La auto promulgada Ley de Amnistí­a de 1979,En Brasil los gobiernos militares nunca fueron juzgados.

Brasil se abre a la verdad.

Una comisión creada por un decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, para encontrar los restos mortales de casi setenta integrantes de la Guerrilla de Araguaia. El mandatario actuó a instancias de la jueza federal Solange Salgado, quien por ese entonces determinó que el Gobierno tomase las medidas necesarias resolver el caso. El hecho resulta emblemático del terrorismo de Estado por la violencia utilizada y por el pacto de silencio que lo cubre en estos dí­as. El Gobierno estableció un plazo de 180 dí­as para que los altos mandos militares «presenten las informaciones que dispongan sobre las guerrillas que actuaron en el paí­s en los 70, o para que prueben que tales datos fueron destruidos».

Las FFAA adujeron que "toda la documentación oficial sobre la Guerrilla de Araguaia fue destruida en diferentes momentos históricos". Suuestamente, un decreto del propio gobierno castrense ordenó destruir toda la evidencia referida a esos hechos.El pasado 5 de junio en un juicio a Curie Sebastião Rodrigues de Moura acusado de matar en febrero de 1993, a un niño e hiriendo otro en la mano. Se convirtió en la vía indirecta para juzgar el régimen militar de la dictadura. Ya que el acusado Curie es un símbolo de la represión militar. La estrategia de la defensa y la fiscalía para exponer la parte demandada en el pasado para luchar contra la guerrilla de Araguaia, en 1970, convirtiendo a Curie, en el primer oficial de ser "tratado" en un tribunal por delitos cometidos en la dictadura. Estos días Curie Sebastião Rodrigues de Moura mostro al periódico O Estado de Spaulo su archivo, muchos manuscritos del propio Curie realizados durante y después de la guerra,sobre la legendaria guerrilla de Araguaia formada por militantes del Partido Comunista do Brasil que se instalaron en esa región de Pará a partir de 1966, y fueron blanco de un operativo militar de exterminio entre 1972 y 1975., En contra de la versión militar de los muertos que estaban en armas en la mano en el momento en que cayeron. Los documentos ,almacenados en una bolsa de cuero rojo hace 34 años, confirmar los detalles y la ejecución de los opositores de la dictadura de las bases militares en De los 67 miembros del movimiento de resistencia asesinados durante el conflicto con los militares, 41 fueron detenidos, atados y ejecutados, en caso de no riesgo para las tropas. Al abrir el archivo Curie, 25 eran casos conocidos de ejecución. El archivo proporciona información sobre la política de exterminio llevadas a cabo durante los gobiernos de Emilio Garrastazu Medici y Ernesto Geisel por un triunvirato de pesoLos directores fueron los generales Orlando Geisel (Ministro del Ejército de Medici), Milton Tavares (jefe del Centro de Inteligencia del Ejército) y Antonio Bandeira (jefe de operaciones en el Araguaia).La divulgación de los documentos por el Estado en la represión de la guerrilla de Araguaia, el aumento de la presión por la apertura de todos los archivos sobre el conflicto, las autoridades de la dictadura siempre sostuvieron que habían quemado todos los archivos sobre lo ocurrido, lo que siempre fue negado por los organismos de derechos humanos. y también para la búsqueda e identificación de cuerpos de los guerrilleros ejecutados por el régimen militar.Las implicaciones de la información aportada por Curió tiene unas dimensiones internacionales, ya que si en primer lugar, la existencia misma de los documentos, en el caso de que no hubiese archivos orgánicos del régimen, sí los hay privados. Es la primera vez que se accede a información tan detallada con nombres, fechas y lugares. Y de acuerdo con las línea de investigación de los crímenes de la dictadura, estas ejecuciones no sólo revelarían que la magnitud de la represión en la Amazonía, sino el rol del régimen brasileño en el contexto sudamericano de los 70, situándolo como uno de los precursores en la desaparición de personas y como elemento fundamental en la coordinación con las otras dictaduras de la región, en el marco de la denominada Operación Cóndor. La Ley de Amnistía aún vigente y sancionada por el gobierno militar prohíbe procesar a los militares y opositores sospechosos de la comisión de crímenes políticos. Pero el Ministerio de Justicia alega que hay delitos como la tortura y desaparición que no pueden ser amparados en esa norma.

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