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Fabra pagó medio millón a Aspar y 617.000 euros a Bankia y BdV con dinero del rescate

El salvavidas que el Gobierno de Rajoy lanzó a comunidades y ayuntamientos con el agua al cuello para que pudiesen saldar deudas con empresas proveedoras sirvió al Consell de Alberto Fabra para tapar agujeros de toda condición. De los 4.354 millones que transfirió el Ministerio de Hacienda en 2012 para pagar cuentas pendientes, 1.127 se dedicaron a deudas del llamado sector público valenciano (empresas y fundaciones) y una parte de esa cantidad, en concreto 28,9 millones, sirvió para que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv) hiciera frente a una parte del pasivo generado por las aventuras del Consell del PP en ruinas faraónicas de cartón piedra. La Spctv nació en 1996 para levantar proyectos como Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, Ciudad de las Lenguas, el Aeropuerto de Castelló o para abondar el canon de una Fórmula 1 que acabó gripando.

En total son 494 las facturas satisfechas por el Consell, através de Proyectos Temáticos, con cargo al dinero prestado en el plan de rescate financiado por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Entre las deudas que se cerraron, destacan ocho facturas abonadas al Banco de Valencia ya intervenido por aquellas fechas por un total de 353.157 euros y 264. 101 euros en cinco facturas pasadas al cobro por la nacionalizada Bankia. Cabe recordar que el dinero del plan de proveedores se habilitó para deudas no financieras.

En la relación de pagos de la empresa de los grandes eventos, en liquidación tras acumular 650 millones de deuda como consecuencia de la concatenación de fracasos, figura también un pago de 495.600 euros a la empresa Box 55, con la que el expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar gestiona su equipo del mundial de motos. Esa cantidad obedece al patrocinio de la Generalitat a través de la marca turística Comunitat Valenciana.

70.000 euros en abogadosY una factura menor de 2.410 eurosfue abonada a la empresa Valmor, la gestora privada del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la que también participaba Aspar, a través de Worldwide Circuit Management, sociedad en la que tenía acciones Vicente Cotino, dueño de Sedesa y sobrino del presidente de las Corts. Valmor tenía como socios, además, a Fernando Roig y Bancaja. Fue adquirida por el Consell por 0,99 euros en 2012. Con la compra, la Generalitat heredó el pasivo de 34 millones de esa mercantil. En cuatro de las cinco ediciones del la Fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia, el canon de organización fue pagado a Bernie Ecclestone precisamente por la Sptcv. Unos 100 millones públicos porque los empresarios privados argumentaron que no podían hacer frente al desembolso. La compra pública y asunción de la deuda de Valmor está siendo investigada por Fiscalía, tras sendas denuncias del PSPV y Esquerra Unida, por si la exconsellera Lola Johnson, como presidenta de Circuit del Motor, y otros seis altos cargos que aprobaron la operación incurrieron en malversación de fondos, entre otros posibles delitos.En la relación de las 500 facturas figuran una docena de pagos por servicios de asesoría jurídica prestados por reputados despachos de abogados y de consultoría como Price Waterhouse o Garrigues.

La primera empresa cobró 14.160 euros con cargo al primer plan de proveedores, mientras que el otro despacho vio saldada la deuda de la Sptcv por minutas jurídicas que ascendían a 55.912 euros. La sociedad pública propietaria de Ciudad de la Luz y del Aeropuerto de Castelló fue la sexta más beneficiada por el dinero de auxilio remitido por el ministro Cristóbal Montoro, de las 31 empresas públicas y fundaciones que fueron incluidas en el plan de pagos. Ferrocarrils de la Generalitat (398,7 millones); Construcciones e Infraestructuras Educativas (Ciegsa), con 374,3 millones; el Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos, con 164 millones; el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), con 57, 4 millones, y el propio Aeropuerto de Castelló, con sus 32,2 millones de deuda a proveedores, conforman la relación de las empresas y entes públicos autonómicos más beneficiados, según consta en la documentación oficial de la Generalitat.

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