Cargando...«Horas después de que Don Juan Carlos recibiera ayer en La Zarzuela a los líderes de UGT y CCOO tras haber declarado el día anterior que «es hora de amplios acuerdos», la vicepresidenta Fernández de la Vega arrojó un jarro de agua fría a quienes esperaban una acogida favorable de la iniciativa del Rey. De la Vega subrayó que la responsabilidad de abordar acuerdos es exclusiva del Gobierno»
El PP tamoco disimuló su frialdad ante ese pacto. Dolores de Cospedal afirmó que sólo sería posible mediante un giro radical de la política del Gobierno y declaró que Mariano Rajoy no espera ninguna llamada del Rey. Sus palabras pueden ser interpretadas como una invitación a que Don Juan Carlos no le llame porque el PP no ve que existan condiciones para un pacto de ese calado con el Gobierno. (EL MUNDO) ABC.- Y conviene no llevarse a engaño: el pacto no es la única salida a la crisis. La democracia goza de medidas purgantes como las elecciones anticipadas, la moción de censura o la cuestión de confianza para recibir el respaldo a un programa de medidas urgentes que no se puede seguir hurtando a los ciudadanos. EL PAÍS.- Nada indica, desgraciadamente, que España, no más que Francia en el pasado, se atreva hoy a afrontar el no alemán a semejante gobierno económico europeo. Está escrito, por tanto, que Bruselas y el Banco Central, al ejercer una fuerte presión sobre España, Grecia y Portugal, contribuirán a hacer pagar la rigidez del pacto de estabilidad a poblaciones que son ya víctimas de la crisis. Y todo ello para permitir que el euro fuerte, versión moderna del marco alemán, siga favoreciendo a los países más desarrollados de la Unión Europea. EXPANSIÓN.- No todos en la City londinense han quedado tranquilos tras la visita el pasado lunes de los responsables del Ministerio de Economía. Los analistas de banca europea de Credit Suisse publicaron ayer un informe en el que advierten que “España es una mayor preocupación que Grecia, por su significativo endeudamiento, su elevado déficit por cuenta corriente y la sobrevaloración de la vivienda”. Editorial. El Mundo El Rey lo intenta, pero ni Zapatero ni Rajoy ayudan LA TENTATIVA del Rey de impulsar un gran pacto de Estado contra la crisis ha servido para poner en evidencia el rechazo que suscita esta idea en Gobierno y PP, igualmente interesados -aunque por razones diferentes- en que fracase la iniciativa del Monarca. Horas después de que Don Juan Carlos recibiera ayer en La Zarzuela a los líderes de UGT y CCOO tras haber declarado el día anterior que «es hora de amplios acuerdos», la vicepresidenta Fernández de la Vega arrojó un jarro de agua fría a quienes esperaban una acogida favorable de la iniciativa del Rey. De la Vega subrayó que «la responsabilidad de abordar acuerdos es exclusiva del Gobierno» y que el Monarca no está efectuando una ronda de contactos para impulsar un pacto sino haciendo «una labor institucional de mantenerse informado». Por la reacción de la vicepresidenta, resulta evidente que la iniciativa del Rey no le ha gustado nada al Gobierno, tal vez porque pone de manifiesto su incapacidad para combatir la crisis económica y desarbola la coartada «ideológica» esgrimida por Zapatero para no pactar con Rajoy. El PP tampoco disimuló su frialdad ante ese pacto. Dolores de Cospedal afirmó que sólo sería posible mediante un giro radical de la política del Gobierno y declaró que Mariano Rajoy no espera ninguna llamada del Rey. Sus palabras pueden ser interpretadas como una invitación a que Don Juan Carlos no le llame porque el PP no ve que existan condiciones para un pacto de ese calado con el Gobierno. Una de las cosas que ha podido provocar el recelo del PP es que el Monarca haya dado este paso a cinco días de la comparecencia de Zapatero en el Congreso. Rajoy sabe que es una gran oportunidad para poner contra las cuerdas a su adversario en unos momentos en los que los datos económicos son devastadores y parece lógico que reserve para ese día cualquier hipotético ofrecimiento de colaboración. La reacción del PSOE y del PP es simétrica porque pone en evidencia que ninguno de los dos va a mover un dedo para que se produzca ese pacto de Estado que reclamaban partidos como CiU y un amplio sector de la opinión pública que se da cuenta