Un Plan para dividir Bolivia

El ex presidente del Comité Cí­vico pro Santa Cruz Branko Marinkovic; el actual vicepresidente cí­vico y presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Guido Nayar; el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz Pedro Yoví­a; y Hugo Achá Melgar, alias «Súperman», representante de la Fundación Human Rights (FHR) en Bolivia, serí­an los principales financiadores del grupo de extrema derecha desarticulado el 16 de abril en la capital cruceña.

Otra organización internacional que quiere denunciar al gobierno boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos or crí­menes de lesa humanidad, la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), también se ha visto involucrada con los presuntos terroristas. Se conoció que Rózsa mantuvo contactos con el delegado de UnoAmérica en Argentina Jorge Mones Ruiz.A principios de abril, el ex carapintada Jorge Mones Ruiz, delegado argentino de UnaAmérica -una organización de ultraderecha que pretende ser la contracara de Unasur-, viajó a Bolivia y se habrí­a contactado con Rózsa. El ingeniero venezolano Alejandro Peña Esclusa, acérrimo opositor al gobierno de Hugo Chávez, es quien preside UnaAmérica, la cruzada por denunciar a los gobiernos «izquierdistas» de América Latina. Bolivia y Venezuela encabezan las «preocupaciones» de la organización que recluta «fieles» y financiamiento en la derecha de Colombia.En Santa Cruz de la Sierra, los carapintadas se unieron con las facciones lideradas por Branco Marincovic, el empresario sojero lí­der del comité secesionista de ese departamento boliviano caracterizado por las consignas racistas contra Morales. Marincovic es de origen croata y fueron varios los carapintadas que recalaron en la guerra de los Balcanes, entre ellos el oficial Rodolfo Barros, otro de los camaradas de Mones Ruiz y Baraldini.El fiscal Marcelo Soza denunció el lunes que el empresario de origen croata y ex lí­der del opositor polí­tico empresarial Comité Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, , además del prefecto de esa región boliviana Rubén Costas y un ex ministro ultraconservador, Guido Náyar, financiaron al grupo irregular de mercenarios enquistado en Bolivia.»La Fiscalí­a emitió citaciones para éstas y otras personas implicadas con la organización montada por este grupo terrorista para que respondan por los ilí­citos ante la justicia», aseveró Soza, al tiempo de denunciar que Marinkovic entregó 200.000 dólares para la compra de armas durante una rueda de prensa la noche del lunes al martes.El dinero fue entregado a un grupo de argentinos, se presume operadores de los «carapintadas» que intentaron derrocar al gobierno del presidente Raúl Alfonsí­n en 1986, según testimonió el paraguayo Alcides Mendoza Malavi, procesado por suministrar armas al grupo irregular que tramaba un magnicidio en el paí­s, como así­ la secesión de Santa Cruz.De acuerdo con Sosa, que citó fragmentos de la declaración del traficante de armas paraguayo, los argentinos desaparecieron con el dinero filtrado por Marinkovic.Según Mendoza Malavi, citado por el fiscal, «Branco Marinkovic, Hugo Antonio Achá, Alejandro Melgar Pereira y otras personas financiaban» las operaciones de la célula de mercenarios extranjeros reclutada por el boliviano croata Eduardo Rózsa Flores, afirmó el fiscal cabeza de la investigación. El grupo armado fue desarticulado a mediados de abril por la policí­a.Soza citó también la versión de un testigo, Ignacio Villa Vargas, conocido en la órbita de la investigación antiterrorista como el «Viejo» quien, en «declaraciones adelantadas», informó que Marinkovic se alineó entre los financiadores del grupo armado. A la espera de comparecer ante un juez, Villa Vargas permanece bajo la custodia de la Policí­a en algún lugar de La Paz.Considerado «testigo clave» en la investigación, Villa Vargas implicó asimismo a Guido Náyar -ex ministro de Gobierno del dictador militar (1971-76) y presidente conservador Hugo Banzer (1997-2001)- en los afanes secesionistas y supuestamente terroristas de Rózsa Flores, abatido en una operación policial a mediados de abril último en un hotel de Santa Cruz.Ese lugar, conocido como la Media Luna, es el epicentro de un permanente ejercicio de golpes y acciones violentas de la ultraderecha boliviana contra el Gobierno, pero allí­ también subsisten ex militares, ex policí­as, paramilitares y empresarios ligados a las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, que conviven con nazis alemanes y croatas.La oligarquí­a separatista cruceña está conformada por un pequeño núcleo de familias ligadas al poder terrateniente, la industria láctea, cervecera, petrolera y los medios de comunicación. Estas familias llegaron al paí­s tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno boliviano aceptó, a solicitud de la CIA, dar refugio a miembros perseguidos de la Ustacha, la organización fascista croata. Desde entonces sus relaciones con la CIA y la DEA siempre han sido intensas.Al revisar las fundaciones asociadas a UnoAmérica surge la evidencia de que todas dependen de las «centrales» como la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, en sus siglas en inglés) o la National Endowment Foundation (NED)-que aparece como destinada a «financiar» la democracia- y otras similares con sede en Estados Unidos y en Europa. A estas dos últimas se las conoce como «la cara social de la CIA » y desde los años 80 trabajan en toda la región financiando proyectos, movimientos y oposiciones supuestamente «democráticas». Una versión remozada de la Operación Cóndor, la coordinadora de las dictaduras militares de los años 70 creada para enfrentar lo que llamaban una «insurgencia supranacional». Por lo pronto las indagaciones siguen su curso y prometen nuevos datos sobre complicidades y artimañas de los grupos oligárquicos, al tiempo que Evo Morales, en trascendente y honorable gesto polí­tico, propuso a todas las fuerzas polí­ticas sin excepción la firma de un pacto nacional antiterrorista comprometiéndolas a no acudir a la violencia para dirimir sus diferencias.Queda pendiente, además, la solicitud reiterada por las organizaciones sociales bolivianas para que se proceda a la inmediata confiscación de los bienes de aquellos personajes de probada participación en la fracasada conjura.