Una ley de Economí­a insostenible

«Desgraciadamente para la ministra, el modelo de crecimiento económico no se cambia por decreto y menos con simples enunciados genéricos. El anteproyecto carece de objetivos de creación de empleo y de crecimiento del PIB, por lo que será muy difí­cil evaluar su cumplimiento con un criterio objetivo»

Ninguna de estas iniciativas suone reformas estructurales en la economía o incentivos para invertir o crear empleo, por lo que sencillamente cabe calificar este borrador de insostenible intelectualmente en unos momentos en los que «España es el nuevo enfermo de Europa», como dice esta semana The Economist. Estamos, pues, ante un plan de claro signo propagandístico, plagado de incógnitas y con muy escaso impacto en una realidad que sigue empeorando. (EL MUNDO) EL PAÍS.- Descontadas las evidentes buenas intenciones, el anteproyecto es mejorable, al menos en relación con las expectativas sobre él creadas. La sostenibilidad de la economía es un problema estructural de la sociedad española, como demuestran los gravísimos daños al empleo causados por el crash inmobiliario; pero, en estos momentos, lo más acuciante es frenar el hundimiento del mercado de trabajo, que acumula ya 4,2 millones de parados. Además, el cambio de patrón de crecimiento fue una de las promesas electorales de Zapatero en 2004. Cabe deducir que se ha avanzado muy poco en una legislatura y media para construir una economía más competitiva ABC.- Angela Merkel y Nicolas Sarkozy están puenteando a Europa con una diplomacia energética e industrial hacia Moscú muy favorable a los intereses nacionales de Alemania y Francia, en detrimento de la diplomacia común europea, enterrando la vieja retórica en defensa de los derechos del hombre. Editorial. El Mundo Y ahora una ley de Economía insostenible EL GOBIERNO aprobó ayer un anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que es un compendio de iniciativas ya anunciadas, buenos deseos y medidas banales que apenas tendrán impacto sobre la actividad económica. Elena Salgado señaló que el objetivo de esta norma es cambiar el patrón de crecimiento económico a un plazo vista de 10 años. Ello suena a la práctica de Josep Borrell cuando era ministro de Obras Públicas y presentaba planes de inversiones para 25 años, de los cuales naturalmente nadie se acuerda hoy. Desgraciadamente para la ministra, el modelo de crecimiento económico no se cambia por decreto y menos con simples enunciados genéricos. Salgado precisó que se trata de un borrador que tendrá que ser consensuado con los agentes sociales y las comunidades en un intento de justificar esa falta de concreción. Entrando en el análisis de las medidas, el anteproyecto carece de objetivos de creación de empleo y de crecimiento del PIB, por lo que será muy difícil evaluar su cumplimiento con un criterio objetivo. Inicialmente, el Gobierno contempla para financiar su plan la creación de dos fondos, dotados con un total de 20.000 millones de euros hasta finales de 2011, aportados por el ICO y la banca privada. El texto aprobado propone «mejoras del entorno económico». Entre ellas, se cita la reforma de los organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Energía, la mayor transparencia en las cuentas de las sociedades que cotizan en Bolsa, políticas de remuneración de los banqueros que «promuevan una gestión del riesgo responsable» y una mejor información al consumidor. Todo ello está muy bien, pero Salgado no explicó ni cuándo ni cómo lo va a hacer. El borrador habla de «sostenibilidad» de las Administraciones públicas, obligando a programas de austeridad en el gasto e informes sobre la deuda a proveedores, lo que no garantiza la reducción de un déficit presupuestario que este año superará el récord del 10% del PIB. Entre los planes del Gobierno figuran también la agilización en los trámites de creación de empresas, la reducción de las tasas administrativas y la reforma de la ley de contratos del Estado, temas que han estado en la agenda de todos los Ejecutivos en los últimos 30 años. Hay en la nueva norma otro capítulo dedicado a la innovación, en el que