de que la única forma de adoptar las dolorosas medidas que requiere la situación es con un amplio consenso político. Los sindicatos tampoco están dispuestos a facilitar ese pacto porque ayer, antes de acudir a su cita con el Rey, anunciaron la convocatoria de manifestaciones el próximo día 23 de febrero para protestar contra el retraso de la edad de jubilación. Su reacción es desproporcionada porque se trata de una medida inevitable, que ya están adoptando otros países como consecuencia del alargamiento de las expectativas de vida. Cualquiera puede comprender que la edad de jubilación no puede ser la misma hoy que hace 100 años, cuando el promedio de supervivencia era 30 años más bajo. Si al Gobierno no le interesa pactar con el PP por razones «ideológicas» o porque considera que es una estrategia equivocada, si el PP no quiere tender la mano al Gobierno porque cree que Zapatero se quiere aprovechar y va a capitalizar políticamente ese acuerdo y si los sindicatos no quieren ceder en nada y se oponen a cualquier recorte del gasto social, por muy razonable que sea, la conclusión es que ese gran pacto de Estado es imposible. Ayer decíamos en estas páginas que era muy tarde para el acuerdo, pero que la iniciativa del Rey propiciaba una última oportunidad de alcanzarlo. Ya está claro que ni Zapatero ni Rajoy van a poner las cosas fáciles. Pero uno y otro deben ser conscientes de que la gravedad de la situación exige soluciones y no clichés. Tal vez después de que se vapuleen el miércoles aún quede una remota esperanza de que el atinado planteamiento del Rey se abra camino por su propio peso. EL MUNDO. 13-2-2010 Editorial. ABC Por qué no hay pacto EN la condición de árbitro y moderador que le confiere la Constitución, el Rey está cumpliendo, desde hace meses y con acierto, su misión de hacer llamamientos a la unidad de todos los agentes políticos, sociales y económicos frente a la crisis. Sin embargo, el de pacto de Estado es un concepto político en proceso de degradación desde marzo de 2004. Después de los acuerdos de Estado en el segundo mandato de Aznar, desde la llegada de Rodríguez Zapatero al poder no ha sido posible uno solo sobre los grandes asuntos que conciernen al país (inmigración, educación o política territorial), a salvo el precario y poco ejemplar sobre la renovación del Poder Judicial. Las razones de este fraude político se están reproduciendo estos días en relación con la crisis económica, utilizada como ocasión propicia para que el Gobierno intente nuevamente buscar cómplices para su fracaso o corresponsables para sus culpas. España sufre la crisis económica desde hace dos años y, a pesar de la propaganda socialista, el PP ha apoyado las principales medidas de rescate bancario, estímulo del empleo y cobertura a los parados, y continuará apoyando las que considere acertadas para salir de la recesión. Así, el reproche que el PSOE dirige al PP de no arrimar el hombro es tan falso como los emplazamientos del PSOE a pactar una salida conjunta de la crisis. Si este ofrecimiento hubiera sido sincero, Mariano Rajoy no llevaría año y medio sin ser convocado por Zapatero para escenificar, al menos, una apariencia de predisposición al acuerdo. Si realmente hubiera habido voluntad de pacto, el Gobierno habría aparcado sus prejuicios ideológicos para convenir con el PP los Presupuestos Generales. Pero Zapatero prefirió, como siempre, a unas minorías -de intereses localistas- para aprobar unas cuentas públicas que el tiempo ha demostrado que eran una entelequia sin sentido. Si se quiere pacto, a ningún gobierno sensato se le habría ocurrido fustigar a los empresarios y encomendarse a las recetas de unos sindicatos aburguesados en la comodidad de la subvención y de la sumisa complicidad con el poder. El Gobierno es consciente de que no hay salida sin medidas traumáticas y busca coartadas para esconder su responsabilidad o, si sale bien, liderar el éxito. Pero llega tarde y tampoco se sabe bien qué quiere. Por eso no hay pacto. Y conviene no llevarse a engaño: el pacto no es la única salida a la crisis. La democracia goza de medidas purgantes como las elecciones anticipadas, la moción de censura o la cuestión de confianza para recibir el respaldo a un programa de medidas urgentes que