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Tras la gran movilización del pueblo portugués el pasado mes de septiembre, obligando al gobierno a retroceder en su intención de rebajar un 10% los salarios, en estas mismas páginas ya dijimos que sus repercusiones en el arco político iban a tener el efecto de un tsunami. Y los movimientos sísmicos no se han hecho esperar.
El presidente de la República denunciaba a comienzos de año ante el Tribunal Constitucional los presupuestos de 2013 aprobados por el gobierno (encabezado por su mismo partido), con el argumento de que destruyen pilares básicos del Estado de bienestar y distribuyen de forma injusta los efectos de la crisis.
Que las imposiciones económicas de la Troika y la repuesta social de los pueblos abocan a crisis políticas ya lo vivimos el año pasado con el ejemplo de Grecia. Portugal empieza a recorrer ese mismo camino. Y el enfrentamiento dentro del partido gobernante entre el presidente de la República y el primer ministro es un claro síntoma de que lo hace de una forma acelerada.
Por si no fuera suficiente, el FMI acaba de hacer público un informe en el que exige al gobierno portugués más recortes por valor de 4.000 millones de euros, con una nueva reducción de las pensiones y los salarios y un despido masivo de funcionarios. Lo que no va a provocar sino una nueva oleada de respuestas populares, y la agudización de unas contradicciones en el modelo político que han llegado ya hasta altas instancias del Estado como la presidencia.