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El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados a Carlos Mur y a Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables inmediatos de los ‘protocolos de la vergüenza’ que vetaron asistencia hospitalaria en el sistema sanitario a las personas mayores de las residencias durante la pandemia de Covid-19, condenándoles a una muerte indigna.
Más allá del resultado del juicio, y de la exigencia de que los máximos responsables -también la presidenta de la Comunidad de Madrid- responda ante la Justicia, la imputación de estos dos altos cargos del gobierno regional es una victoria de las organizaciones de víctimas, que todos debemos celebrar.
Han pasado cinco años, y han sido varias las veces que los Tribunales de Justicia han desestimado las acusaciones de las asociaciones de familiares de las 7.291 personas que murieron en residencias madrileñas sin ser trasladadas a hospitales durante la primera ola de la Covid-19.
Por eso, el hecho de que un Juzgado haya decidido imputar -por primera vez- a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo -los entonces altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y responsables directos de la coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, junto a Antonio Burgueño, que fue asesor sanitario del Gobierno de Ayuso durante la primera ola y figura clave en la elaboración del llamado ‘Plan de Choque’ para la gestión de la pandemia- sabe a emoción y victoria.
La decisión del Juzgado número 3 reabre una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, atendiendo una solicitud de la Fiscalía Provincial de Madrid, a partir de una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de víctimas.
La denuncia, impulsada por las organizaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, estaba dirigida contra responsables del Gobierno regional por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, recogido en el artículo 511 del Código Penal.
Carlos Mur, según consta en el procedimiento judicial, fue el firmante directo del conocido como ‘Protocolo de la vergüenza’ que ordenó, bajo diferentes «criterios de exclusión», limitar el acceso de personas mayores que vivían en residencias al sistema hospitalario, lo cual las condenó a una muerte indigna y sin la asistencia adecuada cuando enfermaron de Covid.
Martínez Peromingo fue el coordinador del llamado Protocolo técnico que complementaba al primero. Burgueño, por su parte, creó la figura del «geriatra de enlace» que operaba con la consigna de restringir y cribar las derivaciones hospitalarias desde los centros de mayores.
Por primera vez se imputa a quienes redactaron, aprobaron y permitieron que se ejecutaran los criminales ‘Protocolos de la Vergüenza’.
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia celebran estas imputaciones, pero anuncian que siguen exigiendo saber cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, y de la propia presidenta Díaz Ayuso. En paralelo a esta causa, existen otros 91 procedimientos relacionados con los hechos ocurridos en las residencias madrileñas.