En la cumbre del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitaba por videoconferencia a la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, un referente de la oligarquía financiera española que vive una época dorada de superbeneficios, celebrando ambos el camino hacia la desregulación anunciado por el nuevo gobierno de Trump.
En el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en plena ofensiva desde Estados Unidos y desde la OTAN para elevar el gasto en defensa. Este es el centro de esa visita, presionar a España para sumarse a iniciar ya el camino para llegar cuanto antes al 5%, objetivo marcado por el nuevo jefe de la Casa Blanca en su primera intervención en el Foro de Davos. “Pediré a todas las naciones de la OTAN que incrementen el gasto en defensa al 5%”.
Rutte ha cogido el reto lanzado por Trump y ha defendido en la misma cumbre de Davos que los miembros de la OTAN tienen que elevar el gasto militar por encima del 2% de su PIB, un objetivo que según Rutte “no es ni de lejos suficiente”. «Los que no están en el 2 % tienen que llegar al 2 % en un par de meses. No podemos esperar más».
Las presiones han comenzado. España está en el 1,8%. El 2% en dos meses significa romper todas las previsiones del gobierno, que se comprometió a llegar a ese objetivo en 2029. Dos meses no cuatro años como se comprometió Pedro Sánchez. El secretario general de la OTAN quiere ya ir a por el 3% y Trump el 5%.
El decreto derribado el 22 de enero en el Congreso contenía múltiples medidas de carácter social que han quedado en el aire. Desde la revalorización de las pensiones, que beneficia a 12 millones de pensionistas, a las ayudas a los afectados por la Dana o a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma, pasando por las bonificaciones a los usuarios del transporte público, 20 millones de ciudadanos posibles beneficiarios, y otras medidas del llamado “escudo social” como la prohibición de los desahucios y el corte de servicios básicos (agua y luz) a personas y familias vulnerables.
Todos los grupos son conscientes de las consecuencias de lo que ha ocurrido y cada uno se preocupa de resaltar lo que le interesa, sabiendo el rechazo que pueden cosechar de los colectivos más afectados por las medidas sociales que no se han aprobado, pensionistas, usuarios del transporte público o sectores vulnerables que ahora están con la incertidumbre de si han de temer por cortes de luz o agua o la amenaza de desahucio por su vivienda…
Ninguno, empezando por el PP, dice estar en contra de la revalorización de las pensiones a 12 millones de pensionistas; o de la continuidad de la bonificación del transporte público con 20 millones de potenciales beneficiarios, jóvenes sobre todo: ni en contra de evitar el corte de servicios básicos…, hasta el punto que en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP anunciaron inmediatamente que pagarían ellas las subvenciones al trasporte si finalmente esa medida no sale adelante en una nueva votación.
Las presiones para disparar los gastos militares han comenzado. España está en el 1,8%. la OTAN dice que en dos meses el 2%, enseguida el 3%… y Trump el 5%
Las tres derechas que han jugado a infligir una derrota al gobierno golpeando los intereses de una mayoría social están de una u otra manera formando parte de una ofensiva para debilitar al máximo al gobierno de coalición, “demasiado influenciado” por las demandas y exigencias del viento popular que sufre el aumento de las desigualdades y los ataques al progreso y la democracia. Una ofensiva que la ola trumpista agudiza.
Al PP le hubiera bastado con la abstención para que el decreto saliera adelante y que se aprobaran todas las medidas sociales que dice estar de acuerdo.
Pero también el gobierno, tanto el PSOE como Sumar, tienen su parte de responsabilidad política en todo lo sucedido y que puede aumentar si continúan adelante con su intención de aprobar el mismo decreto ómnibus tumbado para volverlo a llevar al Congreso. Eso han dicho Sánchez y Yolanda Díaz.
Las tres derechas, PP, Vox y Junts han jugado a infligir una derrota al gobierno golpeando los intereses de una mayoría social…, pero también el gobierno tiene responsabilidad en lo ocurrido
Anteponer el interés general de los ciudadanos a los intereses partidistas exige elegir otro camino para acabar con la incertidumbre y el desasosiego que han llevado a los 12 millones de pensionistas, los 20 millones de usuarios del transporte público o a los varios millones de ciudadanos vulnerables… Y el gobierno tiene en su mano hacerlo. ¿Por qué no hacer un nuevo decreto con todo lo que la mayoría del Parlamento dice estar de acuerdo para votarlo cuanto antes y garantizar lo más esencial, pensiones, transporte, medidas sociales…? Y en todo caso otros decretos, con más tiempo para tratar de negociar aquellos asuntos donde hay diferencias.
Ese es el camino que tendría beneficios para los ciudadanos, para la democracia y para todo el país.
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Las consecuencias sociales de la caída del ‘Omnibus’

El miércoles 22 de enero, el mismo dia que se aprobaba por amplia mayoría una tercera reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación, el pleno del Congreso -con los votos en contra de PP, Vox y Junts- rechazaba el llamado «decreto Ómnibus», que incluía 80 medidas que van desde la subida de pensiones y el SMI a las ayudas al transporte, de las ayudas a la dana a la prohibición de desahucios.
Para el gobierno de Sánchez, el descarrilamiento del Ómnibus es una sonora derrota, pero las consecuencias las pagaremos la gente. Algunos medios cifran en doce millones de ciudadanos los perjudicados por la no aprobación de las medidas sociales del decreto.
¿Qué medidas decaen tras el ‘no’ del Congreso?
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Revalorización de las pensiones
La primera y principal consecuencia social -afecta a los actuales nueve millones de pensionistas- es la no revalorización de las pensiones con el IPC.
