Ante la Ley de amnistía

La amnistía: apoyamos los avances, criticamos las concesiones que no son aceptables

La amnistía es condición para formar un gobierno que cierre el paso a PP y Vox. Su contenido y de los acuerdos del PSOE con Junts o ERC, tienen dos aspectos. El principal es que expresan el retroceso de la reaccionaria casta que impulsó el procés y su renuncia cuanto menos temporal a “volver al 1-O”. Pero también incluyen peligrosas concesiones que proporcionan oxígeno político a esas élites del procés, y que debemos rechazar.

¿En qué consiste la amnistía?

Ya se conoce el texto de la ley de amnistía. Perdonaría todos los delitos relacionados con el procés desde 2012, incluyendo la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O o la aprobación de la DUI. Afectaría a 309 personas con causas penales, desde dirigentes del procés como Puigdemont a los directores de institutos donde se colocaron las urnas el 1-O. Puigdemont podría volver a Cataluña o Junqueras presentarse a las próximas elecciones.

Se excluyen los delitos de terrorismo, pero solo los que tengan condena firme. Lo que permite acogerse a ella a los acusados de pertenecer a los CDR o Tsunami Democrátic, y a Puigdemont o Marta Rovira, implicados en su formación. Y se incluye en la amnistía a los 73 policías con causas pendientes.

No afectará a los casos de corrupción como los de Pujol o Laura Borrás, ni a las causas contra Gonzalo Boyé.

La ley de amnistía solo lleva la firma del PSOE. Junts o ERC no han querido firmar un texto que consagra en cada punto la Constitución, respalda al Tribunal Supremo -que condenó a los dirigentes del procés- o avala el 155.

Desmontar las fake news sobre la amnistía

La amnistía no supone que “el 1-O dejará de ser delito”. No va a cambiar ninguna de las leyes. Y si “lo volvieran a hacer” serían condenados.

La aprobación de una amnistía no “quiebra la Constitución”, ni “la separación de poderes”. Es un procedimiento democrático. En los países europeos se han aprobado 52 amnistías en las últimas décadas.

Lo que las élites del procés han perdido o cuando el traidor es Puigdemont

No es verdad que con la amnistía o los acuerdos con el PSOE “el independentismo haya ganado”. Las élites del procés se han visto obligadas a ofrecer renuncias cualitativas.

Aceptar una amnistía, aprobada por el parlamento español, es acatar la autoridad de quien la otorga. Y en la ley de amnistía, que Junts y ERC aprobarán, se defiende reiteradamente la Constitución, y se plantea explícitamente que “todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”. Lo que significa una renuncia tácita cuanto menos temporalmente a la unilateralidad.

Más explícito es el acuerdo entre PSOE y Junts. El partido de Puigdemont propone un referéndum por la independencia “a través del articulo 92 de la Constitución”, que exige un acuerdo con el gobierno central, la aprobación del parlamento español y la firma del Rey. No cabe mayor acatamiento de la legalidad española.

Junts no ha apoyado una reciente moción de la CUP en el parlament catalán defendiendo un referéndum unilateral. Bajo el argumento de que para ser admitido internacionalmente debe pactarse con el Estado español.

Enric Juliana ha valorado que están “todos dentro”, puesto que “todos los partidos y corrientes de cierta entidad se hallan hoy dentro del marco institucional”, incluyendo a Junts. Abriendo la puerta a pactos con el PP en el futuro.

El Puigdemont actual sería un traidor para el que hace pocos meses recriminaba a ERC negociar con “el gobierno español”. Y los sectores ultras del independentismo rechazan la amnistía y facilitar la investidura de Sánchez.

Clara Ponsatí, ex consellera huida de la justicia, considera que “el precio de esta amnistía ha sido renunciar a la autodeterminación”, la califica como “una humillación para el país que costará remontar” y afirma que “es el final de este trayecto” hacia la independencia.

Y para la ANC la amnistía, “como perdón desde el Estado”, es “una trampa disfrazada de acuerdo histórico”.

Lo que no aceptamos

Especialmente en el acuerdo político entre PSOE y Junts hay concesiones inaceptables a las élites del procés.

En los “antecedentes históricos” se plantea un relato que blanquea el 1-O. Achacando la mayor parte de la culpa a la intransigencia española. Plateando que la responsabilidad de que desembocara en la DUI recae en el PP, liberando de culpa a Puigdemont y ocultando que el PSOE respaldó la ejecución del 155. Se señala que existe un “conflicto histórico entre España y Cataluña” desde 1714. Y ni en los antecedentes del acuerdo político ni en el preámbulo de la ley de amnistía se denuncia el carácter antidemocrático del 1-O y la DUI.

La mención al “lawfare” en el acuerdo con Junts, aunque desaparezca de la ley de amnistía, deslizando que hubo persecución política de los jueces a los independentistas, es munición para la degradación de España, presentándola como una “democracia defectuosa”.

El nombramiento de un “mediador internacional” que verifique los acuerdos entre PSOE y Junts, condición que Sánchez se negó a aceptar en 2019, introduce una relación bilateral entre “España y Cataluña”.

Estos puntos, que el PSOE ha firmado, blanquean a las élites del procés, con la participación del revisionismo. Tanto Podemos como Sumar consideran a Junts dentro de “la mayoría progresista” y han llegado a afirmar que Puigdemont mantiene muchas posiciones “de izquierdas”.

Otros puntos de los acuerdos esconden peligros o trampas.

Junts propone que Cataluña se quede con el 100% de los acu que recauda. No ha sido aceptado por el PSOE, que sólo ofrece “una mejora de la financiación autonómica”. Pero se ha introducido en el debate político.