no se puede seguir hurtando a los ciudadanos. ABC. 13-2-2010 Opinión. El País Cómo materializar la solidaridad europea Samí Naïr Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, ha acabado diciendo en voz alta lo que se rumorea desde hace meses en Bruselas: que España y Portugal han sido nombrados, después de Grecia, los países más preocupantes de la zona euro. Pero lo que no menciona el comisario es que la Comisión de Bruselas se comporta ahora como si no hubiera habido crisis, y quiere obligar a esos países a someterse a un pacto de estabilidad que Alemania, Francia y otros países violaron alegremente cuando les convino. A pesar de la crisis, se trata en definitiva de volver a la política de estabilidad (sin crecimiento real) que impone Bruselas bajo la dirección del Banco Central a la zona euro. ¡Surrealista! Incluso Dominique Strauss-Kahn, el director del FMI, ha repetido una y otra vez que es demasiado pronto para retirar los incentivos fiscales para la reactivación, pero Bruselas, fiel partidaria del liberalismo, hace oídos sordos. Salvamos primero a los bancos, pero después exigimos de los Estados que hagan asumir las restricciones del pacto de estabilidad a las poblaciones. Y todo ello para permitir que el euro fuerte, versión moderna del marco alemán, siga favoreciendo a los países más desarrollados de la Unión Europea. Los medios financieros están preocupados por la situación que vive España; la Comisión de Bruselas, que los escucha, exige reformas, respondiendo así a las ya viejas reivindicaciones de la patronal española de flexibilizar el mercado de trabajo. Pero focalizar los problemas de España, como también los de los otros países afectados, en las reformas de políticas públicas no sirve en realidad más que para ocultar la verdadera cuestión de fondo: la que afecta a las desigualdades de desarrollo existentes desde la adhesión de España a la Unión, subestimadas en el momento de la entrada a la zona euro y propagadas e incluso ahondadas por la política de competencia que preconiza Bruselas. Ahora bien, Europa no se ha librado de lo que ha actuado de revelador de la crisis, la cual ha subrayado una vez más la importancia de la relación estructural entre el tejido productivo y el instrumento monetario. En efecto, si dejamos de lado a Estados Unidos, donde el valor de la moneda no está determinado tanto por la riqueza del país como por el privilegio del dólar impuesto al resto del mundo en los años setenta del siglo pasado, constatamos a modo de comparación que la crisis ha puesto en evidencia fundamentalmente una cosa: que los países que mejor han resistido a la crisis financiera son los que están dotados de una verdadera economía industrial, en el seno de la cual la correlación entre la moneda y el sistema productivo es consustancial. China, potencia industrial dotada de una moneda propia (débil), India, Brasil, países industriales que tienen monedas indexadas a un dólar débil; Alemania, potencia industrial exportadora sobre todo dentro de la zona euro y que se beneficia a fondo del euro fuerte. Todos estos países han resistido bien a la explosión del sistema financiero. Es también el caso de Francia, protegida tanto por la política de préstamos de sus bancos, que no han caído en la demagogia hipotecaria, como por su tradición estatista. En cambio, los países que mayores daños han sufrido son aquellos en los que existe una gran divergencia entre el valor de la moneda y el sistema productivo: es el caso, entre otros, de España, donde el ingreso a la zona euro ha actuado de señuelo durante 10 años y no ha permitido subsanar las desigualdades estructurales respecto a los países más avanzados de la zona euro, y donde se ha desarrollado (como en Irlanda) una economía especulativa de casino ligada al sector inmobiliario, que ha hecho vivir el país por encima de sus posibilidades. España, incluso, se ha desindustrializado y su especialización en el sector de los servicios tampoco ha sido una elección muy acertada. Y, contrariamente a lo previsto, el euro fuerte no ha funcionado como zona óptima, no ha subsanado los retrasos de los países que más lo necesitaban. El objetivo de convergencia de las economías europeas está todavía por alcanzar. Resultado: si es cierto que la