Banca española: 165.000 millones en activos tóxicos

“Esta exposición “potencialmente problemática” es la suma de los créditos concedidos al sector que han entrado en mora, los calificados como subestándar (no son morosos pero probablemente lo serán), los ladrillos adjudicados y los créditos fallidos, y supone el 37,2% de la exposición total al sector, que alcanza 445.000 millones”

No arece que la exposición al ladrillo sea un peligro mortal para el conjunto del sector. Pero sí lo es para algunas entidades con una exposición más elevada o menores niveles de provisiones para hacerla frente (EL CONFIDENCIAL) EL PAÍS.- El rechazo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo del último intento de Garzón de desactivar las querellas del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de Falange Española sitúa al juez a un paso del banquillo de los acusados. A la aberración histórica de que los crímenes del franquismo se vuelvan desde el ominoso pasado contra el juez que intentó abrir una causa penal sobre ellos se añade la jurídica de considerar ese intento como un acto prevaricador LA VANGUARDIA.- Si te has corrompido y te han pillado con las manos en la masa, todavía tienes una oportunidad de librarte de la justicia: que las pruebas figuren en una grabación telefónica. No siempre es seguro, pero a veces funciona. Y funciona, sobre todo, si tu corrupción ha tenido como escenario el PP, bien como víctima o como protagonista Opinión. El Confidencial El Banco de España cifra en 165.000 millones los activos inmobiliarios problemáticos E. Segovia El Banco de España ha puesto por fin nombre a la magnitud real del problema inmobiliario que tiene la banca española: 165.500 millones de euros. Esta exposición "potencialmente problemática" es la suma de los créditos concedidos al sector que han entrado en mora, los calificados como subestándar (no son morosos pero probablemente lo serán), los ladrillos adjudicados y los créditos fallidos, y supone el 37,2% de la exposición total al sector, que alcanza 445.000 millones. Según el último informe de estabilidad financiera publicado este viernes por el supervisor, actualmente hay 42.800 millones de euros de crédito morosoa constructoras y promotoras en el conjunto del sistema financiero. Para hacer frente a este riesgo, los bancos y cajas han dotado 17.700 millones, lo que supone una tasa de cobertura del 41,4%. A eso se añaden otros 59.000 millones con consideración de subestándar (no han incurrido en impago ni tampoco proceden de empresas en situación de alto riesgo), con unas provisiones de sólo 7.600 millones, el 12,9% -las exigencias de provisiones para estos créditos son menores que para los morosos-. Pero el supervisortambién incluye en los activos problemáticos las adjudicaciones de activos, de acuerdo con la teoría que sostienen los analistas internacionales -que las suman a la tasa de morosidad- y que critican duramente las entidades españolas. Según sus cifras, la banca española se ha ‘comido’ ladrillos por valor de 59.700 millones, de los que ha provisionado 13.000 millones, es decir, el 21,8%. En cambio, no incluye en el total las refinanciaciones, la famosa "patada a seguir" -se aplaza el pago a la espera de que las inmobiliarias puedan afrontarlo en el futuro-, cosa que sí hacen los analistas. Por último, el Banco de España cifra en 4.000 millones los activos fallidos del sector, es decir, los créditos incobrables. La normativa exige que se provisionen al 100%, por lo que las provisiones de esta partida alcanzan también 4.000 millones. Si se suman todas estas partidas, se alcanzan los 165.500 millones citados. Si sumamos también las provisiones dotadas para cada uno de estos activos, nos encontramos con que bancos y cajas se han anotado 42.300 millones al cierre de 2009, lo cual supone una tasa de cobertura del 25%. Pero el informe recuerda que el sistema de cobertura de insolvencias en España también está formado por las provisiones genéricas dotadas por el sector en los años de bonanza. Si dedicara la totalidad de este fondo (excluyendo la parte asociada a los negocios en el extranjero), la cobertura ascendería al 35% de los activos inmobiliarios problemáticos. Con los beneficios, se llegaría a una cobertura del 50% Esas son las cifras reales. El Banco de España va un paso más allá para contar como defensa contra las pérdidas en el ladrillo la generación de beneficios de las entidades; bajo la hipótesis de que los ingresos (margen de explotación) en 2010 son similares a los de 2009, la cobertura del riesgo inmobiliario se situaría en el 71%. Como suponer que este año no van a caer los ingresos de los bancos y las cajas es mucho suponer, y el supervisor es consciente de ello, rebaja su estimación al 50% de los 165.500 millones, es decir, 82.750 millones. "A la luz de los datos anteriores, parece que el conjunto del sector tendría cubiertos descensos superiores al 50% en los precios medios de realización de las garantías sin tener que anotar pérdidas adicionales", es la conclusión del informe. Gran diferencia entre entidades Por tanto, no parece que la exposición al ladrillo sea un peligro mortal para el conjunto del sector. Pero sí lo es para algunas entidades con una exposición más elevada o menores niveles de provisiones para hacerla frente. Algo que se pone de manifiesto en el gráfico adjunto, que compara el grado de exposición inmobiliaria de cada entidad como porcentaje de su cartera de crédito y la morosidad de este sector. Lamentablemente, el informe no identifica la entidad que corresponde a cada punto. Asimismo, esta heterogeneidad se traslada al valor de las garantías (no es lo mismo vivienda urbana terminada que suelo rústico) y a la capacidad de recuperación de los créditos por parte de las entidades. EL CONFIDENCIAL. 