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No contento con las siete bases militares, más el uso libre de las pistas de todos los aeropuertos civiles internacionales colombianos, que nuestro arrodillado gobierno les acaba de ceder graciosamente a los soldados y a los «contratistas» (mercenarios) de los Estados Unidos, Brownfield se considera además capacitado para dictar justicia en Colombia.
Si el Estado norteamericano es incaaz de hacer cumplir sus propias leyes allá, como lo muestra el hecho de que sus ciudadanos son lo más ávidos consumidores de drogas prohibidas del mundo (y productores también: son, por ejemplo, los primeros exportadores de marihuana del mundo. ¿Y cómo la producen, y cómo la exportan?) no está muy claro por qué se arroga arbitrariamente el derecho de vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de aquí LA JORNADA.- El fracaso de las negociaciones en Honduras acerca la posibilidad de que la camarilla empresarial y castrense que se hizo del poder hace más de cuatro meses en aquel país logre su propósito de mantenerse en él hasta la realización de los comicios al cabo del presente mes. Si ese escenario logra concretarse, el mundo asistirá, así sea con repulsión, a la consolidación de un régimen ilegítimo y criminal, se asestará un golpe demoledor a la vigencia de las incipientes democracias latinoamericanas y se enviará un mensaje de aliento a los sectores retrógradas y antidemocráticos de Honduras y de toda la región Colombia. Semana Y el gringo ahí Antonio Caballero ¿Qué demonios hacía ahí el embajador de los Estados Unidos? Se trataba de una reunión de las más altas instancias del poder judicial colombiano, en Paipa. Y ahí estaba, de colado pero como si la estuviera presidiendo, flanqueado por el presidente de la Corte Constitucional a su diestra y el de la Corte Suprema a su siniestra, el embajador William Brownfield. Por una vez no estaba echando chistes, como acostumbra. Ni su asistencia era meramente protocolaria. No: el embajador, representante de una potencia extranjera, estaba interviniendo en el funcionamiento de la justicia colombiana. No contento con las siete bases militares, más el uso libre de las pistas de todos los aeropuertos civiles internacionales colombianos, que nuestro arrodillado gobierno les acaba de ceder graciosamente a los soldados y a los "contratistas" (mercenarios) de los Estados Unidos, Brownfield se considera además capacitado para dictar justicia en Colombia. ("La soberanía ya no es lo que era", como dijo sardónicamente aquel otro embajador gringo que se metía aquí en todo y a quien el entonces presidente Ernesto Samper no se atrevió a declarar "persona no grata" por el culillo de que le fueran a quitar la visa). Lo que esta vez movió a Brownfield a su intrusión abusiva fue el hecho de que la justicia parece estar a punto de absolver al almirante retirado Gabriel Arango Bacci en un juicio por complicidad con el narcotráfico. En efecto, tanto la Procuraduría como el fiscal encargado del caso que hace dos años se adelanta contra el marino le han pedido su absolución a sus jueces de la Corte Suprema. Y por añadidura solicitan que en su lugar sean investigados el comandante de la Armada y su cúpula por haber organizado "un complot" contra un hombre inocente. Ya saltó el ministro de Defensa a defender la actuación de la cúpula de la Armada. Y ahora viene a respaldarlo el embajador, quien por lo visto actúa como su superior jerárquico, advirtiendo que su gobierno va a "observar cuidadosamente" la conclusión del juicio a Arango Bacci porque, según asegura, en ese proceso hay "elementos, evidencias y vínculos con el tráfico de drogas a los Estados Unidos". No sé bien cómo funcionan estas cosas en derecho. Pero si el embajador Brownfield tiene "evidencias", como dice, me parece de sentido común que deba entregárselas a la justicia colombiana. En eso consiste la "colaboración" de que tanto hablan: esa "colaboración en la guerra contra las drogas" que sirve de pretexto para la entrega de las siete bases militares, tanto aéreas como navales, y del derecho de aterrizaje en los aeropuertos civiles; que sirve de pretexto para las extradiciones de paramilitares acusados y confesos de crímenes atroces contra la humanidad pero que los tribunales norteamericanos juzgarán solamente por el delito de contrabando de estupefacientes; que sirve de pretexto para la cesión del control del espacio aéreo y las aguas territoriales de Colombia. Como lo prueba el hecho de que el embajador no entregue las pruebas que dice tener, esa "colaboración" en realidad no existe. Es una mera excusa para justificar toda suerte de intrusiones abusivas en los asuntos internos de Colombia (y a través de ella, de sus vecinos). Una "colaboración" que es unilateral. No sólo no se ha dado nunca el caso de que un narcotraficante norteamericano (o cualquier otro delincuente: un militar culpable de violación, por ejemplo) haya sido extraditado a Colombia para ser juzgado aquí, sino que, curiosísimamente, tampoco nunca se han encontrado en los Estados Unidos "elementos, evidencias y vínculos con el narcotráfico" de ningún funcionario norteamericano. No digamos ya un embajador, ni un almirante o dos, que sin duda debe haberlos: porque la droga sale de aquí, es cierto, pero entra allá. ¿Y cómo entra? ¿Sin complicidades? ¿Ni