Cargando...
Hasta ahora, España ha sido un terreno duro para las pensiones privadas. La existencia de un sistema público de pensiones, universal y robusto, ha hecho que los planes y fondos privados de pensiones nunca puedan haber hecho despegar el negocio a niveles ni de lejos comparables con el resto de Europa.
Desde enero de este año, el debate de las pensiones se ha convertido en uno de los ejes de la política nacional. A principios de 2017 las declaraciones del Gobierno, de los representantes del mundo financiero o de los organismos internacionales (FMI o Bruselas) parecían configurar una ofensiva contra el sistema público de pensiones. Distintas figuras, desde Celia Villalobos (portavoz del PP en el Pacto de Toledo) a Ángel Gurría (presidente de la OCDE) crearon alarma sobre su sostenibilidad y lanzaron climas de opinión sobre la importancia de que los ciudadanos (sobre todo los jóvenes) «fueran previsores» y se hicieran un plan privado de pensiones para complementar las escasas jubilaciones del futuro.
Esa ofensiva fue contestada enérgicamente en las calles por masivas y contundentes movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones. Pronto, el Gobierno de Rajoy tuvo que enterrar su indigno 0,25%, subir las pensiones mínimas un 3% (por encima del IPC) y aplazar la entrada el vigor del factor de sostenibilidad. Luego, la moción de censura y el cambio de Gobierno han conseguido que el Pacto de Toledo vuelva a vincular la revalorización de las pensiones al IPC.
Pero no solo ha fracasado -en el terreno político- la ofensiva táctica de las oligarquías financieras por avanzar en la degradación de las pensiones públicas, para preparar el terreno para su posterior privatización. Es que además, sus negocios en este campo no van bien, nada bien.
Un informe de la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, apunta que entre el primer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2018, los planes y fondos privados de pensiones en España han perdido algo más de 390.000 partícipes. Aunque ha tenido momentos puntuales de aumento, la fuga en la cartera de clientes es sostenida desde 2012. En 2010 las pensiones privadas llegaron a tener 10,8 millones de partícipes: hoy están en 9,5 y descendiendo. No es que el sector no levante el vuelo, es que aletea cada vez más bajo.
Fuentes del sector apuntan a diferentes causas, pero una de las principales es el deterioro en la rentabilidad que están obteniendo estos fondos y planes de pensiones. Según apunta el informe, tras un 2017 en el que la rentabilidad fue positiva, el primer trimestre del año concluyó con una tasa de -0,96%, la peor en tres años. Esto es aún peor en los planes privados de pensiones impulsados por las grandes empresas (-1,06%), algo que de todas maneras solo practica el 22% de las grandes corporaciones con sus trabajadores.
De las distintas entidades financieras del IBEX 35 que controlan este mercado, CaixaBank es la entidad que lidera en planes y fondos de pensiones, con el 23,6% del mercado, seguido por BBVA (20%), Santander (8,8%), Bankia (6,3%), Ibercaja (5,3%) y Mapfre (4,8%).
El sector de las pensiones privadas en España se muestra incapaz de ofrecer un producto financiero rentable y atractivo a sus clientes. Su única esperanza es conseguir la degradación del sistema público de pensiones, para que las jubilaciones públicas (sobre todo las de las generaciones futuras) sean de carácter miserable y asistencial. Conduciendo -por la amenaza de la miseria en la vejez, los años más vulnerables de la vida- a los trabajadores a «contratar» un plan privado de pensiones, retirando una parte de sus escasos salarios a un producto de rentabilidad negativa.
Pero tienen delante a un movimiento popular que ha comprendido que la defensa de una pensiones públicas dignas y suficientes es una cuestión clave, y donde más y más voces se unen a la exigencia de blindar las pensiones en la Constitución, para prohibir expresamente su empobrecimiento o privatización. Sacando a las pensiones del alcance de la voracidad monopolista.
MENTIRA DEL QUIEBRE dice:
Ante la pérdida de fidelización de su clientela, el Estado de los monopolios reiniciará su campaña del miedo sobre el futuro de las pensiones; cuando la supuesta «insolvencia» es en realidad la aplicación de la ley del embudo mientras el PIB no deja de aumentar.