El número de altos cargos, sumando las administraciones estatal y autonómicas y según datos propios del sindicato USO, del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines autonómicos, es de 4.381 altos cargos que cobran al año un total de 181.370,24 euros…
…sin incluir comlementos de productividad, gratificaciones, dietas, gastos de automoción, de telefonía movil, seguridad etc.. A dicho número hay que añadirle otro no cuantificado de responsables de empresas públicas y altos ejecutivos, los cuales no están catalogados como altos cargos pero sus retribuciones están muy por encima de los empleados públicos, como ocurre con gerentes de empresas públicas de Andalucía que cobran más que el presidente de la Junta.USO propone la reducción del sueldo en un 10% de todos los altos cargos a nivel político, caso de asesores, responsables de empresas públicas etc, y la disminución en un 20% de las retribuciones de los parlamentarios nacionales y autonómicos. También, propone la eliminación de los planes privados de pensiones existentes en las administraciones públicas, que no están sujetos a cotización social y que debilitan al sistema público de pensiones. Esto supone, según su Secretario General Luis Deleito, “revertir en cotizaciones a la Seguridad Social en la Administración General del Estado, por ejemplo, un total de 341 millones de euros, eliminando el plan de pensiones participado por BBVA, CCOO y UGT”.Otras medidas para recortar el gasto corriente de las administraciones públicas apuntan a la reducción de gastos en energía, adaptación de las instalaciones para el ahorro energético y eliminación de otros gastos innecesarios. Por ejemplo, la inversión en publicidad. Así, el Gobierno central aprobó en Consejo de Ministros el pasado 30 de enero de 2009 dos partidas presupuestarias para publicidad (151,9 millones y 147, millones), y las cifras en el resto de administraciones públicas “suponen partidas económicas muy elevadas”.El ahorro del 20% de los gastos superfluos del estado puede mantener el sueldo de dos millones de puestos de trabajo: ¡Sí se puede!