Un terremoto que va mucho más allá de Gürtel

La política española corre el peligro de “italianizarse”, de acostumbrarse a ir de sacudida en sacudida. Solo dos días después de que la aprobación de los presupuestos pareciera augurar estabilidad, la primera sentencia judicial sobre el caso Gúrtel lo dinamitaba todo. No se limitaba a cerrar el entramado corrupto en dos poblaciones madrileñas, sino que disparaba por elevación comprometiendo a la dirección del PP en la financiación ilegal y cuestionando al presidente del gobierno.

Se equivocan quienes piensan que el problema se limita a sufrir las consecuencias de un gobierno corrupto. Desde luego, el gobierno del PP se ha hecho insufrible, y no solo por la corrupción. Pero el origen de este seísmo, y su capacidad destructiva, va mucho más allá de la Gürtel… y de Rajoy.

Arranca en 2010, cuando todavía bajo el gobierno de Zapatero, se impuso desde el exterior -lease el FMI, la Comisión Europa, la troika…- un camino de recortes que ha avanzado en medio de convulsiones.

Vivimos una legislatura que para nacer necesitó una inédita doble vuelta de las generales y un golpe interno en el PSOE para forzar la llegada de Rajoy a la Moncloa. Que ha enfrentado un desafío independentista en Cataluña que ha cruzado todos los límites. Y que parece concluirá con mayor inestabilidad.

Todas estas cosas no suceden por casualidad, y no son simplemente el resultado de la gestión de un gobierno de derechas. Para imponer en España el camino de los recortes, los grandes centros de poder mundiales ya han provocado sucesivas sacudidas, y se han enfrentado a serias resistencias, en primer lugar por parte de una mayoría social progresista que se ha rebelado.

Lo que sucede en Italia, donde se han impuesto ya dos gobiernos tecnocráticos, forzando la democracia para que gobierne el FMI o Bruselas, es la prueba de hasta donde están dispuestos a llegar para imponer sus condiciones.

Solo desde aquí -las imposiciones exteriores y las resistencias que generan- podremos comprender por qué una sentencia sobre el caso Gürtel que todos esperaban ha provocado una aguda crisis política.

Una tormenta perfecta y una única línea roja

Aunque parezca mentira si vemos algún telediario, no todo lo que pasa en España se reduce a los escandalosos casos de corrupción. Estamos viviendo una especie de “tormenta perfecta” donde diferentes vectores confluyen en una única dirección.

La corrupción en el PP -no solo el que ostenta el gobierno sino el más sólido dentro del sistema de partidos- ha estallado a una velocidad creciente. Primero fue el “caso Cifuentes”, golpeando a la comunidad de Madrid, el gran pilar del poder autonómico del PP. Luego vino la detención de Eduardo Zaplana, ex presidente valenciano, el otro granero de votos del PP y miembro durante años de su más alto círculo de dirección. Para culminar en una primera sentencia del caso Gürtell que ha convertido una rama local de un entramado de corrupción en un agujero en la línea de flotación del gobierno de España.

Tres golpes encadenados que han colocado al PP y al gobierno de Rajoy en una situación límite.

Pero la “tormenta perfecta” necesita otros ingredientes. La propia integridad territorial de España está cuestionada. Finalmente, Torra ha retirado la intención de incluir en su gobierno a ex consellers presos o fugados. Pero el desafío secesionista sigue todavía vivo, bajo la estrategia del sector más aventurero y agresivo del independentismo nucleado entorno a Puigdemont. Saben que no están en condiciones de un enfrentamiento abierto y necesitan recuperar el control de la Generalitat, pero están dispuestos a todo con tal de mantener la tensión en Cataluña y abierta la herida contra la unidad.

A ello se une la ambivalente posición del PNV, que en Madrid saca tajada apoyando los presupuestos de Rajoy, mientras en Euskadi aprovecha el final de ETA y pacta con Bildu poner en marcha una reforma del Estatuto que recuerda el “procés” catalán, aspirando al reconocimiento de la nación vasca, el derecho a decidir y la relación bilateral con el Estado.

