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En los nuevos PGE, el Gobierno destinará a las políticas sanitarias un total de 7.049 millones de euros, superando en un 6% la partida sanitaria de 2022 (6.606 millones). Estas son buenas noticias.
Pero los problemas que sufre nuestra sanidad pública, tras década y media de recortes, degradación y privatizaciones, son graves y estructurales. Y no se resuelven simplemente aliviando paulatinamente su financiación.
La pandemia de Covid nos ha vuelto a demostrar la extrema importancia que para los ciudadanos tiene un Sistema Público de Salud, gratuito -gracias a la financiación pública a cargo de los Presupuestos Generales del Estado- y con criterios de acceso universales, basados en la necesidad y no en la renta. Solo basta mirar a países como EEUU -donde cualquier persona que ingrese en Urgencias puede salir arruinada o endeudada para años y décadas- para darnos cuenta de que la Sanidad Pública es una de las grandes conquistas de la lucha popular. Defenderla, junto a la educación o las pensiones, es esencial.
Descontando la «distorsión» de la pandemia (que durante dos años ha obligado a incrementar las partidas sanitarias, España vuelve al 1,44% del PIB en Sanidad que tuvo antes del comienzo de la crisis y de los recortes en 2008. Y además Gobierno planea aumentar hasta un 15% el número de plazas de médicos de la sanidad pública. Son noticias positivas.
Pero la Sanidad Pública está en peligro. Porque una cosa es tener derecho universal a unas prestaciones sanitarias, y otra, que el acceso a esos servicios esté lleno de impedimentos materiales.
Ahora mismo estamos en cifras récord de listas de espera: 706.000 personas -uno de cada siete españoles- están esperando una operación quirúrgica, una demora que puede tener un alto coste para su salud, e incluso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
La situación de la Atención Primaria es especialmente dramática, con unos centros de salud colapsados y faltos de personal. Las malas condiciones salariales y de trabajo han hecho que en la última década alrededor de 18.000 médicos formados en España se han ido a probar suerte al extranjero. Las razones son múltiples: un tercio de los médicos no tiene plaza fija y tienen que encadenar sucesivos contratos temporales, o hacer malabarismos para cubrir las bajas, o hacer jornadas de trabajo maratonianas. En las zonas rurales, donde faltan 6.000 médicos de familia, es aún peor. Y esta década se jubilan 80.000 profesionales.
Y eso son los médicos. La precariedad y la temporalidad en el resto de trabajadores sanitarias -enfermeras, celadores, TCAE, conductores de ambulancia, laboratorios, personal de limpieza- es mucho peor.
Degradar la pública para enriquecer a la privada
Una base material obvia de esta mala situación de la Sanidad Pública es su infrafinanciación. A pesar de cierta reversión de los recortes en Sanidad, según el último informe de la OCDE, España gasta menos en sanidad que otros países del entorno europeo.
Pero la degradación de la sanidad pública no es un proceso casual, ni es fruto simplemente de la inanición o de la negligencia. Se produce en paralelo a un auge de la sanidad privada.
El caso más paradigmático -pero que se produce en mayor o menor medida en todas las CCAA- es Madrid. La Comunidad gobernada por Díaz Ayuso aumentó un 30% la transferencia de fondos públicos a la sanidad privada. Mientras cierra los Centros de Salud o los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), mientras los deja sin médicos, el Servicio Madrileño de Salud dejó sin gastar 402 millones que tenía presupuestados para 2020…al mismo tiempo que pagó 1.236 millones de euros a la sanidad privada, un 31% más que el año anterior.
Degradar lo público, aumentar las listas de espera, crear colapsos en la atención primaria… para empujar a los ciudadanos (el que pueda) a hacerse un seguro privado, para llenar las arcas de beneficios de los grandes fondos de inversión que hay detrás de las compañías de la sanidad privada. De nuevo Madrid es el ejemplo perfecto. Los fondos buitre extranjeros, muchos de ellos de Wall Street -Quaero Capital, LBEIP BV, Brookfield, Meridiam, Bestinver o DIF- son los propietarios de los siete hospitales de gestión mixta de la Comunidad.
Redistribuir la riqueza para blindar la Sanidad
Ante esta deriva no basta con «ir mejorando» progresivamente la financiación de la Sanidad Pública, ni sacar más plazas de profesionales sanitarios para resolver el déficit de médicos y del resto del personal. Todas estas son medidas necesarias, pero no suficientes.
Es necesario un plan integral para blindar y reforzar a la Sanidad Pública, poniendo el foco en el fortalecimiento de la Atención Primaria, en bajar drásticamente las ratios pacientes/médico, acabando con la precariedad de los trabajadores sanitarios, y en atajar en un plazo de pocos años las listas de espera. Un plan que paralice la “externalización” de los servicios sanitarios, que no es otra cosa que su privatización “en diferido”.
Lo que la Sanidad Pública necesita es la Redistribución de la Riqueza. Con medidas como la subida del Impuesto de Sociedades al 50% a grandes bancos y monopolios (50.000 millones de euros más en la legislatura), la devolución del rescate bancario por parte de las entidades financieras (75.000 millones) o una moratoria en el pago de los intereses de la deuda pública (32.000 millones), las arcas públicas podrían disponer de enormes recursos (más de 150.000 millones) para revertir los recortes en sanidad (y en educación, ciencia, dependencia, políticas sociales) y poner al sistema público de salud y a sus profesionales al máximo nivel de calidad asistencial.