26-3-2010 Editorial. El País Ganan los falangistas El rechazo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo del último intento de Garzón de desactivar las querellas del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de Falange Española sitúa al juez a un paso del banquillo de los acusados. A la aberración histórica de que los crímenes del franquismo se vuelvan desde el ominoso pasado contra el juez que intentó abrir una causa penal sobre ellos se añade la jurídica de considerar ese intento como un acto prevaricador. La previsible apertura del juicio oral, tras remover el Tribunal Supremo el obstáculo que lo impedía, llevará a la suspensión automática de Garzón en sus funciones y a su expulsión de la Audiencia Nacional. Cómo puede ser prevaricadora una actuación judicial que, por más controvertida que sea, se sitúa dentro de la amplia autonomía del juez penal en la averiguación del delito, no ha sido explicada suficientemente por el instructor Varela, y no tendrán fácil argumentarla sus compañeros del Supremo por más avezados que estén en razonamientos jurisprudenciales. Insisten de nuevo en que no es "arbitraria, ilógica o absurda" la hipótesis prevaricadora. Pero, ¿no cabría decir lo mismo de la hipótesis contraria: la no prevaricadora? No es arbitrario, ilógico o absurdo mantener que Garzón actuó dentro de unos márgenes jurisdiccionales que hacen creíble y razonable esa hipótesis y que, por ello, debieron ser rechazadas unas querellas que interfieren dolosamente en la actividad jurisdiccional. ¿Debería Garzón haber rechazado de plano las denuncias de familiares de víctimas del franquismo que yacen todavía en fosas comunes presumiblemente por causa de actos delictivos? Presumiblemente, porque nunca hubo averiguación de los hechos, ni tampoco consta en los registros oficiales certificación alguna sobre el fallecimiento y sus causas. No habría sido el proceder correcto de un juez penal. Si las denuncias son o no infundadas; si los hechos son o no delictivos, han prescrito o están amnistiados, son cuestiones a dilucidar en el procedimiento. Igual sucede con la competencia. Todavía está pendiente de dilucidar si las diligencias sobre apertura de fosas corresponden a juzgados del lugar o a la Audiencia Nacional. Y quien tiene que hacerlo es el Tribunal Supremo: el mismo que parece haber prejuzgado el asunto actuando contra una de las partes. ¿Cómo habría que tipificar esta actuación? Por si fuera poco, la causa contra Garzón ha permitido a un partido de corte fascista como Falange Española y de las JONS -¿o hay constancia de que se haya desligado de su doctrina fundacional sobre la "dialéctica de los puños y las pistolas" como instrumento de acción política?- se declare "ofendido" por un simple amago de investigación de crímenes que el propio Varela denomina "horrendos". ¿Puede el máximo tribunal de un Estado democrático dar amparo a una pretensión que muchos españoles de hoy consideran ultrajante y difícilmente compatible con los valores democráticos? EL PAÍS. 26-3-2010 Opinión. La Vanguardia La tapadera Fernando Ónega Si te has corrompido y te han pillado con las manos en la masa, todavía tienes una oportunidad de librarte de la justicia: que las pruebas figuren en una grabación telefónica. No siempre es seguro, pero a veces funciona. Y funciona, sobre todo, si tu corrupción ha tenido como escenario el PP, bien como víctima o como protagonista. ¡Dios, cómo se repite la historia! El famoso caso Naseiro, que fue uno de los primeros de supuesta financiación ilegal de un partido, se archivó porque las grabaciones habían sido amputadas, "manipuladas", en su versión judicial. Así que el juez, en estricta aplicación de las previsiones legales, no pudo aceptar la prueba y se acabó la historia. El caso Naseiro sólo queda en la memoria de los más antiguos o los más aficionados. Ahora, el PP sufrió la salpicadura de otro caso que ha llenado millones de páginas de periódico y más de cien mil de sumario, todavía secreto en gran parte: la telaraña de Gürtel. Pero el juez Baltasar Garzón, primer instructor, ordenó escuchar a los abogados. Tenía una poderosísima razón para hacerlo: algunos eran cómplices de los investigados y Garzón aplicó una técnica lícita y habitual en las investigaciones del crimen organizado. Se trataba de conocer los entresijos de una trama que había blanqueado y evadido capitales, y podía ocurrir que esos letrados fuesen agentes de la operación delictiva. La noticia de estos días es que los jueces del TSJ de Madrid van a anular esas escuchas como prueba. Menos mal que el fiscal anticorrupción cree que "todavía hay caso". Si no lo hubiera, podríamos ver a Francisco Correa saliendo de la cárcel más limpio que un benedictino después de comulgar. Tan abierto el camino de denunciar las escuchas, la defensa de don Jaume Matas se dijo "esta es la nuestra", y también pedirá que sean anuladas las grabaciones que le delatan. Y lo mismo lo consigue, porque los designios de la justicia también son inescrutables, y además hay que defenderlo: el día que los tribunales actúen sin tener en cuenta la pureza del procedimiento, ese día habrá quebrado la justicia misma. Ahora bien: permítanme expresar tres dudas. Primera: por qué la anulación de pruebas telefónicas se intenta y se consigue siempre en el seno o el entorno del PP, como si fuese una exclusiva suya. ¿Es especialidad de la casa, o torpeza reiterada de quienes le investigan? Da igual, por cierto, que los hechos se hayan producido en Valencia, Baleares o Madrid, ahora o hace veinte años. Segunda, que nunca podrá ser despejada: hasta qué punto se puede distinguir dónde empieza el imperio de la ley o la acción programada para deteriorar todavía más a Baltasar Garzón. Y tercera: ¿estaremos, una vez más, ante la fórmula mágica para que un delito odioso se diluya en la impunidad? Si así fuese, pobre democracia: se habría demostrado su impotencia para castigar una corrupción que todos sabemos que existió. LA VANGUARDIA. 26-3-2010

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