se propone la creación de empresas con tecnología punta, lo cual es más fácil de decir que de hacer, máxime cuando el Gobierno ha reducido drásticamente el presupuesto en este apartado. El Ejecutivo hace también un ejercicio de voluntarismo al reducir el plazo de pago de las Administraciones públicas de 60 a 30 días… en 2013. En materia de vivienda se suprime la desgravación a partir de 2011 para los contribuyentes con ingresos superiores a 24.100 euros, como Zapatero ya había anunciado. Y en materia de energía, se mantiene la vida útil de las nucleares en 40 años y se apuesta por las energías renovables sin cuantificar su coste, mientras el Gobierno se adelantó ayer a aprobar un decreto que obliga a los locales públicos a no sobrepasar determinada temperatura en el colmo del intervencionismo. Ninguna de estas iniciativas supone reformas estructurales en la economía o incentivos para invertir o crear empleo, por lo que sencillamente cabe calificar este borrador de insostenible intelectualmente en unos momentos en los que «España es el nuevo enfermo de Europa», como dice esta semana The Economist. Estamos, pues, ante un plan de claro signo propagandístico, plagado de incógnitas y con muy escaso impacto en una realidad que sigue empeorando. EL MUNDO. 28-11-2009 Editorial. El País Intenciones y hechos Consideradas una por una, muchas de las medidas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado ayer por el Gobierno son claramente beneficiosas y podrían deparar mejoras estructurales a largo plazo (en 2020, como acepta el presidente Zapatero). Favorece la transparencia, por ejemplo, que las sociedades cotizadas tengan que informar a los accionistas sobre los sueldos individualizados de consejeros y directivos. Es un acierto imponer un plan de austeridad a las administraciones públicas u obligar a los ayuntamientos a que informen sobre los pagos a proveedores. La generalización del silencio administrativo positivo simplificará las tortuosas relaciones de ciudadanos y empresas con la burocracia. La reducción de costes y plazos para crear sociedades es una de las medidas que pueden facilitar la creación de empleo. La reducción del plazo de pago de la Administración de 60 a 30 días aliviará la tesorería de muchas empresas. La nueva deducción por obras para mejorar la eficiencia energética en la vivienda ayudará a crear puestos de trabajo en actividades con más peso tecnológico. Y, por fin, se reduce el número de consejeros en los organismos reguladores. Pero, descontadas las evidentes buenas intenciones, el anteproyecto es mejorable, al menos en relación con las expectativas sobre él creadas. La sostenibilidad de la economía es un problema estructural de la sociedad española, como demuestran los gravísimos daños al empleo causados por el crash inmobiliario; pero, en estos momentos, lo más acuciante es frenar el hundimiento del mercado de trabajo, que acumula ya 4,2 millones de parados. Además, el cambio de patrón de crecimiento fue una de las promesas electorales de Zapatero en 2004. Cabe deducir que se ha avanzado muy poco en una legislatura y media para construir una economía más competitiva. Muchas de estas medidas han sido anunciadas varias veces, lo cual merma la confianza de los agentes sociales en que por fin se aplicarán de forma contundente. Por añadidura, algunas líneas de la economía sostenible tienen un incierto futuro. Es difícil creer que surja una nueva competitividad tecnológica de actividades subvencionadas en exceso, como las energías termosolar y fotovoltaica. Por el contrario, se corre el riesgo de basar el crecimiento en nuevas burbujas. Por estas razones, son necesarias medidas de mayor calado -el presidente Zapatero deberá plantearlas en el Parlamento en breve- para sentar las bases del cambio de modelo económico. El foco de la opinión pública está en las posibilidades de reforma del mercado de trabajo en la negociación entre empresarios y sindicatos. Una reforma que, por principio, debería excluir el abaratamiento del despido, pero incluir en cambio fórmulas similares al modelo alemán -subvencionar la reducción del horario