UE y FMI imponen un drástico recorte a Portugal

“Un drástico recorte de las prestaciones sociales, aumento de impuestos y endurecimiento de las reglas del mercado laboral son los ejes del programa de austeridad que durante tres semanas han negociado en Lisboa la troika del FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo (BCE) con el Gobierno portugués. El programa se ha conocido hoy, aunque hasta mañana no será presentado oficialmente.”

Un día desués de que el primer ministro José Sócrates dijera al país que Portugal había conseguido "un buen acuerdo", se supo la realidad de lo firmado, que no será precisamente un plato de buena digestión para amplios sectores de la población. El memorando de entendimiento subraya como uno de los principales objetivos la reducción del déficit público por debajo de 10.068 millones de euros (5,9% del PIB) en 2011, de 7.645 millones (4,5%) en 2012 y de 5.224 millones (3%) en 2013. (EL PAÍS) EL CONFIDENCIAL.- La protesta social en Cataluña dio ayer un paso de gigante: los profesores han decidido sumarse a los trabajadores de la sanidad y protestar semanalmente por los recortes que el Gobierno de Artur Mas quiere imponer. Si en el sector sanitario la Administración quiere ahorrar 1.000 millones de euros con la rebaja de personal, el cierre de plantas y quirófanos y otras medidas estructurales, en el ámbito de la educación casi 4.000 profesores pueden irse a la calle durante los próximos meses. Ésas son las cifras que la consejera de Educación, Irene Rigau, puso sobre la mesa en una reunión forzada ayer por los sindicatos del sector. PÚBLICO.- La mayoría de la ciudadanía no conoce ni está informada sobre las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales, que tienen un enorme poder. Sus decisiones afectan al bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población trabajadora en el país. Son mutuas establecidas para compensar a las familias de los trabajadores que mueren en accidentes laborales, o quedan incapacitados temporal o permanentemente como consecuencia de aquellos accidentes, o enferman como resultado de causas laborales. Se financian con aportaciones empresariales que, en realidad, son aportaciones basadas en las rentas del trabajo originadas en la empresa. Las cantidades que tales mutuas manejan son enormes Rescates. El País La UE y el FMI imponen un drástico recorte social para rescatar a Portugal Francesc Relea Las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el rescate financiero de Portugal, de 78.000 millones en tres años, supondrán un giro a peor de las condiciones de vida de la mayoría de los portugueses. Un drástico recorte de las prestaciones sociales, aumento de impuestos y endurecimiento de las reglas del mercado laboral son los ejes del programa de austeridad que durante tres semanas han negociado en Lisboa la troika del FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo (BCE) con el Gobierno portugués. El programa se ha conocido hoy, aunque hasta mañana no será presentado oficialmente. Un día después de que el primer ministro José Sócrates dijera al país que Portugal había conseguido "un buen acuerdo", se supo la realidad de lo firmado, que no será precisamente un plato de buena digestión para amplios sectores de la población. El memorando de entendimiento subraya como uno de los principales objetivos la reducción del déficit público por debajo de 10.068 millones de euros (5,9% del PIB) en 2011, de 7.645 millones (4,5%) en 2012 y de 5.224 millones (3%) en 2013. En el periodo 2012-2013, el acuerdo pretende un ahorro de 1.000 millones de euros para mejorar el trabajo de la Administración pública, con mayor eficiencia y eliminación de servicios superfluos, limitación de nuevas contrataciones en la esfera central, local y regional para lograr una reducción del personal del 1% y 2% anual en el periodo 2012-2014, congelamiento de salarios en 2012 y 2013, y disminución de las prestaciones médicas de los funcionarios. Menos inversiones y más eficiencia La tijera afectará a la educación (370 millones de euros en el mismo periodo), con reducción de personal y de subsidios a escuelas privadas y al sistema público de salud (925 millones de euros). En concreto, se reducirán las ayudas a medicamentos y atención hospitalaria, y aumentarán para el usuario las tarifas del sistema de copago (taxa moderadora). Habrá una rebaja progresiva de las pensiones superiores a 1.500 euros mensuales, (para ahorrar 445 millones de euros), que tendrán que pagar un impuesto adicional, del seguro de desempleo (150 millones), del coste de las empresas públicas (515 millones) y de las transferencias a las administraciones locales y regionales (175 millones). En el capítulo del ingreso, el acuerdo establece una reducción de las deducciones fiscales y regímenes especiales de sociedades (150 millones de euros en 2012) y de personas físicas (otros 150 millones). Las medidas afectarán también a las regiones autónomas de