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Ajuste y credibilidad

El duro ajuste que prevén los presupuestos generales del Estado (PGE) para el 2013, el informe de Oliver Wyman sobre la banca española, que define unas necesidades de capital menores de las previstas, y el calendario de reformas comprometido por España para mejorar la competitividad son el trípode sobre el que descansa la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy para lograr un espaldarazo de confianza a la economía española, tanto de los mercados financieros como de la Unión Europea, que pudiera evitar la petición del rescate financiero a las instituciones comunitarias.

El comportamiento de los mercados financieros a partir de hoy será determinante para valorar si esa recuperación de la confianza en España es posible. Conocidos algunos detalles fundamentales de los presupuestos para el 2013, expuestos el sábado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, todo apunta a que el esquema diseñado por el Gobierno corre el riesgo de resquebrajarse antes de empezar a desarrollarse.

De entrada, las cuentas públicas que se han presentado han tenido una acogida muy negativa entre la opinión pública, los diversos analistas y la oposición política, porque los consideran poco realistas, al sustentar la previsión de recaudación para el 2013 en una evolución de la economía menos mala de lo que se espera. Existen serias sospechas, incluso en el Fondo Monetario Internacional, de que el producto interior bruto (PIB) caerá más del doble del 0,5% previsto por el Gobierno, con una tasa de desempleo que podría llegar o sobrepasar el 26% de la población activa.

La principal alarma, sin embargo, ha sido comprobar que el nivel de deuda pública española se disparará hasta el 90% del PIB a finales del año 2013, cifra nunca alcanzada en la historia, y superior por primera vez a la media comunitaria. La razón principal es que la UE, presionada por Alemania y Finlandia, ha cambiado las reglas del rescate bancario pactado y exige que el dinero que recibirá la banca española –más de 40.000 millones de euros por el momento– se contabilice como endeudamiento del Estado en vez de como ayuda directa. Y ello coloca a nuestro país contra las cuerdas.

Lo más grave respecto a los presupuestos presentados para el 2013 es el temor de que España no pueda cumplir ni este mismo año con el déficit del 6,3% del PIB pactado con la UE. Pero es ineludible conseguirlo, para evitar que el pago de intereses de la deuda desangre inútilmente la economía.

Todo indica que será necesario un ajuste aún más duro del que se ha planteado hasta ahora para poder cumplir con los objetivos de reducción del déficit público para este año y el próximo. Si el Gobierno no se muestra capaz de dar esta nueva vuelta de tuerca, es muy posible que finalmente lo imponga la troika comunitaria, previa petición de rescate, con el riesgo de que España entre en una espiral sin futuro como la portuguesa o la griega, con una pérdida total de soberanía económica.

Ante ese dilema, sería más digno resucitar con urgencia la idea del pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas y sociales, para arbitrar una especie de pactos de la Moncloa que sacaran al país del atolladero en un clima de confianza y paz social. La duda es si el conjunto de la clase política es capaz de ese esfuerzo. No es una cuestión de meses. Los mercados financieros no esperarán tanto.

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