Autoridad por decreto

En el pleno del Congreso, el portavoz de Educación del Grupo Popular, Juan Antonio Gómez Trinidad, ha argumentado que es un «clamor social» y una «demanda laboral y sindical» tal consideración del profesorado debido a los juicios por agresiones a docentes, las «miles» de denuncias recibidas por los defensores del pueblo y los sindicatos y la «recomendación» de la Fiscalí­a. Ha añadido que se trata de garantizar el derecho a aprender de once millones de alumnos y el de 650.000 profesores a dormir tranquilos, sin pensar que pueden ser atacados al dí­a siguiente, «en muchos casos impunemente». «Sin autoridad no hay educación», ha proseguido, lo que no debe confundirse con el autoritarismo, ha matizado, al tiempo que ha reconocido que esta iniciativa no resuelve todos los problemas educativos. Ha señalado que no es una cuestión ideológica, sino de «sentido común» por la situación de «emergencia educativa». La portavoz socialista, Cándida Martí­nez, le ha respondido que tal proposición «atenta» contra la cortesí­a polí­tica, dado que el Gobierno está en ví­as de negociación de un pacto educativo con las fuerzas parlamentarias, y se prevé que se aborde esta cuestión. «Queremos hablar de la autoridad docente, del prestigio del profesorado, de su reconocimiento social en un debate serio y sereno en el marco del pacto que el Gobierno ha ofrecido a las fuerzas de esta Cámara», ha indicado. Tampoco comparte el PSOE la formulación del PP porque «reduce» el concepto de autoridad al «ámbito penal». Por CiU, Mercé Pigem ha dicho que este asunto tiene varias ramificaciones y cuestiones entremezcladas, así­ que la solución no puede ser lineal. «No apoyamos al PP porque no predican con el ejemplo; lo que hacen es dinamitar el consenso en educación donde existe, como en Cataluña», ha afirmado Pigem. En nombre del PNV, Aitor Esteban ha negado que se vaya a conseguir un mayor reconocimiento social de los profesores y que éstos recuperen el control del aula considerándoles autoridad pública, ni se aplicarán penas mayores, pues la Fiscalí­a ya insta a que se les considere autoridad pública, el Código Penal protege a los funcionarios públicos y hay una «jurisprudencia incipiente» en este sentido. ERC ha acusado al PP de querer ganar «la batalla ideológica del miedo» y de pretender derivar los problemas de convivencia hacia los docentes. El BNG ha interpretado que la iniciativa del PP no se debí­a a una preocupación real por el asunto, sino a una polí­tica de enfrentamiento con el PSOE y el Ejecutivo. PSOE, CiU, PNV, ERC y BNG han rechazado una reforma de la Ley Orgánica de Educación propuesta por el PP para que se considere autoridad pública a los profesores en el ejercicio de sus funciones, que sí­ ha respaldado UPyD.La diputada de UPyD, Rosa Dí­ez, ha apoyado al PP por «responsabilidad», pero ha acusado a esta formación de «oportunismo» y «mezquindad» por negarse a que una iniciativa similar de UPyD se tramitara conjuntamente con la del PP.PSOE, CiU, PNV, ERC y BNG han rechazado una reforma de la Ley Orgánica de Educación propuesta por el PP para que se considere autoridad pública a los profesores en el ejercicio de sus funciones, que sí­ ha respaldado UPyD.