La subida del 2,8% de la cuantía de las pensiones con la inflación de enero se producirá, pero no la de febrero. Si nada lo remedia, a partir de entonces las pensiones comenzarán a perder poder adquisitivo ante el alza de los precios.
Bonificaciones en los abonos y títulos de transporte público.
Los abonos y títulos de transporte público volverán a los precios sin bonificar, teniendo que pagar los usuarios el precio completo, a las tarifas del 2019 antes del escudo social aprobado en la pandemia.
La medida del decreto Ómnibus incluía la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y la Media Distancia convencional durante seis meses más, mantener el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y cofinanciar las rebajas del 50% de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano. El decaimiento del decreto significa que no se podrán adquirir más abonos gratuitos o con descuentos, aunque algunas comunidades autónomas han anunciado que mantendrán temporalmente el descuento.
Subida del SMI
La caída del Ómnibus supone también que el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros al mes en 14 pagas, debido a que el real decreto también incluía la prórroga del alza del SMI de 2024.
Desmantelamiento de lo que quedaba del «escudo social»
Otra de las consecuencias sociales más graves es lo que tiene que ver con la retirada de algunas medidas de protección hacia colectivos especialmente vulnerables por su situación socioeconómica.
Por ejemplo, decae la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua luz y gas para consumidores vulnerables hasta finales de 2025, así como la prórroga de la situación de excepcionalidad del bono social de la luz, lo cual supone que estas familias volverán a estar expuestas a toda la crudeza de la pobreza energética.
También decae la prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que ya era -trágicamente- en la práctica papel mojado en miles de lanzamientos. Ahora ni siquiera servirá de parapeto para los sectores más empobrecidos, con menores o personas dependientes a su cargo. Las Platafomas de Afectados por la Hipoteca y los Sindicatos de Inquilinos temen que el decaimiento de esta medida, junto con la brutal escalada de los precios de la vivienda (tanto de alquileres como de hipotecas) genere una auténtica «oleada de desahucios» de personas vulnerables que podría recordar a la situación «dramática» que se vivió en los peores años de la crisis financiera del 2008.
Ayudas a los afectados por la Dana en Valencia y por el volcán de la Palma.
Con el decreto, también cae la medida que ampliaba los préstamos a los afectados por la catástrofe, o que incrementaba las prestaciones a los agricultores cuyas parcelas fueron arrasadas por la riada. Al no aprobarse el Ómnibus, la Comunidad Valenciana no obtendrá el permiso para endeudarse a fin de ejecutar los planes de reconstrucción necesarios.
Todo ello queda en barbecho y en entredicho mientras no se encuentre la manera de aprobarlo. También decaen las ayudas a los damnificados por el volcán de la isla de La Palma, en Canarias.
Indignación y preocupación
Hay más consecuencias, pero estás son las principales y más lamentables, las de mayor impacto social.
Como no podía ser menos. Esta noticia ha llenado de indignación y de preocupación a la mayoría social española, porque afecta -directa o indirectamente- a amplísimas capas de la población.
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¿Quién es el responsable?
Una doble responsabilidad
“Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, es mía”, reza la máxima de Anaxágoras. Si sabes de las intenciones aviesas de quien tienes enfrente y aún así, dejas que te haga daño, la responsabilidad es propia.

En la no aprobación del decreto Ómnibus, y en sus amplias y graves consecuencias para millones de ciudadanos, hay una doble responsabilidad. La de los que votaron NO, sabiendo lo que ello implicaba para sectores vulnerables. Y la de los que -desde el gobierno- no se cuidaron de preparar las condiciones para, sabiendo las intenciones hostiles de la oposición, no amarrar el SI a las medidas más fundamentales desde el punto de vista social.
Muchos claman de indignación ante la triple alianza de las derechas en derribar el Ómnibus. PP y Vox votaron en contra del decreto en su estrategia de no dar tregua ni oxígeno al gobierno. Y Junts -demostrando por enésima vez su carácter chantajista y ultrareaccionario- para demostrar a Sánchez las consecuencias de no hacer suficientes concesiones a Puigdemont.
Todos ellos antepusieron, mezquina e insultantemente, sus intereses partidarios a los de millones de ciudadanos. Merecen toda las críticas, toda la indignación, todo el escarnio y el señalamiento por ello.
Pero dicho esto, miremos al gobierno. ¿Quién les mandaba coger 80 medidas de muy distintos temas, empaquetarlas en un revoltijo y presentarlas al Parlamento en un «o lo tomas o lo dejas»? Algunas de las medidas sociales -como las referentes a las pensiones o las ayudas a la dana- podrían haber sido aprobadas si se hubieran presentado por separado.
El gobierno conoce perfectamente el carácter de la oposición reaccionaria que tiene enfrente, que ya nos ha ilustrado sobradamente cómo se las gasta la «fachosfera». ¿Por qué entonces se arriesgaron a un «todo o nada» con semejantes fuerzas políticas, poniendo al hacerlo en peligro medidas tan sensibles como las pensiones o las medidas de protección a los más vulnerables?
Hay dos posibilidades. O el gobierno lo ha hecho partiendo de una enorme irresponsabilidad, jugando a la «ruleta rusa» con las medidas sociales… o sabían lo que iba a ocurrir, y han decidido que es el momento de que algunas -o todas- de estas medidas decaigan (tal y como les exige Bruselas, el FMI o la OCDE), pero encontrando la oportunidad de echarle la culpa ante la opinión pública a la derecha y la ultraderecha.
Ya esta bien. Ya está bien.
Ya esta bien de que las necesidades sociales de millones de personas estén al albur de la estrategia política de unos y otros.