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Queda mucho para que puedan aprobarse, pero ya hay una propuesta encima de la mesa para unos nuevos presupuestos diferentes a los heredados del gobierno de Rajoy. Son un paso positivo porque reflejan el momento político que vivimos, marcado por el empuje de una mayoría social que provocó un cambio de gobierno, y ahora impone subidas de pensiones y salarios, incrementos de gastos sociales…
El acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidos-Podemos no cuestiona la senda de reducción del déficit y disciplina fiscal impuesta por la UE. Pero incluso dentro de esos límites existe un margen de maniobra. El ajuste del déficit puede realizarse por la vía de los recortes, como ha venido sucediendo, o aumentando los ingresos, como se propone ahora.
Algo similar ha hecho el gobierno de progreso portugués, que ha conseguido reducir el déficit y la deuda al tiempo que aumentaba salarios, pensiones y gastos sociales.
¿Cuáles son los puntos principales de esta propuesta de presupuestos que suponen mejoras para la mayoría?
Subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Esto supone una subida de 164 euros respecto a 2018, un 22%, el mayor aumento en un solo año en la historia reciente.
Mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Aplicando la revalorización de todas las pensiones en función del IPC. Y aplicando una subida mayor, del 3%, a las pensiones mínimas y las no contributivas.
Aumento de las ayudas para los dependientes. Incrementando el presupuesto un 40%, con el objetivo de atender a los 110.000 dependientes que todavía no han recibido ayudas a pesar de haber sido aprobadas.
Revertir parte de los recortes en educación. Destinando 536 millones más al aumento de las becas, o 300 millones a la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años.
Lucha contra los alquileres abusivos. Aumentando un 38% el presupuesto del Ministerio de Vivienda, permitiendo a los ayuntamientos poder intervenir para regular los precios del alquiler.
Otras medidas sociales. Desde la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
Además, el acuerdo se compromete a impulsar, “antes de finalizar 2018”, la derogación de los aspectos “más lesivos de la reforma laboral de 2012”, como la prioridad de los acuerdos de empresa sobre los convenios colectivos o la medidas que favorecen la subcontratación y la precariedad. O propone un aumento del 6,7% de la inversión en ciencia e I+D+i, severamente recortada en los últimos años.
¿De dónde va a salir el dinero necesario para sufragar estas medidas? Habrán subidas de impuestos, pero solo para grandes empresas y fortunas.«Las subidas de salarios, pensiones y gastos sociales que recogen estos presupuestos reflejan el aumento de la influencia del movimiento popular»
El tipo mínimo del impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios, se elevará al 15%. Por debajo del tipo oficial del 25%, pero muy por encima del 6,14% que pagaron el año pasado bancos y monopolios.Y para bancos y petroleras el mínimo a pagar será tres puntos mayor, hasta el 18%.
Además se subirá dos puntos el IRPF a quien gane más de 130.000 euros anuales, y cuatro puntos más a quien supere los 300.000, y se incrementará el 1% el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros.
Unas medidas fiscales que se completan con la llamada “tasa Google” a los grandes monopolios digitales, que apenas pagan impuestos, o un recargo del 0,2% a las compras de acciones.
Esta propuesta de presupuestos, al margen incluso de las diferencias con su contenido, son un paso positivo. Porque reflejan el aumento de la influencia de un “viento popular” que se ha convertido en protagonista. Poniendo encima de la mesa la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la mayoría y de que quien más tiene pague más. Y creando una situación favorable para que las reivindicaciones del movimiento popular puedan dar nuevos avances.