Azores y Madeira. Se grabará la propiedad de la vivienda eliminando ventajas y deducciones en hipotecas (250 millones de euros) para reactivar el mercado de alquiler. Aumentará el IVA a base de rebajar las exenciones (410 millones), modificar el gravamen de bienes y servicios, y limitar la reducción de dicho impuesto a un máximo del 20% en las regiones autónomas, en comparación con los tipos aplicables en territorio continental. Y subirán también los impuestos al consumo, para recaudar 250 millones en 2012, como vehículos, tabaco, y se introducirá un impuesto al consumo de electricidad. Las condiciones del mercado de trabajo sufrirán cambios drásticos. Se reducirá la duración máxima del subsidio de desempleo de tres años a 18 meses, y el tope de su valor pasará de 1.257 a 1.048 euros al mes. El despido será más barato, sobre todo para los trabajadores sin contrato fijo, que pasarán a cobrar de 30 a 10 días por año trabajado. Para preservar la estabilidad financiera y la liquidez del sector bancario, las autoridades portuguesas se comprometen, bajo las reglas de la UE, a facilitar la emisión de bonos con la garantía del Tesoro por un valor límite de 35.000 millones de euros. El rescate financiero aprobado incluye un paquete de 12.000 millones de euros para capitalizar la banca y cubrir el agujero de más de 5.000 millones de euros del Banco Popular de Negócios (BPN), nacionalizado por el Gobierno en octubre de 2008. El objetivo es la reprivatización de esta entidad antes de finales de julio de 2011. También estará bajo la lupa de los prestamistas la situación de las empresas públicas, para reducir su grado de dependencia financiera del Estado. El acuerdo señala como objetivo la reducción de los costes operacionales a finales de este año en un 15% de promedio, en comparación con 2009. El Gobierno se compromete a acelerar la privatización de empresas públicas, empezando este año con la compañía eléctrica EDP, la aérea TAP, las Redes Energéticas Nacionales (REN). El programa continuará con Aeropuertos de Portugal, Galp, Correos, y la división de seguros de la Caixa Geral de Depósitos, el mayor banco portugués, de titularidad pública. Las reformas estructurales empezarán por una reducción en un 15%, como mínimo, de los puestos de dirección y de las unidades administrativas del aparato del Estado. Se trata de aplicar la segunda fase del Programa de Reestructuración de la Administración Pública de 2007, iniciado por el primer Gobierno de José Sócrates y que quedó interrumpido. El Ejecutivo presentará una ley en el Parlamento para una reducción similar en la Administración local. La reforma del sistema de Justicia es la otra carta a la que apuesta el acuerdo firmado en Lisboa. Una asignatura pendiente, "esencial para el buen y justo funcionamiento de la economía", según advierte el acuerdo. EL PAÍS. 5-5-2011 Cataluña. El Confidencial Cataluña planea despedir a 3.700 profesores de la escuela pública A. Fernández La protesta social en Cataluña dio ayer un paso de gigante: los profesores han decidido sumarse a los trabajadores de la sanidad y protestar semanalmente por los recortes que el Gobierno de Artur Mas quiere imponer. Si en el sector sanitario la Administración quiere ahorrar 1.000 millones de euros con la rebaja de personal, el cierre de plantas y quirófanos y otras medidas estructurales, en el ámbito de la educación casi 4.000 profesores pueden irse a la calle durante los próximos meses. Ésas son las cifras que la consejera de Educación, Irene Rigau, puso sobre la mesa en una reunión forzada ayer por los sindicatos del sector. Representantes de las principales centrales (CCOO, UGT y Ustec) decidieron encerrarse en las dependencias de la consejería el pasado 28 de abril para obligar a la consejera a exponer claramente sus objetivos y a negociar los recortes. La medida de presión tuvo sus frutos ayer, con la celebración de una reunión en la que se expusieron, por primera vez, cifras encima de la mesa. Mientras Rigau detallaba centro a centro el personal que quedaría para el próximo curso, los trabajadores de los principales hospitales públicos cortaban las principales vías de comunicación de Barcelona: los del hospital Vall d’Hebron tomaban la Ronda de Dalt, al norte de la ciudad, los de Bellvitge paralizaban el tráfico en la entrada sur de Barcelona, los del Hospital del Mar hacían lo propio en la Ronda Litoral, al este; y los del Clínico cortaban la calle Villarroel. Otro grupo de manifestantes se concentraron durante una hora frente a las instalaciones de la televisión autonómica, en Sant Joan Despí. Las protestas de los docentes serán similares a partir de ahora, aunque con la salvedad de que no se producirán cortes de circulación: los profesores han dado la consigna de concentrarse ante sus centros todos los miércoles a las 13 horas y aprovecharán para explicar su situación a los padres y madres que vayan a recoger a sus hijos. Además, se sumarán a la gran manifestación