Un debate sobre método.

Se celebran en Zaragoza unas jornadas sobre la financiación municial, en las que se debate, tras treinta años de democracia, la situación actual de financiación de los Consistorios, una brecha que se abre en esta crisis como un gran problema que aparece tras los años de bonanza económica en los que no se reparaba en gastos superfluos. Las jornadas contaron con la presencia de el vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del Partido Aragonés (PAR), José Ángel Biel; el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Javier Lambán; el alcalde de Épila, Martín Llanas, que ocupa el cargo desde aquel 3 de abril de 1979; y el presidente de la Asociación de ex concejales democráticos de Zaragoza, Luis García Nieto.La valoración planteada parte como centro del desarrollo de competencias que con el avance de la democracia han ido tomando los Consistorios, competencias en un principio no contempladas y que se han ido tomando durante estos treinta años suponiendo un cargo de trabajo y gasto que no se acompaña de una reforma en los presupuestos locales. El desarrollo de la tesis manifiesta la cuestión que no se ha llegado a llevar a cavo sobre el porcentaje de aportaciones de los presupuestos, que en principio debían resolverse en una medida de 50% a cargo del Estado, 25% a cargo de las Comunidades y otro 25% a cargo de los Municipios, según nos recordó el ex concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Luis García Nieto. Pero lo que cabe preguntarse es ¿Quién decide en esto? Ya que en primer lugar no se señala en todo este debate el papel que el Gobierno hace para los bancos, que ven las inyecciones de dinero público que reciben sin mover un ápice la deuda de los Ayuntamientos, de manera que cobran por ambas partes, pero el dinero sale de los mismos bolsillos, es decir, el de todos.Por otra parte hay que destacar que no es un problema de método, es un problema de quién decide, y por supuesto que a la banca le interesa muchísimo tener como deudores a cada Ayuntamiento, de forma que estos en momentos críticos tengan que responder ante ellos en vez de ante los ciudadanos. El centro del problema de la financiación local debe ser quién decide y para qué, debe ser una posición firme que cambie la correlación de fuerzas. ¿No estaba en manos de los políticos cuando inyectaron los 150 000 millones? Ya que hicieron que todos le pagásemos los beneficios a Botín, al menos podían haber aprovechado para exigir unas condiciones mínimas de beneficio para la gente que pagamos. Exigir que esta inyección fuera a cambio de no solo la deuda de los municipios, sino, de unas condiciones beneficiosas que situaran la banca en beneficio del país, y no como sucede, que somos un país para el banco de Sr Botín.Otro de los problemas que no se trata en estas jornadas, es el despilfarro que los políticos locales y nacionales practican en sus gestiones. Solo recortando y poniendo medidas contra la corrupción y el despilfarro se puede obtener mucho ahorro que redistribuya el dinero público en beneficios para la gente. No es un problema burocrático como se intenta plantear, es un problema de quién dirige hacia donde se destina el dinero de todos y en beneficio de quién.