un policía corrupto, ni un aduanero, para no hablar, ya digo, de un par de almirantes o de algún embajador? Pues las fronteras de los Estados Unidos no las vigilan los aduaneros de aquí, sino los de allá, y las aguas territoriales norteamericanas, y sus espacios aéreos, no los cuidan la Armada y la Fuerza Aérea colombianas, sino las norteamericanas. Y la droga pasa. La DEA no trabaja sólo aquí: también allá. Tribunales de justicia no hay solamente aquí: también allá. Aun suponiendo que el ingente negocio del narcotráfico, cuyas ganancias se quedan en más de un 90 por ciento en el circuito financiero de los Estados Unidos, no hubiera complicidad ninguna por parte de ningún policía, de ningún banquero, de ningún juez, de ningún funcionario diplomático de los Estados Unidos; aun suponiendo tal extremo, que no es fácil de suponer; tiene que haber, al menos, alguna ineptitud o incompetencia. Si el Estado norteamericano es incapaz de hacer cumplir sus propias leyes allá, como lo muestra el hecho de que sus ciudadanos son lo más ávidos consumidores de drogas prohibidas del mundo (y productores también: son, por ejemplo, los primeros exportadores de marihuana del mundo. ¿Y cómo la producen, y cómo la exportan?) no está muy claro por qué se arroga arbitrariamente el derecho de vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de aquí. Si no por cómplice, al menos por incapaz, el embajador Brownfield debería tener la discreción de no dar consejos. En reciprocidad, y aunque no solicitado, desde aquí le doy yo uno a él: No sea payaso, señor embajador. SEMANA. 7-11-2009 La Jornada. México Honduras: un fracaso anunciado A una semana de que se suscribió el acuerdo entre el régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti y el gobierno constitucional de Manuel Zelaya para restituir la institucionalidad democrática en Honduras, y luego de que el Congreso de ese país se negara a ratificar la restitución del legítimo mandatario, los usurpadores formularon ayer un enésimo intento para preservar su aventura: la creación de un gobierno de unidad –como en efecto lo planteaba el denominado acuerdo Tegucigalpa-San José–, pero encabezado por el propio Micheletti, sin la participación de Zelaya. Ante ello, el presidente constitucional dijo que el referido convenio es letra muerta, y dio por fracasado el proceso de negociación, lo que vuelve a plantear un callejón sin salida para la crisis que se vive en ese infortunado país centroamericano. El beneplácito mostrado inicialmente por la comunidad internacional ante la firma del acuerdo –pese a que éste resultaba sumamente benévolo con los golpistas– se vio eclipsado por el nuevo disparate del régimen de facto. Desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, deploró los planteamientos de Micheletti, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos se dijo decepcionado por la situación, y urgió a ambas partes a trabajar en el mejor interés del pueblo hondureño y regresar a la mesa inmediatamente para alcanzar un acuerdo en la formación de un gobierno de unidad. El llamado de Estados Unidos encierra un despropósito mayúsculo, toda vez que fue el propio gobierno de Washington el que supervisó y avaló la suscripción del acuerdo Tegucigalpa-San José, y que el incumplimiento de éste debería ser motivo suficiente para reconocer lo que es evidente a los ojos de la opinión pública internacional: a los golpistas hondureños no les interesa negociar ni mucho menos restablecer la legalidad y el orden constitucional en Honduras, sino perpetuar su proyecto y garantizarse impunidad mediante las elecciones presidenciales del 29 de noviembre próximo, con la imposición de un candidato a modo. La tibieza y ambigüedad iniciales del gobierno estadunidense hacia los participantes en la asonada oligárquico-militar, y su actual convocatoria a restablecer un diálogo que sería tan infértil como el anterior, refuerzan la percepción de que, pese al rechazo expresado en reiteradas ocasiones por el presidente Barack Obama hacia el golpe hondureño, éste es visto con buenos ojos por algunos grupos políticos y empresariales al interior de ese país y por el propio Departamento de Estado. El incumplimiento del acuerdo abre, así, un escenario desastroso para la diplomacia internacional en general, y para la ejercida por Washington en particular, y plantea nuevas perspectivas de sufrimiento y penurias para los habitantes del país centroamericano, quienes han resentido la aplicación de unas medidas de aislamiento económico a todas luces insuficientes para persuadir a los golpistas, pero devastadoras en términos sociales para la segunda nación más pobre de la región, sólo por detrás de Haití. En suma, el fracaso de las negociaciones en Honduras acerca la posibilidad de que la camarilla empresarial y castrense que se hizo del poder hace más de cuatro meses en aquel país logre su propósito de mantenerse en él hasta la realización de los comicios al cabo del presente mes. Si ese escenario logra concretarse, el mundo asistirá, así sea con repulsión, a la consolidación de un régimen ilegítimo y criminal, se asestará un golpe demoledor a la vigencia de las incipientes democracias latinoamericanas y se enviará un mensaje de aliento a los sectores retrógradas y antidemocráticos de Honduras y de toda la región. LA JORNADA. 7-11-2009