Y Standard&Poor´s, una de las grandes agencias norteamericanas, ha respaldado la quita de una parte de la deuda de Cataluña con el Estado. Está en propiedad de bancos y fondos, no se perdona, es el gobierno central quien asegurará que se paga.

No es verdad que la oposición a la amnistía provenga solo de la derecha. Hay importantes sectores de la izquierda que no comparten las concesiones a las élites del procés entregadas por PSOE y Sumar. Voces como la de Antonio Maestre, que se declara contrario a la amnistía pero la acepta como “un peaje para un gobierno progresista”, especialmente porque “la alternativa que existe es bastante tenebrosa”. Pero también las rechazan sectores del PSOE. Es significativo que Borrell haya deslizado que está en contra del acuerdo con Junts -no de la amnistía-, afirmando que su contenido “me provoca bastas preocupaciones”. Lo mismo sucede con el entorno del PSOE. En El País, Fernando Vallespín, que se declara votante socialista, denuncia que el PSOE “compra en su integridad el relato falso y victimista del independentismo sobre el procés”.

En otro ámbito, los sindicatos han emitido una nota ante la cesión de la gestión de la Seguridad Social pactada con el PNV. Afirmando que cualquier cambio debe ser abordado en el marco del Pacto de Toledo, para no quebrar la caja única de la Seguridad Social.

Ante la amnistía tomamos una posición clara, que se corresponde con la de la mayoría social progresista

Respaldando una investidura de Pedro Sánchez que incluye la amnistía para evitar un gobierno PP-Vox.

Remarcando que con la amnistía las élites del procés han aceptado en los hechos la renuncia cuanto menos temporal a la vía unilateral. Frente a la propaganda de que “el independentismo ha ganado”.

Rechazando concesiones contrarias a los intereses populares. Defendiendo la unidad, señalando el carácter antidemocrático y reaccionario de las élites del procés y el 1-O, y enfrentándose a lo que genere división en el pueblo.

Salto en la agresividad de los sectores más reaccionarios

De “ilegítimo” a “dictatorial”

Algunos sectores oligárquicos y hegemonistas han lanzado, bajo la bandera del rechazo a la amnistía, una ofensiva contra el futuro gobierno. Dando un salto en la tensión: de “gobierno ilegítimo” a denunciar que pretende “imponer una dictadura”.

El PP sale fortalecido al enarbolar la bandera del rechazo a la amnistía. El domingo impulsó movilizaciones que han agrupado, en las 52 capitales de provincias, a centenares de miles de personas.

Aznar ha situado que “Sánchez es un peligro para la democracia” y Ayuso que “empezamos a vivir en una dictadura”. Sobrepasa el rechazo a la amnistía. Si en la anterior legislatura se esgrimió la bandera de “gobierno ilegítimo” ahora se sube la agresividad.

El PP está llamando a que intervenga la UE, alegando que se “se está degradando el Estado de derecho”. La portavoz popular en el parlamento europeo ha igualado a España con Polonia o Hungría, al recordar que la UE ya ha actuado en esos países, reteniendo fondos europeos o suspendiéndoles en los informes sobre calidad democrática.

Varios poderes del Estado se han movilizado para colocar en la diana al futuro gobierno. La CEOE ha arremetido contra la investidura de Sánchez, afirmando que sus acuerdos “socaban la división de poderes”, y “atacan la imagen exterior de España”. Mientras el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un duro dictamen contra la amnistía.

La violencia desplegada por escuadrones ultras ante la sede del PSOE, ha provocado un rechazo masivo. Y Vox está actuando como ariete para difundir las posiciones más tóxicas.

Ante una legislatura “complicada”:

Redistribución de la Riqueza frente al atraco de la inflación o las hipotecas

Se dibuja una legislatura convulsa, cuyo centro estará en la ejecución del nuevo paquete de recortes a partir de 2024.

El PSOE ha articulado una mayoría de 179 diputados en la investidura, pero va a acusar el desgaste provocado por las concesiones a las élites del procés, que rechazan buena parte de la mayoría progresista.

La inclusión de Junts en la “mayoría de investidura” es un factor de inestabilidad. Cada mes se reunirán los “verificadores internacionales” para comprobar si se cumple el acuerdo con el PSOE. Junto al PNV son un mecanismo de “seguridad” por la derecha. El PNV ha negociado rebajas fiscales en Euskadi a Repsol e Iberdrola. Y la patronal catalana ha preparado un programa para que Junts lo defienda durante la legislatura.

Y aunque se apruebe la amnistía va a estar viva durante varios meses, hasta que el Constitucional se pronuncie.

Pero el centro de la legislatura no va a ser “la amnistía y las cuestiones territoriales”, sino las exigencias de nuevos recortes por parte del hegemonismo, que se deben aplicar a partir de 2024 -en pensiones, sanidad, educación, draconianos objetivos de reducción de deuda y déficit…-. Un “ajuste” que tanto PSOE como Sumar acatan y van a gestionar, ofreciendo a cambio concesiones que no detienen el aumento del saqueo.

Ante esta situación, lo que se corresponde con la defensa de los intereses populares, en este momento y durante toda la legislatura es:

Apoyar ahora que se forme un gobierno PSOE-Sumar, evitando uno de PP y Vox.

No enfrentarse a la amnistía pero denunciar los aspectos donde se blanquee al 1-O o a las elites del procés. Defendiendo la unidad del pueblo trabajador en toda España para luchar contra los recortes.

Impulsar una alternativa de Redistribución de la Riqueza, frente al atraco de la inflación o las hipotecas, que es diferente a lo que defienden PSOE y Sumar, dando pasos para conquistar el blindaje constitucional de las pensiones.