laboral- para frenar los despidos masivos y pactar ayudas a la contratación de jóvenes. EL PAÍS. 28-11-2009 Opinión. ABC Putin in; Europa out J. P. Quiñonero Angela Merkel y Nicolas Sarkozy están puenteando a Europa con una diplomacia energética e industrial hacia Moscú muy favorable a los intereses nacionales de Alemania y Francia, en detrimento de la diplomacia común europea, enterrando la vieja retórica en defensa de los derechos del hombre. La visita a París de Vladimir Putin ayer ilustra con meridiana precisión el alcance estratégico de las nuevas relaciones franco-rusas. Las grandes empresas energéticas francesas (EDF, GDF) están ultimando su participación en dos gasoductos rusos -North Stream (consorcio ruso-alemán) y South Stream (consorcio ruso-italiano)- que evitan las rutas de Europa central e inquietan profundamente en Polonia, Ucrania y los países bálticos. Merkel había precedido a Sarkozy en la ruta de Moscú, con un aliado privilegiado. Su viejo rival Gerhard Schröder, ex canciller de Alemania, es hoy presidente del consorcio que explotará el gasoducto North Stream, controlado por Gazprom el mastodonte energético ruso. La canciller de Alemania firmó con el presidente Medvédev, el verano pasado en Sochi, un acuerdo diplomático energético de importancia mayor: Berlín y Moscú proyectan construir centrales nucleares y han creado una agencia energética germano-rusa. Mientras las relaciones institucionales entre Rusia y la UE siguen estancadas en el limbo de las declaraciones de intenciones, Merkel y Sarkozy han tomado decisiones diplomáticas bilaterales perfectamente al margen de la «consulta» con el resto de los aliados europeos, perfectamente al margen de cualquier ilusión de «diplomacia común», enterrada por ilusoria una política común de abastecimientos energéticos. En otro tiempo, Merkel y Sarkozy hacían piadosas declaraciones en materia de defensa de los derechos humanos en la Rusia de Putin. Las organizaciones humanitarias continúan denunciando la corrupción y violencia criminal. Pero los intereses nacionales de Alemania y Francia en materia energética están muy al margen de tales cuestiones humanitarias, que no entorpecerán los negocios de Estado. ABC. 28-11.2009 Ninguna de estas iniciativas supone reformas estructurales en la economía o incentivos para invertir o crear empleo, por lo que sencillamente cabe calificar este borrador de insostenible intelectualmente en unos momentos en los que «España es el nuevo enfermo de Europa», como dice esta semana The Economist. Estamos, pues, ante un plan de claro signo propagandístico, plagado de incógnitas y con muy escaso impacto en una realidad que sigue empeorando. (EL MUNDO)EL PAÍS.- Descontadas las evidentes buenas intenciones, el anteproyecto es mejorable, al menos en relación con las expectativas sobre él creadas. La sostenibilidad de la economía es un problema estructural de la sociedad española, como demuestran los gravísimos daños al empleo causados por el crash inmobiliario; pero, en estos momentos, lo más acuciante es frenar el hundimiento del mercado de trabajo, que acumula ya 4,2 millones de parados. Además, el cambio de patrón de crecimiento fue una de las promesas electorales de Zapatero en 2004. Cabe deducir que se ha avanzado muy poco en una legislatura y media para construir una economía más competitivaABC.- Angela Merkel y Nicolas Sarkozy están puenteando a Europa con una diplomacia energética e industrial hacia Moscú muy favorable a los intereses nacionales de Alemania y Francia, en detrimento de la diplomacia común europea, enterrando la vieja retórica en defensa de los derechos del hombre.Editorial. El MundoY ahora una ley de Economía insostenibleEL GOBIERNO aprobó ayer un anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que es un compendio de iniciativas ya anunciadas, buenos deseos y medidas banales que apenas tendrán impacto sobre la actividad económica. Elena Salgado señaló que el objetivo de esta norma es cambiar el patrón de crecimiento económico a un plazo vista de 10 años. Ello suena a la práctica de Josep Borrell cuando era ministro de Obras Públicas y