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Desde 2010, los pensionistas y trabajadores catalanes han visto cómo sus ingresos disminuían. Ha afectado a todos, sin distinguir su posición favorable o contraria a la independencia. Y han compartido suerte con madrileños, andaluces… Cataluña es la comunidad con mayor número de pensionistas, superando los 1,5 millones. Cien mil más que en Andalucía, y medio millón más que en Madrid. Los catalanes son los más interesados en la defensa de las pensiones públicas.
Solo en 2017, los pensionistas catalanes han perdido 673 euros de poder adquisitivo. Son 241 euros más que la media española. La razón está en el mayor alza de los precios en Cataluña, que ha afectado a unas pensiones congeladas o que solo han subido el 0,25%. Si ampliamos el plazo hasta 2010, los pensionistas catalanes han perdido en estos ocho años 3.368 euros de poder adquisitivo.
Esto actúa sobre una realidad donde el 65% de los pensionistas catalanes cobra menos de 1.000 euros mensuales, y el 47,2% tiene ingresos inferiores al salario mínimo.
Cataluña es la comunidad con mayor volumen de PIB. Pero en la cuantía de la pensión media (968,5 euros) ocupa el séptimo lugar, por detrás de otras comunidades con menos recursos como Aragón, Asturias o Cantabria. Este es un dato sangrante, que evidencia cómo, a pesar de ser enormemente rica, en Cataluña la distribución de rentas es más injusta.
Sucede lo mismo en los salarios. Los trabajadores catalanes han visto sus nóminas jibarizadas. Y aquí tampoco se han hecho distinciones políticas.
El 25% de los asalariados catalanes cobra menos de 1.000 euros mensuales. Son 707.000 trabajadores que ni siquiera llegan a ser mileuristas. Es precisamente aquí donde mayor recorte ha habido en las nóminas. Los salarios del 20% de los trabajadores con menores sueldos son hoy un 15% menores que en 2009. Trabajan más pero cobrando menos.
Pero los recortes afectan a todos los trabajadores. Las condiciones catalanas imponen que lo sufran incluso en mayor medida. En los últimos cinco años los precios han subido en Cataluña 34 veces más que los salarios. El resultado es que las familias catalanas han perdido casi seis puntos de poder adquisitivo. Solo el último año los trabajadores catalanes han perdido 400 euros, incluso aunque su salario aumentaba, porque los precios crecían todavía más.
Y es que los bajos salarios tienen en Cataluña consecuencias más graves. Vivir en Barcelona cuesta un 25% más que la media de las capitales de provincia españolas.
Por ejemplo el pago del alquiler se ha convertido en una condena que condiciona la vida de muchos catalanes. Una familia catalana se ve obligada a dedicar el 51% de sus salario a pagar el alquiler. Son 17 puntos más que la media española.
Estos son los problemas que afectan al 90% de catalanes, que viven de su nómina o de su pensión.
Un 90% de la sociedad catalana sufre los recortes. Como sucede en Madrid, en Albacete o en Sevilla.
Es el millón y medio de pensionistas catalanes, dos tercios de ellos con ingresos inferiores a 1.000 euros. Los 700.000 trabajadores que tampoco llegan a ser mileuristas o los casi tres millones de asalariados que han perdido, solo en los últimos dos años, 400 euros de poder adquisitivo, y que deben dedicar la mitad de su sueldo a pagar un alquiler disparado.
Los recortes afectan al millón de inmigrantes, un 14% de la población catalana, que tienen salarios un 30% inferiores a la media. Pero también al medio millón de pymes y autónomos, asfixiados por los impuestos, el pago de intereses y el descenso de la facturación.
Y golpea a los intereses vitales de la mayoría, cuando Cataluña encabeza el ranking de recortes en sanidad o educación.
Esta es la radiografía de la sociedad catalana. No es una mitad enfrentada a otra mitad. Es el 90% que, tenga la opinión que tenga sobre la independencia, sufre los recortes.
Quien ha impuesto los recortes han sido los dictados del FMI, la Troika o la Comisión Europea. Sumisamente aceptados y ejecutados por Zapatero y Rajoy desde Moncloa, desde el Gobierno autonómico de Madrid por el PP o desde el catalán por Mas, Puigdemont y ahora Torra.
Lo que sucede en Barcelona no difiere de lo que ocurre en Valladolid o en Bilbao. Nos unen unos mismos enemigos, los que han impuesto los recortes en todo el territorio español y dentro de Cataluña al 90% de la población.
Catalana o andaluza, española o extranjera, una misma clase obrera
En Cataluña existe una clase obrera que juega un importante papel económico, social y político.
En Cataluña se concentra casi un cuarto de toda la industria española. El número de obreros catalanes duplica el de Madrid o País Vasco.
Es una clase obrera catalana que suma 800.000 personas, casi un millón, y cuyo corazón está en la industria, donde trabajan directamente 600.000 obreros catalanes.
Su combatividad no ha desaparecido, ni mucho menos, a pesar de que quiera ocultarse. En 2016 Cataluña encabezó la estadística en cuanto a número de huelgas en España. Solo en los primeros cuatro meses la mitad de los trabajadores en huelga en España eran catalanes. Ese año no hubo “paros de país” convocados por organizaciones independentistas, como sí sucedió en 2017. Las huelgas en Cataluña se celebraron por reivindicaciones laborales.
Esto lo saben quienes diseñaron que en Cataluña el voto de las áreas con mayor presencia de clase obrera tuviera menos valor. Por eso tanto Pujol como Mas o Puigdemont se han negado a cambiar la ley electoral catalana. Necesitan seguir penalizando el voto de la clase obrera.
