobernantes.

Para acabar con esta situación es necesario vincular la solución del paro y la precariedad a una política activa de reindustrialización, a la modernización del tejido productivo frente a la venta al capital extranjero, como ha ocurrido con Deoleo y Abengoa; y a la apuesta por nuevos sectores industriales conectados a las nuevas energías que, junto con la agroindustria extiendan la industrialización a todo el territorio andaluz.

Andalucía necesita un Plan de Reindustrialización vinculado al desarrollo de las energías renovables y la innovación tecnológica para acabar con las deslocalizaciones de industrias, con la precariedad, el paro y los salarios de miseria, poniendo fin a la dependencia de las multinacionales extranjeras y la excesiva dependencia del turismo y los servicios.

Por esto, Recortes Cero propone.

• Crear un Fondo Especial de Fomento del Empleo y la Reindustrialización de 15.000 millones de euros, aportados por los cinco grandes bancos que operan en la Comunidad y que nos deben por el rescate a la banca con el dinero de todos que pagamos con los recortes.

• Para acabar con el paro y el empleo precario, creando 300.000 empleos productivos y de calidad vinculados a la reindustrialización, la innovación tecnológica y las energías renovables. *Invertir 50.000 euros por empleo industrial.

• Garantizar que los 4.380 millones del Fondo de Recuperación europeo que le corresponden a Andalucía, así como los 4.000 millones del “marco financiero pendientes de ejecutar” se inviertan en la modernización del tejido productivo, la investigación y creación de nuevas industrias como base de un nuevo modelo productivo, con gestión y control público garantizando la integración de las pymes y la recuperación de las comarcas desoladas por la desindustrialización como La Bahía de Cádiz o Linares.

• Impulsar la I+D+i en energías renovables. Y la creación de empleo en este sector estratégico.

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Un plan de Urgencia, Solidaridad y Reintegración Social y Laboral

La coalición Recortes Cero defendemos una Andalucía solidaria y un plan con medidas y recursos suficientes, aplicando la redistribución de la riqueza, para que los sectores sociales más desprotegidos y afectados por la crisis salgan de la pobreza y el riesgo de exclusión social y se reintegren laboralmente.                                                                                       

La capacidad de crear riqueza de Andalucía se ha multiplicado por 2 en los casi veintidós años que llevamos de este siglo. El PIB andaluz ha pasado de 79.700 millones en el año 2000 a 150.500 millones actuales. Sin embargo. el PIB per cápita no ha aumentado en la misma proporción, solo se ha multiplicado por 1,6.

Andalucía, con un PIB per cápita de 19.990 euros sigue siendo la segunda región española con el nivel de vida más bajo respecto a la media nacional, que era de 25.460 euros en 2021.

Según los últimos informes del INE, la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía ha empeorado en los últimos catorce años pasando del 27,3% al 31,3%, diez puntos y medio por encima de la media nacional. Más de 2,4 millones de andaluces son personas pobres.

Un aspecto esencial lo constituyen los trabajadores pobres. Según el Informe de la Fundación Foessa de Cáritas, los trabajadores en situación de pobreza relativa llegan en Andalucía al 21,6%, ocho puntos más que la media española situada en el 13,2%.

Un problema que ni el gobierno andaluz ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el gobierno central apenas están contribuyendo a paliar. El IMV no llega más que al 25% de las familias andaluzas que lo necesitan.

Redistribuir la riqueza para ayudar a las personas.

Recortes Cero propone un plan para dar salida y un futuro a todas las familias en riesgo de pobreza.

• Un plan de Urgencia porque garantice de forma inmediata una renta básica a todas las familias, luz y agua en todos los hogares, paralice los desahucios e impulse el parque público de viviendas en régimen de alquiler social.
• Solidario con quienes han sido más afectados por las consecuencias de la crisis.
• De Reintegración Social y Laboral. Que proporcione ayuda a cambio de un trabajo de utilidad social, asistencia a cursos y talleres de formación y la escolarización de todos los niños hasta los 16 años. Medidas que han de tener como objetivos reintegrar laboral y socialmente a la población en riesgo de pobreza y exclusión.
• Un plan con recursos. Según el Informe Iseak encargado por la Consejería de Igualdad de la Junta, de las 326.000 familias susceptibles de recibir el IMV, lo reciben 100.000.

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Una alternativa para el campo andaluz creando riqueza y empleo

Pero hay un malestar por la situación actual que hunde sus raíces en los problemas estructurales del campo andaluz, provocados fundamentalmente por el hundimiento de las rentas  y una gestión ineficiente de las instituciones.

