¿Tiene derecho el gobierno a descalificar la huelga?

Los juzgados andan alborotados. En una decisión sorprendente, los jueces se han declarado en rebeldí­a, han formado un comité de huelga, decretado servicios mí­nimos… Se trata de la primera huelga judicial en la historia de España. El ministro del ramo ha achacado la huelga a intereses corporativos, declarando que «degrada la justicia». ¿Pero por qué se amotinan los jueces, un sector nada proclive precisamente a la lucha reivindicativa? Y sobre todo, ¿tiene derecho el gobierno a descalificar la huelga, o es uno de los principales responsables de esa «degradación de la justicia» que cargan sobre otros?

El detonante que ha dado lugar a la huelga arte del caso Mari Luz. Cuando se supo que se supo que Santiago del Valle pudo asesinar a la niña porque un error judicial le había dejado en libertad, una oleada de indignación social se dirigió contra la justicia.Los jueces respondieron denunciando el miserable estado de la justicia (escasez de medios, nulo intercambio de información, sobrecarga de trabajo…) como el caldo de cultivo que hacía germinar esos garrafales y trágicos errores.Entonces se activó un proceso que ha desembocado en la insólita imagen de unos juzgados en huelga. 4.500 jueces, representando a 21 de los 31 partidos judiciales españoles, decidieron en sucesivas votaciones declararse en huelga. Dos asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente decidieron secundar la convocatoria.Entre las reivindicaciones de los jueces se encuentra la creación de 1.200 juzgados más en cinco años, que alivien la excesiva carga de trabajo que hoy soportan, o una reforma estructural que incluya inversión en modernización –por ejemplo la informatización de los archivos que permita el intercambio de información instantáneo entre diferentes juzgados, o entre estos y la policía-.El gobierno ha intentado por todos los medios paralizar la huelga. Ha movilizado a las dos asociaciones de jueces “oficiales” (la Asociación Profesional de la Magistratura, vinculada al PP, y Jueces para la Democracia, conectada al PSOE), que se han desmarcado de la huelga. Ha echado mano del Consejo General del Poder Judicial, que ha declarado la huelga ilegal.Pero nada ha detenido la movilización de los jueces. Y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha arremetido contra ellos acusándoles de defender “intereses corporativos”, pretender subidas de sueldo en plena crisis o “negar a los ciudadanos un derecho básico como la tutela judicial” al declararse en huelga.El ministro de la famosa cacería ha ido más lejos al afirmar que la huelga “degrada a la justicia”. ¿Tiene razón Bermejo? ¿Qué es lo que de verdad “degrada la justicia”?Lo que degrada la imagen de la justicia es, por ejemplo, el Pacto de Estado alcanzado hace pocos meses por el PSOE y el PP, de la mano de Zapatero y Rajoy. Un infame cambalache donde los dos principales partidos se repartieron como cromos los sillones del máximo órgano de los jueces. Y que perpetúa los peores vicios de una justicia transformada en una casta burocrática esclerotizada, impune en sus desmanes y ajena por completo a las preocupaciones y en sentir social mayoritario.Zapatero y Rajoy movieron cielo y tierra para que no pudieran acceder al Consejo General del Poder Judicial, y por tanto tener poder para dirigir la justicia, los jueces que más apoyos habían recogido de sus compañeros, como Grande Marlasca, y que gozaban al mismo tiempo de un mayor afecto social. Y les prohibieron la entrada al máximo órgano judicial por el mero hecho de ser independientes, de no estar sometidos a los intereses de turno.¿Cómo no se va a degradar la justicia si la fiscalía pide cinco años de prisión para los trabajadores que, en defensa de su puesto de trabajo, invadieron sólo por unas horas el aeropuerto del Prat, y al mismo tiempo pide la absolución de Botín las dos veces que el presidente del Santander ha pisado los juzgados?¿Cómo no va a ofrecer la justicia una imagen de absoluta degradación si la abogacía del Estado persigue con saña a los trabajadores que dejan de pagar dos euros a hacienda, cobrándoles un 14% de intereses, y sin embargo no presenta cargos cuando Emilio Botín, en el caso de las primas únicas, idea una gigantesca malversación a la hacienda pública?Esto es lo que “degrada la justicia”, señor Bermejo, y no las reivindicaciones de un grupo de jueces.Es necesario, como reclaman los jueces en rebeldía, una mayor inversión para modernizar y hacer más eficaz la justicia. Pero sobre todo hace falta una profunda regeneración democrática de la justicia, arrancándola del control de una sombría partitocracia, dando entrada en sus órganos de gobierno a jueces independientes y capaces, y no a la intocable casta que hoy se sienta en el Consejo del Poder Judicial, y abriendo la justicia a la fiscalización y control por parte de los ciudadanos.