presentaba planes de inversiones para 25 años, de los cuales naturalmente nadie se acuerda hoy.Desgraciadamente para la ministra, el modelo de crecimiento económico no se cambia por decreto y menos con simples enunciados genéricos. Salgado precisó que se trata de un borrador que tendrá que ser consensuado con los agentes sociales y las comunidades en un intento de justificar esa falta de concreción.Entrando en el análisis de las medidas, el anteproyecto carece de objetivos de creación de empleo y de crecimiento del PIB, por lo que será muy difícil evaluar su cumplimiento con un criterio objetivo. Inicialmente, el Gobierno contempla para financiar su plan la creación de dos fondos, dotados con un total de 20.000 millones de euros hasta finales de 2011, aportados por el ICO y la banca privada.El texto aprobado propone «mejoras del entorno económico». Entre ellas, se cita la reforma de los organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Energía, la mayor transparencia en las cuentas de las sociedades que cotizan en Bolsa, políticas de remuneración de los banqueros que «promuevan una gestión del riesgo responsable» y una mejor información al consumidor. Todo ello está muy bien, pero Salgado no explicó ni cuándo ni cómo lo va a hacer.El borrador habla de «sostenibilidad» de las Administraciones públicas, obligando a programas de austeridad en el gasto e informes sobre la deuda a proveedores, lo que no garantiza la reducción de un déficit presupuestario que este año superará el récord del 10% del PIB.Entre los planes del Gobierno figuran también la agilización en los trámites de creación de empresas, la reducción de las tasas administrativas y la reforma de la ley de contratos del Estado, temas que han estado en la agenda de todos los Ejecutivos en los últimos 30 años.Hay en la nueva norma otro capítulo dedicado a la innovación, en el que se propone la creación de empresas con tecnología punta, lo cual es más fácil de decir que de hacer, máxime cuando el Gobierno ha reducido drásticamente el presupuesto en este apartado. El Ejecutivo hace también un ejercicio de voluntarismo al reducir el plazo de pago de las Administraciones públicas de 60 a 30 días… en 2013.En materia de vivienda se suprime la desgravación a partir de 2011 para los contribuyentes con ingresos superiores a 24.100 euros, como Zapatero ya había anunciado. Y en materia de energía, se mantiene la vida útil de las nucleares en 40 años y se apuesta por las energías renovables sin cuantificar su coste, mientras el Gobierno se adelantó ayer a aprobar un decreto que obliga a los locales públicos a no sobrepasar determinada temperatura en el colmo del intervencionismo.Ninguna de estas iniciativas supone reformas estructurales en la economía o incentivos para invertir o crear empleo, por lo que sencillamente cabe calificar este borrador de insostenible intelectualmente en unos momentos en los que «España es el nuevo enfermo de Europa», como dice esta semana The Economist. Estamos, pues, ante un plan de claro signo propagandístico, plagado de incógnitas y con muy escaso impacto en una realidad que sigue empeorando.EL MUNDO. 28-11-2009 Editorial. El PaísIntenciones y hechosConsideradas una por una, muchas de las medidas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado ayer por el Gobierno son claramente beneficiosas y podrían deparar mejoras estructurales a largo plazo (en 2020, como acepta el presidente Zapatero). Favorece la transparencia, por ejemplo, que las sociedades cotizadas tengan que informar a los accionistas sobre los sueldos individualizados de consejeros y directivos. Es un acierto imponer un plan de austeridad a las administraciones públicas u obligar a los ayuntamientos a que informen sobre los pagos a proveedores. La generalización del silencio administrativo positivo simplificará las tortuosas relaciones de ciudadanos y empresas con la burocracia. La reducción de costes y plazos para crear sociedades es una de las medidas que pueden facilitar la creación de empleo. La reducción del plazo de pago de la Administración de 60 a 30 días aliviará la tesorería de muchas