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El director general de Economía del Banco de España, Oscar Alce, se destapa pidiendo “reformas de calado” en las pensiones. Vuelve a la carga proponiendo que se eleve la edad de jubilación más allá de los 67 años y resucitando otra de las recetas favoritas de los bancos, la hipoteca inversa.
Y por otra parte la Comisión Europea presenta su “Paquete de Otoño”, un análisis de los presupuestos presentados por los países, en el que muestra sus dudas “sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España…, y la vinculación de las pensiones en 2020 basada en el IPC”.
Junto al director de Economía del Banco de España, un exministro de Economía de Rajoy, Román Escolano, reconocía que “cualquier reforma” implicará, para los nuevos jubilados, una bajada de las prestaciones respecto al último sueldo, por lo que apostó por “el fomento del ahorro”. Mientras que la presidenta de Unespa, Unión Española de Entidades Aseguradoras, defendía el impulso a los planes privados de pensiones.
Las cosas no pueden estar más claras: proclamar que el Sistema Público de Pensiones no es sostenible, para justificar nuevas reformas que rebajen aún más las pensiones y así abrir camino a la privatización.
Y rematar la faena resucitando la “hipoteca inversa”. Según el directivo del Banco de España, ante una población con un alto índice de ahorro a través de la compra de vivienda, “se dan una buenas circunstancias para que el sector financiero desarrolle productos responsables y competitivos, que transformen parte del patrimonio inmobiliario en activos más líquidos”.
Dicho en “cristiano”: un sistema para quedarse con los ahorros de toda la vida de los pensionistas. Una puerta abierta para que los bancos se queden con las viviendas de los pensionistas a cambio de un complemento para sus pensiones cada vez más recortadas. Hijos y nietos ya no heredarán una vivienda, sino una hipoteca que o pagan o pierden la vivienda de sus padres.
Ante esta nueva ofensiva contra las pensiones es cada vez más urgente reforzar la lucha para blindar las pensiones en la Constitución, como propone la MERP, Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, como un Derecho Fundamental, para que ningún gobierno pueda rebajarlas ni privatizarlas.
Las propuestas del Banco de España, son las mismas que vienen proponiendo desde el FMI y Bruselas, los bancos y las aseguradoras y son parte del programa que defienden los partidos como el PP. De ahí que la clave de toda esta batalla está en blindarlas como un Derecho Fundamental, para que ningún gobierno ni acuerdo en el Pacto de Toledo pueda atacarlas con leyes o decretos que recorten su poder adquisitivo, alarguen la edad de jubilación o las privaticen.