La clase obrera catalana es plural y mestiza. Sus orígenes están en Barcelona o en Córdoba, en Albacete o en Marruecos.
El peso de la población de origen extranjero en Cataluña (un 13,8%) es mayor que la media española (el 10,1%). En su inmensa mayoría, más del 80%, están en edad de trabajar. Forman parte del pueblo trabajador, y muchos de ellos de los nuevos sectores de clase obrera.
Se discute su posición ante la independencia. Con una ofensiva de las élites soberanistas para encuadrarlos en el procés. O para distinguir entre inmigrantes “integrados”, los que respaldan la independencia, y los que no, que la rechazan. Pero se silencian sus reivindicaciones como trabajadores. Porque sobre todos ellos ha actuado, y en mayor medida, la tijera de los recortes, obligando a marcharse a casi 200.000 inmigrantes que vivían en Cataluña. Imponiéndoles salarios un 30% inferiores a la media, y una temporalidad y precariedad en aumento.
Pymes y autónomos más castigados
La idea de que Mas, Puigdemont o ahora Torra han castigado a las clases populares pero protegido a pymes y autónomos, su tradicional base social, es errónea. Han perjudicado a todos.
Las pymes son un puntal económico en Cataluña. Son 513.000 y representan el 70% del total de empleos. Y el número de autónomos catalanes se eleva hasta los 532.000.
No solo se ha reducido su número, que todavía no ha recuperado el nivel previo al inicio de la crisis, sino que han perdido una parte del mercado que antes ocupaban. Solo en los últimos dos años la facturación de pymes y autónomos ha descendido en Catauña un 10%, mientras aumentaba en el mismo porcentaje la de las grandes empresas.
Este no es solo el resultado de la incertidumbre política provocada por el procés. Es el resultado de una política económica, defendida desde la Generalitat, y que ha sido una losa para pymes y autónomos.
Los recortes de salarios y rentas para la mayoría han contraído el consumo, afectando a la facturación. El rescate bancario ha impuesto una brutal concentración, que en Cataluña está representada por el enorme poder de La Caixa o el BBVA, con la capacidad de negar o conceder créditos o imponer draconianas condiciones, encareciendo el acceso a la financiación. Y la estructura burocrática de la Generalitat pasa también su factura. Utilizando sus competencias para imponer mayor carga tributaria, en relación con otras autonomías. O convirtiéndose en un moroso que pone en riesgo la supervivencia de muchos proveedores.
Peor sanidad, peor educación, peores servicios sociales
Cuando un catalán acude a las urgencias de un hospital, o lleva a su hijo al colegio, tiene hoy peor sanidad y educación públicas que hace diez años. No importa si es independentista o no. Va a sufrirlo igualmente.
¿Es culpa de España? No. Los recortes vinieron, y siguen estando, impuestos por los dictados del FMI o la Comisión Europea. Los ejecutaron gobiernos desde Madrid, como el de Zapatero o el de Rajoy. Se han impuesto tanto en Castilla como en Galicia o Cataluña. Pero la tijera de los recortes ha tenido uno de sus alumnos más aventajados en Mas y Puigdemont.
Cataluña es la autonomía que más ha recortado desde el inicio de la crisis en políticas sociales. Más que el Madrid ultraliberal de Esperanza Aguirre, y a un ritmo solo comparable a los mandatos de Cospedal en Castilla La Mancha.
El total de recortes ejecutados en políticas sociales por los gobiernos de Mas y Puigdemont ascienden a 5.438 millones de euros, más de 722 euros por habitante. Casi la mitad de esos recortes han sido en sanidad y educación públicas.
Cataluña ocupa el denostado primer puesto en el ranking de comunidades que más han recortado en el capítulo sanitario. Y tienen una repercusión directa en la vida de los catalanes. La esperanza de vida de los catalanes de los barrios más pobres de Barcelona es diez años menor que la de quienes viven en los barrios más ricos. La sanidad pública catalana ha recortado más de 3.300 profesionales de atención primaria hayan perdido su puesto de trabajo. En las listas de espera hay casi 170.000 pacientes que esperan intervenciones quirúrgicas. Y aún siguen sin recuperar las más de 2.700 camas perdidas, las urgencias y otros servicios cerrados.
Los recortes draconianos en la sanidad pública están al servicio de la privatización incluyendo la externalización de pruebas y el desvío de operaciones a centros privados, mientras los hospitales públicos están infrautilizados.
Al mismo nivel han estado los tijeretazos en educación, que han afectado a estudiantes, familias y profesores, y cuya consecuencia es recortar el futuro de todos.
En la educación pública catalana los recortes por estudiante superan el 34,5%. Se han perdido 4.300 profesores. En la educación universitaria, el Gobierno de Artur Mas recortó más de 300 millones la aportación de la Generalitat a las siete universidades públicas de Cataluña y se han perdido 1.300 profesores. En la educación no universitaria se han recortado 1.076 millones de euros y 3.000 profesores: los recortes han recaído sobre los alumnos más vulnerables: becas de comedor, desaparición de la 5ª hora, reducción a la mitad de las ayudas a las guarderías públicas…
Torra dice que “solo responderá ante el pueblo catalán”. Tiene razón. Debe responder ante el conjunto del pueblo catalán, cuyas condiciones de vida, las de todos, las de los que se han manifestado en las sucesivas diadas y las de los que acudieron a las históricas manifestaciones en defensa de la unidad en Barcelona, se han visto seriamente perjudicadas por sus políticas.