empresas. La nueva deducción por obras para mejorar la eficiencia energética en la vivienda ayudará a crear puestos de trabajo en actividades con más peso tecnológico. Y, por fin, se reduce el número de consejeros en los organismos reguladores.Pero, descontadas las evidentes buenas intenciones, el anteproyecto es mejorable, al menos en relación con las expectativas sobre él creadas. La sostenibilidad de la economía es un problema estructural de la sociedad española, como demuestran los gravísimos daños al empleo causados por el crash inmobiliario; pero, en estos momentos, lo más acuciante es frenar el hundimiento del mercado de trabajo, que acumula ya 4,2 millones de parados. Además, el cambio de patrón de crecimiento fue una de las promesas electorales de Zapatero en 2004. Cabe deducir que se ha avanzado muy poco en una legislatura y media para construir una economía más competitiva.Muchas de estas medidas han sido anunciadas varias veces, lo cual merma la confianza de los agentes sociales en que por fin se aplicarán de forma contundente. Por añadidura, algunas líneas de la economía sostenible tienen un incierto futuro. Es difícil creer que surja una nueva competitividad tecnológica de actividades subvencionadas en exceso, como las energías termosolar y fotovoltaica. Por el contrario, se corre el riesgo de basar el crecimiento en nuevas burbujas.Por estas razones, son necesarias medidas de mayor calado -el presidente Zapatero deberá plantearlas en el Parlamento en breve- para sentar las bases del cambio de modelo económico. El foco de la opinión pública está en las posibilidades de reforma del mercado de trabajo en la negociación entre empresarios y sindicatos. Una reforma que, por principio, debería excluir el abaratamiento del despido, pero incluir en cambio fórmulas similares al modelo alemán -subvencionar la reducción del horario laboral- para frenar los despidos masivos y pactar ayudas a la contratación de jóvenes.EL PAÍS. 28-11-2009 Opinión. ABCPutin in; Europa outJ. P. QuiñoneroAngela Merkel y Nicolas Sarkozy están puenteando a Europa con una diplomacia energética e industrial hacia Moscú muy favorable a los intereses nacionales de Alemania y Francia, en detrimento de la diplomacia común europea, enterrando la vieja retórica en defensa de los derechos del hombre.La visita a París de Vladimir Putin ayer ilustra con meridiana precisión el alcance estratégico de las nuevas relaciones franco-rusas. Las grandes empresas energéticas francesas (EDF, GDF) están ultimando su participación en dos gasoductos rusos -North Stream (consorcio ruso-alemán) y South Stream (consorcio ruso-italiano)- que evitan las rutas de Europa central e inquietan profundamente en Polonia, Ucrania y los países bálticos.Merkel había precedido a Sarkozy en la ruta de Moscú, con un aliado privilegiado. Su viejo rival Gerhard Schröder, ex canciller de Alemania, es hoy presidente del consorcio que explotará el gasoducto North Stream, controlado por Gazprom el mastodonte energético ruso. La canciller de Alemania firmó con el presidente Medvédev, el verano pasado en Sochi, un acuerdo diplomático energético de importancia mayor: Berlín y Moscú proyectan construir centrales nucleares y han creado una agencia energética germano-rusa.Mientras las relaciones institucionales entre Rusia y la UE siguen estancadas en el limbo de las declaraciones de intenciones, Merkel y Sarkozy han tomado decisiones diplomáticas bilaterales perfectamente al margen de la «consulta» con el resto de los aliados europeos, perfectamente al margen de cualquier ilusión de «diplomacia común», enterrada por ilusoria una política común de abastecimientos energéticos.En otro tiempo, Merkel y Sarkozy hacían piadosas declaraciones en materia de defensa de los derechos humanos en la Rusia de Putin. Las organizaciones humanitarias continúan denunciando la corrupción y violencia criminal. Pero los intereses nacionales de Alemania y Francia en materia energética están muy al margen de tales cuestiones humanitarias, que no entorpecerán los negocios de Estado.ABC. 28-11.2009

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