prevista para el 14 de mayo en defensa de los servicios públicos y contra el tijeretazo de Mas. “La consejería negó que fuese a reducir personal, ya que insistía en que los profesores que no tienen cabida en un lado, se recolocarán en otro. Pero cuando pasamos a discutir sobre las repercusiones centro a centro, no tuvieron más remedio que reconocer que sí afectará”, dice a El Confidencial el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ángel García. En Cataluña, la enseñanza pública tiene unos 67.000 docentes en 2.700 centros, a los que hay que sumar otros 7.000 sustitutos o interinos. El año que viene se jubilarán de 1.600 a 1.800, aunque el Gobierno ya ha anunciado a los sindicatos que no cubrirá la mitad de estas bajas. Además, los centros de educación primaria perderán entre 1,5 y 3 profesores cada uno (aunque en algunos la pérdida puede suponer hasta más de 4 profesores), mientras que el recorte en secundaria es algo menor y la incidencia de los recortes será de sólo medio profesor por centro. “Con los números en la mano, viendo cómo afecta el tijeretazo a cada centro, calculamos que sobran un mínimo de 3.700 profesores”, subraya Ángel García. Desde la consejería no se ve el tema de esta manera. Rigau detalló ayer que lo que se hará será “optimizar las horas de dedicación” de los docentes, aunque entre líneas admitió que habrá menos profesores a pesar de que se mantienen las plazas de interinos. Habló, para ello, de maestros de refuerzo a las clases en primaria, aunque no explicó que estos maestros de refuerzo ya estaban contados al fijar el cómputo global de docentes del centro, por lo que en realidad la plantilla es menor. “La calidad se incrementa a pesar de que la cantidad varía”, subrayó. Lo que pasa, según ella, es un “cambio de paradigma, una nueva manera de asignar recursos”, ya que se incrementa la calidad con la reorganización de la plantilla, al prestar una atención más personalizada. Los sindicatos no están de acuerdo. “La Administración juega con los números”, advierten. Además, sostienen que la situación se agrava respecto al año que viene, ya que se prevé la incorporación de unos 15.000 alumnos nuevos al sistema. “Ello quiere decir que tendremos menos personal para atender a más niños. Y habrá una doble consecuencia. Como estos recursos que ahora tenemos ya no los tendremos, se verá afectada la calidad de la enseñanza. Pero, además, también se verán afectadas las condiciones del trabajo de los profesores, que serán inferiores a las actuales. En otras palabras, se pierden los refuerzos necesarios y el número de horas trabajadas será superior”, afirma el dirigente de CCOO. La Cámara, por los recortes La Cámara de comercio de Barcelona, que preside Miquel Valls, por su parte, echó ayer una mano al Gobierno catalán, al presentar un documento que, bajo el título El sector de la salud en Cataluña, justifica los recortes que se quieren imponer. La institución aboga por abrir “un análisis profundo y alejado de movimientos electorales” a nivel estatal, por revisar “el actual sistema de copago y las medidas para impulsar la corresponsabilidad” y por “situar la concentración de la oferta y la racionalización de los recursos como medidas centrales de los planes que se configuren para hacer frente al contexto económico actual”. El informe destaca que “Cataluña dispone de un sistema de salud vanguardista a nivel mundial”, que es el primero en gasto de I+D+i y el cuarto en exportación. “Sin embargo, el gasto sanitario por habitante en Cataluña se sitúa en la media del gasto por comunidades, muy lejos del País Vasco, Navarra o Extremadura y muy por debajo de la gran mayoría de países europeos, especialmente de las regiones con niveles parecidos de renta y desarrollo (Francia, Suecia, Italia)”. También señala que “es preciso reducir los gastos para garantizar el modelo sanitario del futuro”. Por ello, indica, “no es el momento de posiciones partidistas ni enfrentamiento. Desde la responsabilidad, es preciso no contribuir a confundir a la ciudadanía, explicar con transparencia cuál es la situación real de nuestra sanidad, buscar complicidades y mantener la confianza con los profesionales y el sistema”. EL CONFIDENCIAL. 5-5-2011 Opinión. Público El escándalo de las mutuas patronales Vicenç Navarro La mayoría de la ciudadanía no conoce ni está informada sobre las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales, que tienen un enorme poder. Sus decisiones afectan al bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población trabajadora en el país. Son mutuas establecidas para compensar a las familias de los trabajadores que mueren en accidentes laborales, o quedan incapacitados temporal o permanentemente como consecuencia de aquellos accidentes, o enferman como resultado de causas laborales. Se financian con aportaciones empresariales que, en realidad, son aportaciones basadas en las rentas del trabajo originadas en la empresa. Las cantidades que tales mutuas manejan son enormes. En 2010, la diferencia entre los ingresos y los gastos fue la impresionante cifra de 5.000 millones de euros. Estos fondos son gestionados por representantes del mundo empresarial que son también los que, en la práctica, gestionan los criterios de compensación a los trabajadores y el criterio de definir si las causas de la muerte, de incapacidad y/o enfermedad son laborales o no. Es esta capacidad de definición la que les da un enorme poder, que hasta hace muy poco no se ha cuestionado. Estas mutuas señalan que no son ellas, sino el Estado, quien define tales criterios. Según ellos, lo que la mutua hace es meramente aplicar la normativa oficial. