Utilizando la justicia europea para atacar a España

Lo inaudito está sucediendo. Puigdemont no solo tiene plena libertad para atacar desde Bélgica la unidad de otro país miembro de la UE, como es España. Ahora también pretende que un juzgado belga decida sobre una causa judicial que se celebra en España. Su único objetivo es utilizar la justicia europea para degradar a España a escala internacional, esperando obtener réditos políticos de ello.

Hace ya tres meses Puigdemont y los exconsellers fugados presentaron ante un juzgado belga una demanda contra Pablo Llarena, el magistrado del Supremo que instruye la causa del 1-O. Se apoyaban en unas declaraciones públicas de Llarena, afirmando que en España no hay presos políticos, para esgrimir que Llarena no es imparcial y que “no nos persigue la justicia sino la ideología de un juez”.

Para “fabricar” el caso no tuvieron inconveniente en manipular las declaraciones de Llarena. El magistrado se refirió a los posibles delitos cometidos por los dirigentes independentistas con un condicional (“si es que esto ha sido así”) que respetaba su presunción de inocencia, mientras que en la traducción presentada por los abogados de Puigdemont se convirtió en una rotunda afirmación (“sí, así se ha producido”) que prejuzgaba antes de la sentencia.

Los mismos que practican estas manipulaciones tan groseras son los que proclaman ante el mundo que la justicia española no respeta sus derechos.

Lo que es preocupante es que puedan utilizar como están haciendo las instituciones europeas para lanzar ataques contra España.

Primero se les ha otorgado libertad plena de movimientos. La justicia belga denegó la euroorden cursada por el Supremo español hurgando en la petición para encontrar un defecto de forma. Y un tribunal regional alemán se atrevió a enmendar la plana al máximo tribunal español para negar la entrega de Puigdemont por los delitos de rebelión y sedición.

Ahora, Puigdemont sube la apuesta. Con la demanda presentada en Bélgica pretende imponer la recusación de Llarena. Este no es, como algunos defienden, un caso privado de Llarena. Lo que se pone en cuestión es la soberanía judicial española. Si el tribunal de un país extranjero puede decidir sobre una causa que lleva un juez español, entonces queda pulverizada la independencia de toda la justicia española.

Bélgica nunca hubiera admitido hacer eso con Alemania o Francia. Pero sí lo está haciendo con España. La justicia belga incluso se ha atrevido a presentar a un juzgado español una petición formal para que Llarena acuda a declarar a Bruselas.

No hay ningún centro de poder internacional que esté interesado en que la fragmentación de España se materialice. Sería abrir una caja de los truenos de consecuencias imprevisibles para EEUU o para las potencias europeas. Pero los hechos nos dicen que, lejos de respaldar cerradamente a España, están dando una escandalosa protección a los sectores más agresivos del independentismo. Que los Puigdemont y Torra están explotando a conciencia.

Degradar la posición de España en la escena internacional es un arma para debilitarla, y así poder imponer condiciones más draconianas. Eso sí interesa a muchos, tanto en Washington como en Berlín. Y utilizan el caso catalán como ariete.