La producción agrícola y ganadera está intervenida por las grandes cadenas de distribución y grupos monopolistas y multinacionales que imponen precios en origen al límite y por debajo de los costes de producción. Y unos costes, que ya venían disparados mucho antes de la guerra, que afectan no solo a la energía, luz y el gasoil, sino a toda la cadena productiva: semillas, piensos, fertilizantes, productos fitosanitarios, envases…

Hoy el principal problema del campo andaluz es la crisis de precios en origen. Y su principal reivindicación, medidas que garanticen precios justos que cubran los costes de producción y un margen de renta suficiente y digna.

Hay otros problemas estructurales que afrontar y darles solución.

La distribución de los recursos de la Política Agraria Común (PAC). Todavía hoy los grandes terratenientes -el 40% son grandes empresas dueñas de latifundios- siguen acaparando el 80% de las ayudas, con grandes extensiones de tierras, muchas que no se cultivan (como Telefónica, que en 2019 recibió 2,6 millones de ayudas de la PAC). O grandes empresas como la mexicana Campofrío, que apuestan por la ganadería industrial intensiva y las macrogranjas. Este es uno de los retos pendientes de la Reforma de la PAC.

Una Andalucía vaciada y abandonada. La Comunidad Andaluza es una región donde la despoblación en las zonas rurales se ha convertido en un problema: los pueblos andaluces han perdió 150.000 habitantes en la última década, la mitad de sus municipios se enfrentan al reto de frenar la despoblación, el 20% de los municipios de la Comunidad tienen encendidas ya las alarmas. Jaén es el foco de la Andalucía vaciada o “abandonada” como dice el sociólogo Juan Manuel García.

Y hay que acabar con la precariedad laboral y salarial de los trabajadores en el campo y los restos feudales, desde los aproximadamente 131.000 jornaleros que cobran el seguro agrario (PER) y no tienen asegurado el trabajo todo el año, sometidos a condiciones de subempleo, paro y bajos salarios, a las 25.000 envasadoras almerienses con “jornadas infinitas”… Mientras sigue habiendo latifundios deficientemente cultivados y tierras abandonadas.

Por eso es necesaria la aplicación de una política integral actuando en varios frentes que dé solución a los problemas urgentes y, al mismo tiempo, aborde soluciones a los problemas estructurales. Aplicando una política integral en el campo andaluz que cree riqueza y empleo en todas y cada una de las comarcas. Esta es la clave.

Medidas urgentes

• Garantizar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en todos sus tramos, con precios justos en origen. Solo será efectiva si hay un compromiso y coordinación de las dos Administraciones, el gobierno central y la Junta de Andalucía, para aumentar las inspecciones de oficio y perseguir las prácticas abusivas.
• Medidas para reducir los costes de producción como la bajada de impuestos al gasoil y la electricidad…
• Incentivar la comercialización de los productos de cercanía, regionales y nacionales, protegiendo especialmente las pequeñas y medianas explotaciones frente a las importaciones incontroladas de terceros países que hacen competencia desleal sin cumplir los cánones de calidad exigidos en la UE, tiran los precios y dejan cosechas en el campo. Es necesaria una política de aranceles a los productos -tanto agrícolas como ganaderos- de fuera de la UE y un Observatorio de Importaciones eficaz que controle las prácticas de las grandes cadenas de importación y distribución.

Medidas estructurales

• Impulsar aún más la formación de cooperativas; la modernización de los modelos productivos tradicionales y el asesoramiento técnico agropecuario orientado a los jóvenes.

• Llevar la industrialización al campo, con el desarrollo de las nuevas energías y la creación de industrias de transformación de los productos agropecuarios y forestales en las comarcas donde se producen…
• Apoyar la ganadería basada en el modelo extensivo e intensivo familiar ampliamente predominante en las más de 27.000 explotaciones ganaderas de la región. Frente a las macrogranjas impulsadas por fondos de inversión.
• Y que las infraestructuras de movilidad y telecomunicaciones y los servicios básicos y esenciales para el desarrollo económico y social lleguen a todas las comarcas…

Acabar con los restos feudales en el campo

Poner fin a esta situación exige una actuación integral para garantizar empleo estable y salarios suficientes y dignos a los jornaleros y trabajadores del campo. Con medidas como:

• Una Ley de reforma agraria que expropie los latifundios improductivos o deficientemente explotados, poniendo esas tierras a disposición de cooperativas de jornaleros y pequeños campesinos.
• En la Andalucía “vaciada” es fundamental potenciar las cooperativas de jóvenes agricultores sobre la base de crear un “Banco de Tierras” con las tierras abandonadas y deficientemente cultivadas y con ayudas directas para generar nuevos cultivos.

• Aplicar la redistribución a la PAC. Un reparto más social de las ayudas de la PAC y de las instituciones. Canalizarlas a los productores directos por producción, apoyando el modelo de explotación familiar y profesional frente a la monopolización latifundista del campo, ajustando el techo de las ayudas.