pertenencia a la zona euro ha permitido encarar mejor la crisis, lo es también que esto ha sido insuficiente y que las debilidades de la zona, ligadas a la gran desigualdad de desarrollo de sus miembros, se muestran ahora con toda su crudeza. Algunos cuestionan incluso la permanencia de Grecia en la zona euro, pues los fundamentos de su economía, como también los de España y Portugal, seguirán divergiendo respecto al pacto de estabilidad por lo menos hasta 2013. Será imposible alcanzar los tres objetivos del pacto (3% de déficit presupuestario, 60% de deuda pública, inflación de menos del 1,5%), sin unas restricciones presupuestarias extremadamente severas e importantes reformas estructurales. El horizonte es más bien de un 15% de desempleo, una deuda pública de alrededor del 74%, y un déficit que tendrá muchas dificultades en pasar del 12,7% en 2009 al 3% en 2013. Dicho de otro modo, España -también Grecia, donde los datos son más alarmantes- y Portugal deben empezar a pagar de verdad su entrada a la zona euro: los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht rigen para ellos como una auténtica guillotina. Nada está previsto para esta situación: ni la posibilidad de salir de la zona euro para hacer una devaluación competitiva y volver ni arreglos para ayudar a los países en dificultades. Podemos, sin embargo, considerar al menos tres soluciones. La primera es simbólica y políticamente devastadora para el proyecto europeo: salir del euro. Queda excluida por mil motivos. La segunda es poner a los países afectados bajo la tutela de Bruselas. Ya es el caso de Grecia. Las reformas impuestas son conocidas de todos: recorte de las políticas públicas, desregularización del mercado de trabajo, reforma (necesaria) del régimen de jubilaciones, etcétera. ¡Ánimo al gobierno que tenga que asumir esa tutela! La tercera solución es política. Puede conjugarse con la anterior y hacer más llevaderas las reformas. Consiste en una flexibilización de los criterios de convergencia que permita a los países afectados jugar con los déficits públicos y el endeudamiento dentro de un marco definido con Bruselas y por un periodo determinado. Puede hacerse sobre una base reglamentaria definida por consenso sin necesidad de cambiar la letra de los Tratados. Esta flexibilización fue de hecho concedida a Francia y Alemania en marzo de 2005 a título excepcional y temporal para que emprendieran reformas escalonadas en el tiempo; fue reconducida al principio de la crisis para todos. Hoy es más que necesaria para España y los demás países en dificultades. Pero debería convertirse en un derecho mientras no se haya alcanzado un cierto grado de convergencia entre las economías implicadas en el euro. La solidaridad europea tendría así un contenido real. España, que preside la Unión hasta junio de 2010, podría encontrar aliados de peso (Francia, Italia y otros más) si adelantara una propuesta en ese sentido. Tendríamos entonces el embrión de un gobierno de la zona euro, que podría por fin corregir socialmente la política monetarista de la Unión. Nada indica, desgraciadamente, que España, no más que Francia en el pasado, se atreva hoy a afrontar el no alemán a semejante gobierno económico europeo. Está escrito, por tanto, que Bruselas y el Banco Central, al ejercer una fuerte presión sobre España, Grecia y Portugal, contribuirán a hacer pagar la rigidez del pacto de estabilidad a poblaciones que son ya víctimas de la crisis. EL PAÍS. 13-2-2010 Informe. Expansión La crisis griega costará 5.721 millones a la banca española Roberto Casado No todos en la City londinense han quedado tranquilos tras la visita el pasado lunes de los responsables del Ministerio de Economía. Los analistas de banca europea de Credit Suisse publicaron ayer un informe en el que advierten que “España es una mayor preocupación que Grecia, por su significativo endeudamiento, su elevado déficit por cuenta corriente y la sobrevaloración de la vivienda”. Según la entidad suiza, esos problemas en la economía española van a tener un fuerte impacto en los bancos, por lo que mantiene su recomendación de vender acciones en los más expuestos al mercado nacional, como Popular, Sabadell, Pastor, Banesto y Bankinter. “Seguimos con este consejo hasta que podamos