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Mientras Trump amenaza a España para que gaste el 5% del PIB en armas, la sociedad avanza en el 95% de apoyo al blindaje constitucional de las pensiones. Detrás del aumento del gasto militar está el capital norteamericano, el de la industria armamentística, y el de los fondos de pensiones.
Si el Gobierno cumpliera con la exigencia de la OTAN, por imposición de Trump, de la senda de gasto para aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, el presupuesto destinado en materia militar alcanzaría los 80.000 millones de euros anuales. Una cantidad que equivaldría al 24% de los Presupuestos Generales del Estado, que para 2025 rondan los 330.000 millones de euros.
De hecho, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha insistido en que subir el gasto español del actual 2% al 5% del PIB hubiera supuesto tener que recortar las pensiones un 40%, nada más y nada menos, lo que significa reducir a casi la mitad la prestación nominal de los pensionistas y derrumbar, en palabras de la ministra Elma Saiz, el poder adquisitivo de los jubilados.
Basta con que nos fijemos en el actual 2,1% del PIB, comprometido por el gobierno para el gasto militar. Conlleva un ajuste cercano al punto del PIB, o lo que es lo mismo 15 mil millones.
La AIReF, es decir, la Autoridad Fiscal Independiente, estima, sin contar la defensa, un ajuste necesario de 3,16 puntos de PIB a distribuir en 16 años hasta 2040. Este escenario es el que prevén para compensar la deuda y el aumento de gasto social.
Es una extraordinaria noticia que el Gobierno se haya opuesto al 5% del gasto y a todo lo que hubiera supuesto. Pero debe preocuparnos los vientos que corren, que a veces son ya tornados, y que arremeten siempre contra las pensiones. Basta con que se hable de ajustes, las pensiones están siempre las primeras de la lista, ya sea para sufrir recortes o para cuestionar el modelo basado en la solidaridad interterritorial e intergeneracional que disfrutamos ahora.
Basta con que se hable de ajustes, las pensiones están siempre las primeras de la lista
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La estructura ‘complementaria’
Primero hay que cuestionar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y luego introducir los llamados ‘complementos’ que facilitan el trasvase de riqueza de las cuentas públicas a las cuentas de beneficio de la banca.
Un buen ejemplo es el del sistema sueco de pensiones, que se ha puesto como ejemplo durante años y en el que las pensiones públicas no son más del 40% del salario que se cobraba en activo. La estructura ‘complementaria’ basada en los planes de empresa perdió casi 2 mil millones por la quiebra del Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el First Republic en EEUU.
Sin embargo esto no ha persuadido a países como Islandia, donde, hasta ahora, los fondos privados de pensiones, que suponen la estructura ‘complementaria’, no podían invertir más del 50% de los recursos en el extranjero. Ahora se han propuesto romper esa restricción para invertir la totalidad de los fondos en otros mercados financieros y, si no lo consiguen, al menos modificar el límite al 65%. El principal destino de las inversiones es la banca norteamericana, como el principal destino del gasto del 5% de los países de la OTAN es la industria militar norteamericana. No en vano, cuando Trump amenaza a España considera que los aranceles es la mejor forma de compensar nuestra negativa al 5%, porque total el dinero tiene el mismo destino, el mercado y la banca norteamericana.
Mismos vientos, distinta intensidad y forma de soplar, sea en Suecia, Islandia, Francia, Bélgica o España.
Hace unos meses conocíamos la carta enviada por las aseguradoras norteamericanas al presidente chileno, Gabriel Boric, con motivo de la reforma de las pensiones chilenas que incluye una reducción de los beneficios que perciben estas aseguradoras y la creación de un ‘inversor público’ que compita con ellas. Su contenido era un auténtica amenaza, como lo es el ataque que perpetró Bolsonaro contra las pensiones en Brasil o el que está ejecutando Milei en Argentina.
El aumento de gasto militar reduce el de pensiones y abre la puerta a un proceso de semiprivatización
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¿Quién se beneficia?
Las pensiones públicas en EEUU suponen el 40% del último sueldo, mientras que en España son el 80%. Según los últimos estudios, el 30% de trabajadores norteamericanos no son capaces de ahorrar en planes individuales, por lo que deben seguir trabajando más allá de los 70 años para tener una pensión digna.
Las noticias sobre que la ‘Social Security’ –Seguridad Social de EEUU- quebrará en 2034 son constantes, lo que da sustento al objetivo de Trump, su cierre total. Esto significa que 70 millones de pensionistas dejarán de recibir la pensión y tendrán que dirigirse al ahorro privado. ¿Quién se beneficia?, los grandes fondos de pensiones norteamericanos, en manos de la gran banca, que son, al mismo tiempo, quienes invierten en los fondos de pensiones de todo el mundo.
Si volvemos al principio, podemos entender mucho mejor cuál es la médula espinal de la exigencia de Trump: gasto militar que sustituya el gasto en pensiones. Mientras el aumento de la inversión en armamento acaba en las multinacionales norteamericanas, la eliminación del 60% del gasto en pensiones públicas que supone el aumento del gasto militar, da paso a un proceso de semiprivatización. Es la alternativa de los planes de empresa e individuales y la inversión millonaria en los fondos de pensiones que, o son norteamericanos, o son franceses o alemanes, donde los principales accionistas, en gran parte de ellos, es la banca norteamericana.
Volvemos a traer el artículo del economista Paul Krugman sobre el ‘Social Security’, en el que advertía de que millones de pensionistas van a ser empujados a la pobreza en EEUU, mientras Trump expulsa a miles de inmigrantes que son una fuente de sostenimiento de las pensiones. Krugman hace la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que un programa individual quiebre si el Gobierno federal en su conjunto sigue siendo solvente?
La firmeza del presidente del Gobierno ante el 5% de Trump es importante, pero más lo es el apoyo de la mayoría al blindaje constitucional de las pensiones. Una reciente estudio señalaba que más del 80% de los mayores de 60 años lo apoyan. Y esto significa prohibir la privatización y la pérdida de poder adquisitivo en la Constitución para que la firmeza sea ley y fuerza social, no solo capacidad de resistencia de un gobierno.