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La Sala 102 del Palacio de Justicia de Navarra, con dos votos a favor y uno en contra, ha decidido decretar la libertad provisional a los cinco miembros de La Manada. Una decisión que solo puede considerarse de completa provocación hacia toda la población.
Es la segunda provocación. La primera fue en abril, cuando el tribunal condenó a los miembros de La Manada solo a 9 años de prisión por delito de abuso sexual, negando el delito de agresión o violación. La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar, con manifestaciones multitudinarias por toda España e incluso en el extranjero (Berlín, París, Lisboa o Londres) contra la sentencia de La Manada. La repulsa de la población española a la sentencia es cuasi unánime.
Lo han vuelto a hacer. Esta vez, concediendo la libertad provisional a todos los miembros de La Manada, bajo una fianza de 6.000 euros. La reacción de la sociedad española ha vuelto a ser ejemplar, con masivas concentraciones en las principales ciudades de nuestro país, muchas de ellas transformadas en improvisadas marchas. La de Madrid llegó a las puertas del Congreso de los Diputados.
Esto no tenía por qué haber ocurrido. No hay ningún imperativo legal que obligase a los jueces de la Sala 102 (dos hombres y una mujer) a dar la libertad provisional a La Manada. Si bien, tampoco hay ninguna ley o normativa que obligase lo contrario, lo cierto es que la actuación del tribunal navarro es una auténtica excepción ante el procedimiento habitual que se sigue en este tipo de casos.
Así lo especifica Joaquim Bosch, magistrado y antiguo secretariado y portavoz de Juezas y jueces para la Democracia, en declaración pública: “En este caso [Los miembros de La Manada] estaban ya privados de libertad, y en estos supuestos, cuando hay acusados que ya han estado en prisión y que además se les condena a una pena de bastante entidad, como son nueve años de cárcel, la regla habitual, general, usada, casi siempre es que se mantiene la prisión provisional hasta la mitad de la condena”.
De hecho, la decisión actual del Tribunal Provincial contradice la misma que tuvo en julio y septiembre de 2017, donde el mismo tribunal aprobó la prisión provisional, alertando de la posibilidad de fuga y reincidencia.
Los argumentos que da el tribunal para soltar a La Manada son inaceptables. Considera que no hay riesgo de reincidencia debido a la “pérdida del anonimato”. Aunque esto sea verdad, ¿significa que es papel de la sociedad civil y no de la Justicia el encargarse de vigilar que cinco condenados, con otra instrucción abierta por otro caso de violación en Pozoblanco (Córdoba), no vuelvan a delinquir?
La razón real de la decisión del Tribunal Provincial se encuentra en la propia sentencia: “la alarma social no es un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional”. En otras palabras, la población no tiene voz ni voto a la hora de decidir.
Es una provocación y -podríamos decirlo así- una venganza contra una opinión pública que ha tachado a este tribunal de “justicia patriarcal”. La sociedad se movilizó con justificada indignación contra la sentencia solo por abuso a La Manada y les ha dolido. Pero lejos de tomar las críticas como una advertencia y reflexionar, doblan la apuesta de la injuria, separándose aún más de la sociedad e ignorando por completo sus anhelos y demandas. La respuesta del pueblo, volviendo a salir a la calle, ha sido ejemplar. Y así debe continuar.