La casualidad ha querido que el mismo día en que el ministro Montoro presentaba los datos de déficit de 2013, la OCDE haya publicado un gráfico impactante. Probablemente, el que mejor refleja el desastre de las políticas económicas practicadas en los últimos años en la mayoría de los países avanzados, incapaces de frenar el aumento de la deuda pública hasta niveles insoportables.
El gráfico refleja que el endeudamiento de las diez principales economías del mundo que a la vez tienen el mayor nivel de renta per cápita -entre ellas España-, roza ya el 120% de su PIB. Lo sorprendente no es sólo el porcentaje, sino que se trata del nivel más elevado de los últimos 135 años. Incluso, es ligeramente superior al que llegó a existir en los primeros años 40, cuando la guerra mundial obligó a los países a endeudarse hasta límites desconocidos para financiar la contienda. Ahora no se han producido guerras ni escaramuzas bélicas, pero los distintos gobiernos han tirado con pólvora ajena.
Una simple comparación lo demuestra. El mundo desarrollado necesitó anteriormente 65 años (entre 1880 y 1945) para alcanzar el máximo nivel de endeudamiento conocido hasta entonces (estando por medio dos guerras devastadoras), pero ahora apenas ha requerido de poco más de 40 años para alcanzar tan portentosa progresión (del 40% al 120% del PIB).
El caso español es, entre todos, el más significativo. Como se sabe, España ha multiplicado casi por tres su deuda pública en los últimos seis años (un hecho sin parangón en la reciente historia económica de las naciones avanzadas), pero, al mismo tiempo, ha subido los impuestos de forma brutal. En ningún otro país de la Unión Europea (ni siquiera en los intervenidos) ha crecido tanto el esfuerzo fiscal individual a través de los dos impuestos con mayor potencia recaudatoria: el IVA (cinco puntos el tipo general y tres el reducido) y el IRPF (nueve puntos el tipo marginal máximo sin contabilizar las tarifas autonómicas).Y ello, sin tener en cuenta los aumentos de tipos impositivos en el IBI o los impuestos especiales (gasolinas o tabaco).
Lo dramático, sin embargo, es que, pese a ello, el déficit público apenas decrece. Algo que refleja la incapacidad de este Gobierno para enderezar las cuentas públicas de forma radical, por mucho que la propaganda oficial se regodee en cifras que deberían abochornar. Después de media docena de años en crisis, el sector público, como anunció el viernes Montoro, acumuló un déficit equivalente al 6,62% del PIB, apenas dos décimas menos que el año anterior pese a que las subidas de impuestos decretadas en el último Consejo de Ministros de 2011 (el primero de Rajoy) y las decididas en 2012 han tenido un evidente impacto retardado sobre la recaudación. O lo que es lo mismo, el déficit fiscal ascendió en 2013 a nada menos que 67.755 millones de euros.
Un resultado desalentador
Esta cifra, sin embargo, es engañosa, toda vez que el conjunto de las Administraciones Públicas se endeudó el año pasado en 76.458 millones de euros. Esta es, en realidad, la diferencia entre ingresos y gastos, toda vez que es el dinero que se ha pedido prestado a los mercadosy que habrá que devolver con sus correspondientes intereses. Y todo ello sin contar las ayudas al sistema financiero (unos 5.000 millones de euros más). Es por eso que lo más razonable es analizar la variación de la deuda pública (los pasivos financieros), toda vez que los datos no son manipulables, como el déficit, aunque las cifras estén avaladas por Eurostat. Como sostiene el economista César Molinas, al final el déficit se ha convertido en una convención contable entre países.
Si se echa la vista atrás el resultado es verdaderamente desalentador, y no sólo porque España seguirá siendo el país de la eurozona con mayor déficit público, sino que este país, después de haber disparado la artillería subiendo impuestos y recortando gastos de forma significativa en sectores estratégicos, como la educación o la investigación, se encuentra con un déficit -incluido el estructural que no depende del ciclo económico- descomunal: más del doble que el límite máximo fijado como razonable por los tratados de la UE.
