¡Ya está aquí­!

Se vení­a anunciando, y lo hemos advertido en De Verdad Digital durante la última semana. Las baterí­as mediáticas y polí­ticas se habí­an puesto en funcionamiento para «preparar el camino» al segundo plan de rescate bancario. Ya está aquí­. El Banco de España, respaldado por un consejo de ministros extraordinario celebrado el domingo, ha intervenido Caja Castilla La Mancha, destituyendo a todo su equipo directivo e inyectando hasta 9.000 millones de euros, avalados por el Estado, para sanear unas cuentas en bancarrota. Lo que se avecina es un auténtico cataclismo financiero, con epicentro en unas cajas de ahorros que han esquilmado sus recursos financiado la expansión de las burguesí­as locales, a través del sobreendeudamiento y la hiperconcentración de créditos en la construcción. Lo ocurrido en Caja Castilla La Mancha amenaza repetirse en cascada, alimentando con los cadáveres de las entidades liquidadas un nuevo salto en la concentración bancaria. Todo financiado con nuestro dinero. El primer plan de rescate supuso un desembolso de 250.000 millones de euros del erario público. Este segundo comienza poniendo a disposición de la banca 9.000 millones de euros. ¿Cuánto más nos harán pagar para rescatar a los mismos Botines que han empujado al paí­s a una recesión sin precedentes?

Tras intentar forzar sin éxito (rimero con Ibercaja, y luego con la malagueña Unicaza) una venta maquillada de fusión, la Comisión Ejecutiva del Banco de España decidió el sábado intervenir Caja Castilla La Mancha, cesando a todo el consejo de administración y nombrando a tres funcionarios encargados a partir de ahora de dirigir la caja. El agujero patrimonial de CCM alcanzaba ya límites insostenibles, cifrados entre los 3.000 y los 4.000 millones de euros. La quiebra anunciada de CCM es uno de los más preclaros ejemplos del papel jugado por las cajas de ahorros durante los años de bonanza. Dirigida por Juan Hernández Moltó –ex consejero regional, ex secretario general de los socialistas manchegos, y miembro de los clanes más exclusivos de la clase política local-, CCM colocó todos sus recursos al servicio de sostener la agresiva expansión de un restringido grupo de oligarcas locales vinculados con la construcción. Su excesiva exposición al ladrillo, y el insostenible sobreendeudamiento adoptado para aprovechar el boom inmobiliario, se han transformado en quiebra cuando la crisis ha asomado la cabeza. Y esta no es una excepción local. Ese siniestro maridaje entre las castas políticas y las élites económicas locales, que han arramblado con los recursos de las cajas, se extiende por toda la geografía española. Y han colocado a un significativo número de cajas en una situación crítica. La intervención de CCM ha sido la primera, pero amenaza con no ser precisamente la última en un sector, el de las cajas de ahorros, que representa la mitad del sistema financiero español. Pero, sobre todo, la intervención esconde un segundo plan de rescate bancario que acabaremos pagando todos. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobó el domingo un decreto-ley (el mismo formato que dio luz al primer plan de rescate, que escamotea la discusión parlamentaria y permite su aprobación por vía de urgencia) para tapar el agujero de CCM. El Gobierno proporcionará avales por valor de 9.000 millones de euros, de los que el Banco de España deberá inyectar de manera inmediata entre 2.000 y 3.000 en las cuentas de CCM. ¿Y todo esto para qué? ¿Se va a colocar, una vez saneadas sus cuentas, los recursos de CCM, o de las siguientes cajas intervenidas, al servicio de financiar las necesidades del país, tal y como corresponde al carácter de entidades semipúblicas y sin ánimo de lucro que teóricamente ostentan las cajas? Nada de eso. Medios de comunicación, analistas financieros, altos ejecutivos bancarios como Francisco González, presidente del BBVA, han señalado la misma receta: después de ser saneadas con dinero público, deben ser entregadas a manos privadas. Bien sea a otra caja, lo que provocará una cruenta batalla entre las diferentes burguesías locales por mantener las cajas como brazos armados financieros. O bien –para ello sería necesario cambiar la legislación, pero en tiempos de crisis, y dadas las necesidades de la banca nada es descartable- por un banco privado. Es decir, un gigantesco proceso de concentración bancaria, donde las cajas locales y bancos medianos, sin los recursos y defensas de los grandes bancos, llevan las de perder, y que hará más grandes a los más fuertes. Y que, por la vía de las intervenciones públicas, nos harán pagar a todos, cargándonos con una nueva deuda, a sumar a la del primer plan de rescate, para salvaguardar los beneficios de la gran banca.