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Según datos del Centro Delàs de Estudios por la Paz, el gasto militar real español –que incluye, aparte del presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa, el resto de partidas de carácter militar repartidas en otras carteras– será de 27.617 millones de euros, el equivalente a 75,7 millones de euros diarios. «Tres de cada diez euros del presupuesto público servirán para comprar armamento».
«De aprobarse estos presupuestos, España ya sobrepasará en 2023 el objetivo de gasto de la OTAN, dedicando el 2,17% de su PIB a gastos de carácter militar», afirma el Centro Delàs. El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2023 aumenta un 26% y alcanza los 12.827 millones de euros, frente a los 9.791 millones de 2022. Pero según el Centro Delás, hay más gasto en defensa «encubierto» en otros ministerios. Utilizando el criterio que marca la OTAN para sus estados miembro -«según el cual se deben incluir todos aquellos gastos de carácter militar»- debería incluirse como gasto militar «los créditos en I+D para desarrollar armamentos (1.601 millones en el Ministerio de Industria), las aportaciones a organismos militares y de desarme internacionales, incluidas en el Ministerio de Exteriores, que se mantienen en 236 millones o los gastos destinados a las clases pasivas militares (4.015 millones), las pensiones de guerra (81 millones) y la mutua militar (700 millones)”.
Pero más allá de todas estas partidas, sin duda «el mayor capítulo de gasto militar de 2023 será el destinado a comprar armas, que suma 7.743 millones entre pagos a las industrias militares y créditos a la I+D militar, o lo que es lo mismo, el 30% del total de las inversiones del Estado central».
No es de extrañar que la industria militar española -profundamente conectada con el complejo militar industrial norteamericano- reclame al Gobierno una ley que blinde el gasto militar como una «política de Estado».