Cargando...Cuando Artur Mas, el presidente de Cataluña, convocó precipitadamente elecciones regionales el pasado septiembre, esperaba que los votantes le otorgasen una “mayoría indestructible” que diese legitimidad a un referéndum de independencia. Pero su apuesta no ha tenido éxito.
En las elecciones de este fin de semana, su partido, Convergència i Unió, perdió cinco escaños. Pese a ser la formación mayoritaria, CiU tendrá que negociar con otras fuerzas para formar una mayoría que gobierne la región.
Sin embargo, los constitucionalistas no deberían regodearse con este resultado.
La mayoría de los escaños perdidos por CiU fueron a parar a Esquerra Republicana, un partido independentista de izquierdas. Las fuerzas partidarias de un referéndum poseerán casi dos tercios de los escaños del Parlamento Catalán. Esa sólida mayoría, unida al porcentaje de participación más alto en unas elecciones regionales catalanas en casi 30 años, reforzará la idea de que el plebiscito sobre la independencia es la demanda de la mayoría y no el sueño de unos pocos. Sin embargo, el camino al referéndum es más difícil ahora que antes de las elecciones. Es cierto que CiU y ERC tienen suficientes escaños para formar una coalición de gobierno que haga de la soberanía el centro de su programa. Pero ambos partidos tienen visiones opuestas sobre la economía. ERC se opone fervientemente al programa de consolidación fiscal defendido por Mas.
Los independentistas sugieren 2014 como posible fecha para un plebiscito. Los vínculos que unen a CiU y ERC podrían romperse antes de entonces.
La naturaleza inconcluyente de estos resultados da una oportunidad a España. Detrás de las demandas catalanas de independencia hay sentimientos de agravio económico arraigados. Como potencia que aporta el 20% del producto interior bruto de España, a Cataluña le gustaría retener más ingresos fiscales. Este asunto podría abordarse sin tener que recurrir a un referéndum divisorio.
El pasado septiembre, Mas ofreció a Madrid un acuerdo, intercambiando una mayor autonomía fiscal por un nivel más alto de transferencias presupuestarias.
Mariano Rajoy, el presidente de España, se negó a discutirlo si quiera. Rajoy puede consolarse con los malos resultados de Mas en las urnas, pero debería ser consciente de que una mayor autonomía para Cataluña podría ser un precio que merezca la pena pagar para evitar una crisis constitucional en un momento de emergencia económica. Mas debería aceptar que un acuerdo fiscal tendrá que esperar hasta que se resuelva la actual crisis.
Ni los constitucionalistas ni los independentistas deberían alegrarse de los resultados. Pero si aprovechan la oportunidad que se les ofrece, el desenlace electoral podría ser en el fondo positivo.