Y en esta nueva crisis política, donde el mismo futuro del gobierno de Rajoy está en juego, ha vuelto a aparecer el fantasma que todos los centros de poder quieren conjurar: la de un gobierno de progreso.

La moción de censura presentada por Pedro Sánchez solo tenía dos posibles vías: o recababa el apoyo de todas las formaciones independentistas… O se abre la puerta -esta vez con más probabilidades de éxito que en ocasiones anteriores, dada la antagonización de la situación y su carácter móvil- a un posible entendimiento entre el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos con el objetivo de desalojar al PP del gobierno.

Esta posibilidad, aunque remota, encendió todas las alarmas. El pronunciamiento de algunos grandes bancos y fondos de inversión, todos ellos anglonorteamericanos, ha sido claro: antes que permitir un gobierno de Pedro Sánchez hay que ir a elecciones anticipadas.

No porque se desconfíe de Pedro Sánchez. Ya ha reiterado que cumplirá todos los compromisos con la UE .Y se da por supuesto, ya no es necesario ni siquiera mencionarlo, que hará lo mismo con la OTAN. Pero su llegada a la Moncloa basado en un acuerdo entre las fuerzas que representan a la mayoría de progreso, aunque fuera el más moderado posible, obligaría a reconocer aunque fuera en parte las reivindicaciones populares que el gobierno de Rajoy ha bloqueado.

El epicentro de todas las crisis

El origen del actual terremoto político no está en el año 2000, cuando amparado por una hiper mayoría absoluta del PP se fraguó la trama Gürtel. Sino unos pocos años más tarde, a partir de 2010, cuando desde Washington y desde Berlín se impuso sobre España un draconiano proyecto de recortes.

Estamos sufriendo un seísmo político de máxima intensidad, pero la inestabilidad política y las sacudidas caracterizan la situación política desde hace años y la inestabilidad política hace tiempo que amenaza con volverse crónica.

Tiene su origen en el estallido de la crisis y en el proyecto del hegemonismo norteamericano, secundado por el imperialismo alemán y aceptado por la oligarquía española, cuyo centro es dar un salto en el saqueo del 90% de la población, aumentando el expolio de las riquezas nacionales por parte del capital extranjero. Y que para su ejecución necesita ir acompañado de una mayor degradación internacional de España, junto a una mayor intervención política y militar desde el exterior sobre nuestro país.

EEUU, Alemania a través de la UE, o la oligarquía española, han impuesto el programa de recortes, la reforma laboral o el rescate bancario. Pero todo lo que han logrado no ha sido en un proceso largo de estabilidad, sino todo lo contrario, en medio de huelgas y manifestaciones contra los recortes y las reformas como la de las pensiones, reformas exprés con nocturnidad y alevosía de la Constitución, rescates financieros impuestos a base de sacudidas de la prima de riesgo o golpes de escándalos de corrupción y “elefantes” que han salpicado hasta las más altas instancias del Estado.

No es que les beneficie, es que ellos y la imposición de sus proyectos sobre España son la principal fuente de inestabilidad y de las sacudidas que azotan nuestro país.

No es que intervinieran cuando impusieron a Zapatero dar un giro de 180 grados a su política, o cuando forzaron a Rajoy a aceptar un rescate de la UE, aunque limitado, que intentaba impedir. Es que lo siguen haciendo, removiendo permanentemente la estabilidad del país para hacer avanzar sus intereses.

El proyecto de EEUU para España, o las pretensiones alemanas, están lejos de haber concluido. Necesitan más penetración en sectores claves de la economía, desplazando a grandes empresas españolas, hacerse con el control del negocio de las pensiones públicas, consolidar las reformas estructurales -es decir recortes- que garanticen los beneficios de multinacionales, la banca y los monopolios o incrementar la participación en la maquinaria militar norteamericana.

