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Una revisión inevitable

La deuda pública ha pasado del billón de euros y equivale a un 98,4% del PIB. Esto significa que el Estado debe toda la riqueza que España produce en un año. Según el Gobierno, cuando acabe el año la deuda llegará al 99,5% del PIB y en 2015 al 101,7%. El ritmo de endeudamiento público se va desacelerando, lo cual no libra a Rajoy de ser uno de los presidentes que más rápido ha hipotecado al país: 29 puntos porcentuales del PIB en sólo tres años (2012-2014). Zapatero acumuló 34,2 puntos entre 2007 y 2011, pero en vez de rescatar a la banca hizo planes E, aunque tampoco drenó tantos recursos del sector privado como ha hecho Rajoy vía impuestos.

El problema son los niveles en que nos movemos. La deuda pública con Zapatero llegó al 70,5% del PIB. Pero con Rajoy rondamos el 100%. Reinhardt y Rogoff, a pesar de la pifia de su hoja de Excel, mantienen que por encima del 90% un país lastra su crecimiento porque se complican los procesos de acumulación de capital público y privado. Si crecemos poco, la deuda pública también pesa.

¿Es sostenible esta deuda? Es decir, ¿podemos pagarla? La sostenibilidad se basa en dos conceptos: la solvencia y la liquidez. Llevamos muchos años preocupados por la segunda porque los mercados nos cobraban una prima muy alta por dejarnos dinero. Desde que Alemania dejó de intentar echar a los griegos del euro el asunto se ha relajado muchísimo. Además, el mundo dejó de vernos como griegos.

Pero ahora el problema empieza a ser la solvencia y esta se mide calculando si en el futuro el Gobierno generará unos excedentes fiscales que sean al menos iguales a nuestra deuda. Si consideramos que hemos tenido superávit en sólo tres años de nuestra historia reciente es muy difícil ser optimista.

Montoro dijo en marzo que España tuvo en 2013 un «superávit estructural primario» y lo cifró en un 1,1%. Este indicador es polémico. Antes se hablaba de superávit o déficit primario, que son los ingresos fiscales menos el gasto excluidos los intereses de la deuda. Este déficit primario fue en 2013 del -3,7%. Al añadir «estructural», Montoro deja fuera del cálculo todos los efectos sobre ingresos y gastos que tiene el ciclo económico. Se descuenta, por ejemplo, el mayor gasto por desempleo y los menores ingresos por la caída de la actividad económica.

¿Por qué usa este término? Porque ese es el concepto fijado en el acuerdo político que acompañó a la reforma constitucional de agosto de 2011 y que fija un techo de déficit y deuda. Según esta norma, la deuda pública debería estar en 2020 en el 60% del PIB, lo cual parece imposible a la vista de las cifras actuales. De acuerdo con este pacto, el PP o el PSOE tienen dos oportunidades, en 2015 y en 2018, de solicitar la revisión de estos límites, lo cual parece totalmente inevitable.

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