Cargando...A PUERTA cerrada, sin periodistas y sin aceptar ninguna pregunta previa, los 121 delegados de UGT Andalucía decidieron ayer en un comité extraordinario nombrar a Carmen Castilla por una muy amplía mayoría nueva secretaria general del sindicato.
Castilla, de 45 años, era responsable de Políticas Sociales e Igualdad en la anterior dirección que encabezaba Francisco Fernández Sevilla, que dimitió a finales de noviembre pasado a causa del escándalo de las facturas falsas y la financiación irregular de UGT en Andalucía, desvelado por ELMUNDO.
Tras la votación, la nueva secretaria general prometió «empezar de cero» para recuperar «la credibilidad» del sindicato, pero tendrá que demostrar la sinceridad de sus palabras porque fue elegida gracias al apoyo del aparato que controla Fernández Sevilla, que hasta el momento de su dimisión intentó tapar los abusos y las fechorías denunciadas por este periódico.
Fernández Sevilla llegó a asegurar, en el colmo del cinismo, que su organización había actuado de forma «modélica» y que lo único que se había producido eran pequeños desajustes en la contabilidad. Pero tuvo que dejar el cargo cuando se demostró que el sindicato había montado un complejo sistema para encubrir la malversación de esos fondos. Ahora UGT Andalucía pretende hacer borrón y cuenta nueva sin reconocer sus malas prácticas, sin reponer lo defraudado y sin pedir perdón.
La dirección nacional de UGT, con Cándido Méndez al frente, era partidaria de un congreso extraordinario precedido de un debate sobre la necesidad de introducir mayores controles en el sindicato. Pero el aparato andaluz ha optado por cerrar filas, procediendo a una renovación que, según sospecha el sector crítico, es una pura simulación para ganar tiempo y lograr que el temporal amaine.
Hay motivos para ponerse en lo peor porque Fernández Sevilla prometió realizar una investigación interna, averiguar lo sucedido y castigar a los culpables. Nada de eso se ha hecho. Los dirigentes del sindicato en Andalucía se han limitado a cambiar a las personas, sin realizar la menor autocrítica y con una absoluta falta de transparencia que contradice esa voluntad de cambio. Todo indica que la elección de Carmen Castilla es una mera maniobra para que las bochornosas actuaciones de sus antiguos dirigentes queden impunes. Pero ello no será fácil porque, entre otras razones, hay una investigación judicial en marcha.
Si Susana Díaz fue proclamada tras unas primarias a las que nadie pudo presentarse, la nueva secretaria general ha sido designada por la dirección sin el menor debate y obviando cualquier reflexión sobre el pasado. Estamos ante un nuevo escándalo dentro del escándalo que corrobora la opacidad de este sindicato, que ni hace públicas sus cuentas, ni informa sobre su financiación, ni explica sus decisiones, pero que no carece de reparos en acudir a la puerta de un juzgado para increpar a la juez que investiga el fraude de los ERE. Todo ello corrobora que la UGT andaluza no cree en la democracia interna ni está dispuesta a tomar medidas contra esa corrupción que está destruyendo la credibilidad que Castilla promete ahora restaurar.