Al mismo tiempo, necesitan cerrar un modelo político que sustituya al bipartidismo, y que hoy sigue abierto porque no han conseguido evitar que la mayoría social progresista tenga expresión e influencia política. Cada movimiento que han hecho para ello les ha generado mayores problemas. Impusieron a la fuerza a Rajoy en la Moncloa para evitar un gobierno de progreso. Pero el gobierno del PP, investido gracias al golpe interno en el Partido Socialista, nació ya débil, con una correlación de fuerzas parlamentaria desfavorable, un rechazo social cada vez mayor y con un horizonte judicial por corrupción negro que ahora estalla.

Tampoco se puede entender lo que sucede en España sin partir de como Washington y Berlín intervienen para alimentar las heridas contra la unidad. La justicia alemana no solo parece negarse a extraditar a Puigdemont, sino que lo ha hecho degradando públicamente España, exhibiendo que es un país cuya máxima instancia judicial puede ser enmendada por un länder alemán, y en el que su integridad territorial puede ser cuestionada.

A ello se une el informe de la agencia de inteligencia privada más importante de Estados Unidos, Stratfor Agency, conocida como la CIA en la sombra, sobre el proceso soberanista en Cataluña, en el que avisa que “el conflicto con el secesionismo catalán no se resolverá”. Anunciando que, a pesar de que Torra pueda retroceder y limitarse a “gestos simbólicos”, las heridas contra la unidad seguirán abiertas.

La Comisión Europea también ha dicho la suya, dirigiendo un rapapolvo público a Rajoy… por haber negociado una subida de las pensiones y retrasado la implantación del factor de sostenibilidad. Bruselas presiona al gobierno español para que se cumpla el objetivo de déficit, advirtiendo de que España tendrá que hacer un ajuste de entre 7.500 y 15.000 millones de euros por las concesiones sociales en los Presupuestos. Ninguna concesión a la mayoría social progresista, aunque eso suponga un coste político. Ese ha sido el mensaje claro de Bruselas.

El marco internacional tampoco ayuda a la estabilidad en España. La UE está sumida en una profunda crisis, con epicentro en Italia. La imposición de un gobierno del FMI, violentando las más mínimas reglas democráticas, evidencia que un socio fundador como Italia, no ya países periféricos como Grecia o Portugal, está sometido a acoso y derribo. Uno de los comisarios europeos lo ha exhibido públicamente: “los mercados les enseñarán a los italianos como votar”.

Máxima tensión y escenario imprevisible

El punto más débil del proyecto que Washington, secundado por Berlín, pretende imponer en España es que necesita atacar los intereses fundamentales del 90% de la población, y lesionar gravemente los intereses nacionales.

Esto ha provocado la irrupción de un “invitado inesperado”, un viento popular patriótico y democrático, una mayoría social que rechaza su proyecto, cuya presencia e influencia es cada vez mayor.

Lo hemos comprobado en las movilizaciones de las mujeres del 8 de marzo contra la sentencia de la manada o por los presupuestos contra la violencia machista, y en la movilización masiva en defensa de las pensiones públicas.

Y que tiene una expresión política, porque se ha movilizado en cada una de las citas electorales. Dejando en minoría a quienes defienden los recortes, como el PP, y permitiendo mayorías progresistas tanto en el Congreso como en las principales autonomías y municipios. O levantando un muro contra los intentos de Puigdemont por imponer en Cataluña una independencia unilateral.

Para cerrar de acuerdo a sus intereses un nuevo modelo político, tanto EEUU como Alemania o la gran banca española necesitan limitar al máximo la expresión de la voluntad popular. El peso político que ésta ha adquirido es el “factor inesperado” que trastoca sus planes.

