La deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas abocan al cierre o a los despidos a miles de PYMES y autónomos

Que paguen lo que deben

La Unión Sindical Obrera, USO, ha puesto el dedo en una de las llagas de la economí­a española: exige al gobierno que las administraciones paguen a las pequeñas y medianas empresas, como una medida más para detener la sangrí­a del desempleo. Ya que las Administraciones públicas -gobierno central, autonomí­as y ayuntamientos- se han convertido en el mayor moroso de España lo que tendrí­a una importancia relativa si no fuera porque, en estos tiempos de crisis la morosidad de las Administraciones se convierten en un factor fundamental de los problemas de las PYMES y contribuye decisivamente a la destrucción de empleo.

Entre devoluciones de IRPF, IVA, agos municipales por contratos de obra, servicios como el de limpiezas y otras obligaciones, los ayuntamientos debían en octubre de 2008 (últimos datos disponibles) más de 25.000 millones de euros (3,1 millones de media por cada ayuntamiento), que sumados a los 62.000 de la deuda de las comunidades autónomas suponen más de 87.000 millones de euros. Una deuda que pagada sería como un auténtico “plan de rescate” para miles de PYMES y la conservación de decenas de miles de puestos de trabajo.Para Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), “la morosidad, tanto de grandes como pequeños ayuntamientos y comunidades autónomas, está afectando a las empresas… Si no cambia esta tendencia, en 2009 se destruirán entre 300.000 y 400.000 empleos relacionados directamente con los impagos públicos”.Tanto ATA como USO denuncian el incumplimiento por las administraciones públicas de la ley de morosidad (“El sector público se ha convertido en el mayor moroso de España”) y exigen que cumplan y se acabe con la impunidad con la que actúan.ATA denuncia que los ayuntamientos pagan con un retraso de 240 a 260 días (ocho meses y medio), por los 120-180 (entre cuatro y cinco meses) de las comunidades autónomas, y los más de 60 días (dos meses) de la administración central. Un retraso inasumible para las pequeñas y medianas empresas que, por ejemplo, en relación al IVA tienen que adelantarlo meses antes de cobrar las facturas de la administración.

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