Eso quiere decir que en dos años, el actual Gobierno sólo ha recortado el déficit en apenas 2,4 puntos del PIB (sin contar ayudas a la banca). Sin duda, una victoria pírrica -siendo generosos- fruto de una estrategia de política económica equivocada que se ha centrado en bajar salarios para atraer capital extranjero y que éste pueda comprar pisos baratos o empresas a precio de ganga, pero que ha olvidado que la devaluación de las nóminas se lleva por delante tanto las bases imponibles que grava Hacienda como las cotizaciones sociales que financian la Seguridad Social. Por eso, no es de extrañar que de los 6,62 puntos de PIB de déficit, nada menos que el 83% tenga su origen en las administraciones centrales (incluyendo Seguridad Social) y no en las autonómicas.
Lo paradójico del caso es que ahora el Gobierno, en una pirueta antológica, se plantea bajar impuestos (básicamente IPRF y Sociedades), cuando lo que tendría que haber hecho en su momento es no subirlos para impedir el deterioro de la renta disponible de las familias a causa del desempleo.
Aunque lo que es realmente de aurora boreal es que ahora baje impuestos a crédito. Es decir, que el Estado va a seguir endeudándose este año y el próximo en cantidades ingentes (en torno a 100.000 millones de euros en ambos ejercicios) para poder financiar la rebaja de la presión fiscal. Y la deuda no es otra cosa que los impuestos que se dejan de pagar y se endosan a las siguientes generaciones con la consiguiente carga de intereses. Con razón los mercados están tranquilos sin ninguna aversión al riesgo (Spain is back, sostenía cínicamente JP Morgan), dado que el BCE les garantiza la liquidez suficiente para seguir comprando deuda pública pagando únicamente el 0,25%.Y todo ello sin tributar por IVA. Es sorprendente que las transacciones financieras -en una economía cada vez más bancarizada- sigan sin pagar imposición indirecta.
El fracaso de España en la lucha contra el déficit pone de manifiesto que las reformas económicas -y este Gobierno ha hecho bastantes y muchas en la buena dirección- son una condición necesaria para que aumente la actividad económica, pero no suficientes si no se acierta en la orientación general de la estrategia económica, destinada en estos momentos únicamente a contentar a los mercados. Las ganancias de competitividad son fundamentales, pero no lo es menos apuntalar la tímida recuperación de la demanda interna sin esperar al 1 de enero de 2015.
Borrachera de cemento
El problema del déficit, sin embargo, no tiene sólo que ver, por supuesto, con los errores de este Gobierno, que en todo caso tiene el mérito de haber puesto orden en las cuentas públicas aflorando la morosidad y metiendo en cintura a las comunidades autónomas. Ni siquiera con los desastres del anterior Ejecutivo, por muy manirroto y lamentable que haya sido su política económica.
Hay que buscar las razones en un problema de naturaleza estructural que tiene que ver con la calidad del sistema productivo. Y el hecho de que sólo se supere el 40% de la recaudación respecto del PIB cuando la economía está dopada con el ladrillo (se llegó al 41,1% en 2007 en plena borrachera de cemento) pone de relieve los problemas de fondo. Que hay que vincular con el bajo nivel de ocupación y con la especialización del sistema productivo en actividades de bajo valor añadido.
Los datos no se han hecho públicos todavía, pero es muy probable que en 2013 -pese a la subida de los impuestos-, los ingresos totales no hayan superado el 37-38% del PIB, un nivel a todas luces insuficiente para financiar las grandes partidas del Estado en condiciones dignas de un país desarrollado: pensiones, sanidad, educación o dependencia. Y la prueba del nueve es que, según el Gobierno, este año el Estado, en el sentido más amplio, gastará 390.100 millones sin contar deuda y desempleo, lo que revela la dimensión del problema. Incluso descontando esas partidas, el Estado tendría déficit fiscal.
Esta es la paradoja de la situación económica española. Los indicadores de coyunturas apuntan, sin duda, hacia una consolidación de la recuperación económica, con crecimientos superiores al 1% este año y el próximo, pero, sin embargo, el sector público apenas lo nota: déficit de otros 60.000 millones de euros en 2014, como prevé el Plan Presupuestario, con un saldo primario (sin intereses de la deuda) del -2,2%.
Quiere decir esto que los aumentos de recaudación que pomposamente airea el ministro Montoro tienen más que ver con el dinero público que el Estado ha inyectado en la economía (recuperación de la paga extra a los empleados públicos, pago a proveedores o fondo de liquidez) que con un auténtico cambio de tendencia. Las bases imponibles de los agentes económicos privados (sumando los principales impuestos) siguen cayendo: un 3,9%. Y ya son seis años consecutivos. Ese es el verdadero problema de la economía española, y no sólo la inversión extranjera.