Esto es lo que permite que, bajo una u otra fórmula, las probabilidades de que pueda llegarse a un acuerdo entre las tres fuerzas que representan a la mayoría progresista, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, hayan aumentado.

La dirección del PSOE, representada por Pedro Sánchez, parece apostar por esta vía. Podemos no va a levantar los mismos vetos que en 2016. Y Ciudadanos puede mostrarse dispuesto a negociar su apoyo a cambio de una convocatoria electoral en un plazo breve.

Algunos medios importantes han deslizado incluso que, si hubiera “peligro” de triunfo de la moción de censura promovida por Pedro Sánchez, Rajoy estaría valorando la posibilidad de dimitir.

Si algo caracteriza la situación abierta por el seísmo que conmociona el país es su movilidad y desarrollo imprevisible. Nada hay definitivamente decidido.

Los grandes centros de poder internacionales y nacionales parecen apostar por unas elecciones anticipadas que puedan ofrecer un panorama político más despejado con la posibilidad de una mayoría absoluta conjunta de PP y Ciudadanos, en uno u otro orden. Aprovechando la ocasión para avanzar hacia un nuevo modelo político con nuevos gestores y una nueva nueva clase política. Cambiando la relación entre las fuerzas políticas que garantice las líneas rojas y los límites que los centros de poder mundial tienen fijados: aceptar el aumento de la participación española en la maquinaria militar norteamericana; el incremento de la penetración del capital extranjero sobre las riquezas nacionales; respetar los intereses de la gran banca; y asumir la continuidad del marco impuesto desde Bruselas que limita la soberanía española.

Y en la moción de censura de Pedro Sánchez hay también un “doble fondo”. Puede permitir llegar a un acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos… o encumbrar a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno con el apoyo del PNV y los impulsores del procés de disgregación en Cataluña. Esta última opción sería radioactiva para los intereses populares y nacionales. No todo vale para echar al PP. Pueden haber cosas incluso peores. Y lo que sucede en Cataluña, con un presidente xenófobo como Quim Torra y una consellera de presidencia como Elsa Artadi, formada en la extrema derecha económica norteamericana, así lo demuestra.

Lo que necesitamos y lo que puede pasar

Frente a la crisis cada vez mayor que sufrimos, necesitamos impulsar un gobierno que se apoye en la mayoría de progreso que, aún con grandes diferencias, coincide en querer impulsar la regeneración democrática, la redistribución de la riqueza y la lucha contra la corrupción.

Un gobierno de este tipo sí permitiría dar estabilidad, al ser apoyado por dos tercios de los votantes en las últimas elecciones. Y tendría la legitimidad para empezar a impulsar los cambios que la mayoría social exige y han sido bloqueados en los últimos dos años.

Este es el camino en que debemos empeñarnos. Existe una mayoría más que suficiente para ello. Y solo es necesaria la voluntad política.

Cualquier otra alternativa no haría sino agravar los problemas o preparar una crisis todavía mayor. La continuidad de un gobierno del PP, sometido a una debilidad extrema y a un rechazo mucho más que general, agudizaría todas las tensiones. Unas elecciones en un plazo inmediato se darían en unas condiciones más desfavorables para las fuerzas de progreso.

Lo que suceda en los próximos días y semanas va a determinar el futuro del país. Enfrentamos serios peligros y amenazas. Pero también la posibilidad de dar un salto en la organización de la mayoría social progresista, para avanzar hacia una redistribución de la riqueza, cuyo primer centro debe ser proteger las pensiones públicas blindándolas en la Constitución, para garantizar la soberanía nacional para evitar, como puede suceder en Italia, que sea el FMI quien gobierne directamente el país, y para defender la unidad del pueblo trabajador frente a quienes difunden el principio de divide y vencerás.

Ellos, los grandes centros de poder internacionales y nacionales, juegan sus cartas para reconducir la situación al cauce de sus intereses. Pero nosotros, la mayoría social progresista y el pueblo trabajador, también jugamos en esta partida.