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Jorge Gómez es diputado de la Asamblea Departamental de Antioquía (Colombia) del PDA
No cabe duda de lo afortunado que resultó el Presidente. Según se ha sabido, el tumor cancerígeno descubierto en su próstata, se encontraba encapsulado, es decir, no había atacado otros órganos o expresado en lenguaje médico, no había hecho metástasis. Pero su suerte no se circunscribe solamente a la naturaleza de la enfermedad. Su dolencia fue atendida con una prontitud, eficacia y eficiencia contrastantes de manera dolorosa con la perversa atención en salud que recibimos el resto de los colombianos, atrapados en las redes de un sistema diseñado para favorecer a un puñado de muy poderosos intermediarios financieros: los dueños de las EPS.
Sin embargo la disparidad entre la atención en salud para el Presidente y la que sufrimos la mayoría de sus desdichados compatriotas resulta pequeño, comparado con el paralelo que podemos hacer entre el tumor encapsulado del primer mandatario y ese agresivo y maligno cáncer, con varias reproducciones inducidas, que corroe de manera implacable los ingresos de los trabajadores colombianos y cuyo origen primario no es otro que la flexibilización laboral, calificada en una especie de lenguaje clínico alegórico por un médico amigo como neo-liberalcarcinoma.
La primera tumefacción apareció con la ley 50 de 1990, recién inaugurada la apertura neoliberal de Barco y Gaviria y terminó con una cirugía que le cercenó la retroactividad de las cesantías. Ese era un ahorro muy significativo de los trabajadores que además fue un instrumento invaluable para adquirir vivienda.
La neoplasia avanzo e hizo metástasis en la seguridad social y las pensiones, con el incremento de los aportes, la edad de jubilación y la rebaja de las mesadas. En el gobierno de Uribe apareció otra propagación del foco canceroso, esta vez localizada en la liquidación de las horas extras nocturnas, la indemnización por despido y el recargo dominical: esta nueva protuberancia fue denominada Ley 789 de 2002. La anunció el mesías como una especie de quimioterapia curativa para el desempleo y que curiosidad, resultó ser otra mutilación al ingreso de los asalariados, sin contraprestación alguna para ellos. Los que si resultaron beneficiados, y en qué medida, fueron los diseminadores del cáncer.
En la actualidad cursa en el Congreso un proyecto de ley, impulsado por el Ministro Pardo, que le extirpará el 50% de lo que aún queda de las cesantías de los trabajadores, supuestamente para financiar un seguro de desempleo con tres efectos colaterales perversos: se reduce a la mitad la tasa de los intereses a las cesantías, se entregan al capital financiero esos recursos y se colocan más trabas para el retiro del otro 50%.
Insatisfechos con lo anterior, los agentes cancerígenos, los dueños del Estado colombiano, los agentes del gran capital financiero y de los monopolios encabezados por Santos -el afortunado-, su Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas (¿se acuerdan de Dragacol?) y el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega, anuncian un nuevo avance del corrosivo cáncer de marras: una reforma laboral escondida tras la propuesta de reforma tributaria: eliminará parafiscales y aumentará las cargas tributarias para las rentas del trabajo.
Aquí hay que recordar que los aportes parafiscales para el SENA y Bienestar Familiar fueron fruto de un acuerdo entre empresarios, gobierno y centrales obreras, como una forma de salario entregado por la vía de atención a la primera infancia y la capacitación para el trabajo. No correspondieron ni en su génesis, ni durante su existencia a un impuesto como lo han querido hacer ver de forma maliciosa.
Se alega que los parafiscales extirpados van a ser compensados con una porción del impuesto de renta equivalente al 8% de las utilidades, que en adelante llevará el rimbombante nombre de Impuesto Sobre la Renta para la Equidad. Bonito nombre, pero se puede apostar lo que sea a que el 8% de las ganancias, jamás alcanzará una suma siquiera cercana a la del 13.5% de la nómina, que es lo que propone eliminar la reforma.
El aumento de la carga tributaria para las rentas de trabajo arranca con el artículo 1º de la reforma que define que El impuesto de renta y ganancia ocasional, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deba aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año gravable. En buen romance quiere decir: todas las retenciones hechas a los trabajadores que no declaran renta o sea, la inmensa mayoría que lo hacen cobijados por precarios contratos de prestación de servicios u otras modalidades similares y sobre las que hasta hoy se pueden hacer reclamos tendientes a la devolución, en adelante serán automáticamente convertidas en impuesto.
Se gravarán los ingresos laborales desde los $ 2’300.000 y para acabar de ajustar, la nueva fórmula de liquidación del IVA, inevitablemente producirá un significativo incremento en los precios del pollo y el huevo de entre el 5 y el 8%, productos básicos de la canasta familia, la cual no se vería afectada según el mentiroso decir del gobierno. No solo les bajan los ingresos a los trabajadores; les suben los precios de los productos de obligatorio consumo. Este cáncer se parece a la famosa llaga de Merejo, que según el dicho popular, se le comió las piernas y siguió con las muletas.
Esta enfermedad crónica y progresiva no amenaza solo los ingresos de los trabajadores. También y de manera simultánea constriñe el mercado interno, perjudicando preferencialmente a los productores nacionales no monopolistas.
Debe ser por eso que la bancada liberal en el Congreso, socia de la confabulación denominada Unidad Nacional, afirma que la reforma tributaria es de estirpe liberal, solo les olvidó un pequeño detalle: aclarar que su verdadero linaje es neoliberal.