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El gobierno y los agentes sociales han cerrado un primer acuerdo para la reforma de las pensiones que incluye la actualización de las pensiones con el IPC, derogar el factor de sostenibilidad, medidas para acercar la edad de jubilación a la edad legal y trasladar el déficit de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, las cuestiones más espinosas y que más rechazo provocan, y donde se juega gran parte del futuro del sistema público de pensiones, se aparcan para una segunda fase que se aprobaría en 2022.
Definitivamente la reforma de las pensiones comprometida por el gobierno con Bruselas se hará en dos fases. Una ahora, la que ha pactado el gobierno en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y otra en 2022. El primer paquete incluye importantes medidas, alguna de ellas exigidas largamente por los movimientos de pensionistas.
En primer lugar, la revalorización anual con el IPC medio del año anterior. En caso de que la inflación sea negativa las pensiones quedarán congeladas sin aplicar ningún descuento.
Segundo. Se deroga el “factor de sostenibilidad” que vincula las pensiones a la esperanza de vida y cuya entrada en vigor estaba suspendida hasta 2023. Aunque se propone que se sustituirá por otra de “equidad intergeneracional”.
Estas dos medidas suponen la derogación de hecho de la reforma de Rajoy de 2013, en sus dos aspectos más polémicos: el índice de revalorización (IRP) que limitaba la subida de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit y el factor de sostenibilidad”.
Tercero. Revisión de las jubilaciones anticipadas para retrasar la edad de jubilación, acercando la edad real de jubilación (actualmente la edad media es de 64,5 años) a la edad legal que este año es ya de 66 años, camino de los 67. Con premios y penalizaciones.
Se penaliza a quienes se jubilen antes por decisión propia, con coeficientes reductores que pasan a ser mensuales, hasta ahora son trimestrales. Con un recorte de la pensión de hasta un 21% para quienes se jubilen 2 años antes de la edad legal con menos de 38 años y 6 meses cotizados; y un mínimo del 2,81% para los que se jubilen un mes antes y tengan cotizados 44 años y 6 meses.
Y se endurece aún más la jubilación anticipada forzosa o involuntaria para los trabajadores cuando sean despedidos o se extinga el contrato, entonces el factor reductor puede llegar hasta el 30% si se tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados.
Por otro lado se fijan incentivos por prolongación de la vida laboral: se mejora la pensión un 4% por cada año que se trabaje más, o se recibe un cheque de hasta 12.000 euros.
Cuarto. Transferir el déficit de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Se hará incluyendo en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula para transferir anualmente unos 21.000 millones de euros de los Presupuestos a la SS. Con esta medida se cumple con otra de las exigencias: la separación de fuentes de financiación de las pensiones, sacando de la SS los gastos impropios que no están directamente ligados a las pensiones.
Y quinto. El acuerdo recoge algunas medidas positivas para colectivos específicos como: Equiparar la prestación de viudedad de las parejas de hecho a las de los matrimonios. Establecer la cotización para las becas y que los jóvenes puedan ir acumulando años de cotización. Una cláusula de salvaguarda para los trabajadores afectados por la crisis financiera de 2008, que puedan jubilarse aplicando las condiciones previas a la reforma de 2011. Y un periodo de transición para los miles de trabajadores que se verán abocados a jubilaciones forzosas en la nueva oleada de despidos de aquí a fin de año, por los despidos de la banca y los que se esperan en la hostelería, comercio o en determinadas industrias.
Los puntos negros del acuerdo
El acuerdo de esta primera fase de las pensiones recoge parte de las reivindicaciones de los movimientos de pensionistas. Y esto es una conquista de la lucha y la influencia del viento popular. Sin embargo no todas las medidas son buenas noticias. Sobre todo en tres puntos negros.
Primero. No está claro que se vaya a derogar en su esencia el factor de sostenibilidad. Escrivá ha logrado introducir que el factor que incluía la reforma de Rajoy será reemplazado por otro indicador que el ministro denomina «mecanismo de equidad intergeneracional».
De hecho si no se ha podido incluir ahora es porque Escrivá no ha puesto una propuesta concreta sobre la mesa y porque casi todo el mundo piensa que su mecanismo será, en el fondo, similar al factor de sostenibilidad que ahora se deroga. Cambiar las formas y el nombre para tratar de hacerlo digerible en la mesa del diálogo social. ¿Qué se oculta debajo de “la solidaridad intergeneracional”, un “gesto” entre la generación del “baby boom” con los jóvenes actuales mucho menos numerosos que pide Escrivá?
Segundo. Penalizar con hasta un 30% a los trabajadores mayores que sean empujados a la prejubilación forzosa tras ser despedidos y no encontrar un trabajo. El caso extremo puede llegar a trabajadores con hasta 63 años -4 años antes de la edad de jubilación- . También se penaliza a los trabajadores con menores pensiones a la hora de poder optar a la “paga” extra por alargar su vida laboral, ya que esa paga está en función del salario y los años cotizados. Los más precarios solo podrán aspirar a una “paguita” si deciden trabajar más años.
Y tercero. ¿Qué pasa con los planes privados de pensiones? En la propuesta enviada a Bruselas se incluía impulsar los planes de pensiones privados de empresa, a través de los convenios. La medida estrella de Escrivá. En el acuerdo se ha quedado en un limbo. Cuando se presenta el acuerdo no se dice nada de esos planes, tampoco queda claro si será uno de los puntos fuertes de la segunda fase.
Habrá que esperar a ver la redacción definitiva en los próximos días, pero una cosa está clara: en estos planes está una de las claves fundamentales de la reforma de las pensiones que están preparando, la que abre una autopista a la privatización.
El peligro en la segunda fase
La reforma de las pensiones que exige Bruselas no estará completa sin la segunda fase, a la que han ido a parar las medidas más polémicas y que concitan mayor rechazo social.
-El nuevo índice de sostenibilidad o “de equidad intergeneracional”.
–Aumentar el cómputo de años para calcular la cuantía de las pensiones; un período que Escrivá quiere alargar hasta los 35 años (o toda la vida laboral) y que podría suponer un recorte muy sustancioso de las pensiones.
-Subir las cotizaciones de los autónomos para que coticen según sus ingresos reales.
-El destope de las cotizaciones máximas.
-Y lo que pase con los planes de pensiones privados de empresa.
Un paquete en el que se van a concentrar las exigencias de Bruselas. Dice el diario El País en su editorial que con este acuerdo “se pone en marcha una dinámica reformista con consenso… esencial para construir cambios duraderos”. Y ahí radica una de las esperanzas de Bruselas y los Escrivá de turno, que este acuerdo, junto a la llegada del primer dinero de las ayudas acabe por allanar el camino para los miuras que vienen.