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Como resultado de este poder, España se encuentra en una situación única en los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo): la de no haber tenido ninguna muerte debido a una enfermedad por causa laboral en 2000, en 2001, en 2002, en 2003 y en 2004. Y en 2005, por primera vez, tres personas –según las cifras oficiales aportadas por tales mutuas– murieron por enfermedades laborales. Este número no ha variado desde entonces. En el año 2009 continuaban siendo tres. Ningún otro país de la OCDE se encuentra ante esta situación de subregistro tan importante de mortalidad debido a enfermedades laborales. Es una situación que puede y debe definirse como escandalosa. En realidad, es muy fácil calcular el número de muertes que España tiene como consecuencia de enfermedades adquiridas en el lugar de trabajo. Estos datos pueden obtenerse extrapolando la experiencia en otros países con poblaciones laborales parecidas que tengan condiciones de trabajo semejantes a las existentes en nuestro país. Según el Grupo de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, en España se mueren alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo. Cada año hay 9.400 muertos de cáncer, 3.600 muertos de enfermedades cardiovasculares y 1.700 muertos de enfermedades respiratorias causadas en el lugar de trabajo. Y ninguna (repito, ninguna) de ellas aparece en el registro oficial de muertes de causa laboral de tales mutuas, que son las que suministran este tipo de datos. Esto quiere decir que las mutuas no pagan las compensaciones debidas a los familiares de los fallecidos, consiguiendo un ahorro y unos beneficios claramente exuberantes. Aun cuando se definen como entidades sin afán de lucro, los ingresos entre los dirigentes y gestores de estas mutuas, así como los pagos por dietas complementarias, están entre los más altos en el mutualismo español. Un tanto semejante ocurre con las enfermedades laborales, que apenas se registran en tales mutuas. Sólo se registran 30.000 casos anuales, la inmensa mayoría de ellos leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho más grandes: cerca de dos millones de personas padecen enfermedades laborales (un 9% de los trabajadores y un 13% de las trabajadoras). De nuevo, el ahorro de las mutuas, basado en este subregistro, es enorme. Su tasa de beneficios depende de este subregistro y a ello dedican una gran cantidad de recursos: abogados, “expertos” laborales y otros que constantemente y diariamente testifican en los tribunales negando la causa laboral de las enfermedades y de las muertes. Lamentablemente, no ha habido ningún canal de televisión público o privado que haya hecho un reportaje crítico de una de las prácticas más escandalosas existentes en nuestro país. Esta situación no es sólo injusta para los muertos y sus familiares, así como para los pacientes de tales enfermedades, sino también para la ciudadanía en general, pues es esta la que paga los impuestos que financian –a través del sistema público sanitario– los cuidados médicos de tales enfermedades, cuando en realidad debieran ser pagados por tales mutuas. Una cifra que puede dar una idea de ello es que el 18% de los enfermos hospitalarios (estimación muy conservadora del Observatorio Social de España) tienen enfermedades laborales. El coste para el servicio público sanitario de atender a estos y otros enfermos por causas laborales representa un 14% de todo el gasto sanitario (cifra que, de nuevo, es muy conservadora, pues es más que probable que alcance el 20%). Si se corrigiese esta situación y las mutuas patronales pagaran esta cantidad al sistema público sanitario, el Estado y el Gobierno de la Generalitat se podrían haber ahorrado los recortes del 10%. ¿Ocurrirá? No es probable. ¿Por qué? Por la misma razón que el Estado no ingresa los 76.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal. La respuesta a ambas preguntas es la enorme influencia que los grandes poderes fácticos –entre los cuales destacan la banca, las compañías de seguros y las mutuas patronales, así como el mundo de las grandes empresas– tienen sobre el Estado (sea este central o autonómico). Así de claro. PÚBLICO. 5-5-2011

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