apreciar algún signo de recuperación en España”, dice el informe firmado por Jagdeep Kasi, analista de la división de banca de inversión de Credit Suisse en Londres. Santander y BBVA quedan fuera de esa recomendación de venta, “porque tienen más negocio internacional”, aunque también sufrirán en sus cuentas por la tensión en el mercado local. Credit Suisse estima que el aumento de la prima de riesgo país de España en los mercados durante los últimos meses y su impacto en la economía puede restar 5.721 millones de euros al capital de seis de los principales bancos españoles en 2010. Ese dato es la consecuencia de varios factores negativos que trae consigo la crisis: la caída de precios de los bonos públicos españoles que poseen los bancos, una ralentización de la concesión de crédito, un mayor coste de financiación y un incremento de la morosidad, según Kasi. Santander y BBVA serían los bancos españoles que más capital perderían de forma absoluta, pero en términos relativos el peor parado sería Pastor. Credit Suisse cree que el ratio de capital sobre activos de riesgo de Pastor podría caer en 2,69 puntos. El informe de Credit Suisse ahonda en la opinión mostrada por otros analistas, como Peter Oppenheimer, de Goldman Sachs, quien cree que la tensión en los mercados de deuda soberana tendrá como principales perjudicados a los bancos con más negocio en España y otros países del sur de Europa. Jagdeep Kasi va más allá de la crisis fiscal al hablar de los riesgos para los bancos españoles, ya que enumera once graves problemas para la economía del país: falta de competitividad, endeudamiento privado, dependencia en la entrada de capitales, déficit operativo de las empresas, vivienda sobrevalorada, vulnerabilidad a un aumento de los tipos de interés, poca habilidad del Gobierno para controlar las finanzas públicas, cambio de las tendencias demográficas, exceso de valoración en el mercado de valores, el país es demasiado grande para ser rescatado, y posible reducción de la entrada de fondos extranjeros en bolsa. Todo ello justifica su idea de que España es más preocupante que Grecia, y admite que su aversión a los bancos “es básicamente un resultado de la situación macro”. Otras posturas Esta visión tan pesimista no es asumida por otras firmas como la agencia de calificación de deuda Moody’s. Tampoco la comparte Javier Pérez Azpillaga, economista jefe de Europa de Goldman Sachs: “El último plan de consolidación fiscal presentado por el Gobierno español es realista y creíble. Las diferencias en los fundamentos económicos entre España y Grecia son sustanciales”. Laurence Boone, analista de Barclays, cree que “el Gobierno español ha dado un paso en la dirección correcta para recortar el déficit, pero las previsiones de crecimiento del PIB parecen optimistas y no se ha detallado la estrategia para mejorar las deterioradas finanzas de las comunidades autónomas”. Estas dudas siguen creando tensión en los mercados. Tras una semana de relajación en espera de la ayuda europea a Grecia, puede haber “una segunda ronda de crisis fiscal”, advierte Mark Schofield, deCiti. “Portugal y España parecen los principales candidatos para sufrir ese nuevo asalto”. También es pesimista Ben May, analista de Capital Economics. “El futuro para España es difícil. Aunque el mercado español de bonos se ha comportado mejor que los de Grecia, Portugal e Irlanda, esto podría cambiar pronto”. Del bono al banco El aumento de la prima de riesgo de España reduce el valor de los bonos públicos, eleva los costes de financiación de los bancos y puede ralentizar la economía, limitando el volumen de crédito a los clientes e incrementando la morosidad, según Credit Suisse. Impacto Los factores citados pueden reducir el capital de los bancos españoles en 5.721 millones de euros en 2010, al disminuir los beneficios previstos por tener menos negocio y al comerse parte de los fondos propios por la caída de valor de los bonos que poseen. Graduación Santander y BBVA perderían 2.681 y 1.270 millones de euros en capital, respectivamente, por el impacto de la crisis fiscal. En términos relativos, el banco más afectado sería Pastor, al sufrir una erosión de 505 millones, que equivalen a 2,69 puntos de su ratio de capital. EXPANSIÓN. 12-2-2010