Subir el IVA, que pagan pobres y ricos por igual, clave de la reforma

Bajar impuestos, como el IRPF, y las cuotas sociales, pero revisar al alza la fiscalidad indirecta, cuya principal figura tributaria es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esa es, en resumen, la propuesta de los expertos a los que el Gobierno ha encargado un informe sobre la reforma fiscal que quiere poner en marcha en los próximos meses, que ha sido presentada esta tarde por el presidente de esta comisión, Manuel Lagares. Algunas de las propuestas de los sabios pueden tener un notable coste social (y político, en puertas de las elecciones europeas, del 25 de mayo), por lo que el Ejecutivo se ha apresurado a desmarcarse del documento.

Los impuestos indirectos son los socialmente más injustos, pues todos los contribuyentes los pagan por igual independientemente de su nivel de renta. Pero los expertos recomiendan subir el IVA para amortiguar el impacto recaudatorio de las rebajas de los impuestos directos, entre los que se incluyen el IRPF y el de Sociedad. El informe calcula en unos 10.000 millones la rebaja en la imposición directa (uno 3.000 en las rentas del capital, y unos 7.000 millones en la imposición sobre las familias), que quedaría compensada con un incremento similar en la imposición indirecta.

Según Lagares, en el acumulado de tres años, esta parte de la reforma tendría un efecto positivo del 0,3% en el PIB, así como del 0,2% para el empleo, «compatible con una ligera aceleración de la senda de reducción del déficit público». Los expertos proponen que la primera fase de la reforma entre en vigor ya en 2015 con una reducción compensada de los impuestos directos, mientras que la rebaja progresiva de las cotizaciones sociales, lo que llaman una devaluación fiscal, se llevaría a cabo «más adelante». Esta medida tendría un efecto positivo de hasta el 0,7% del PIB y y también del 0,7% en el empleo en tres años en términos acumulados.

Estas son las principales recomendaciones del informe de los expertos respecto a los principales impuestos:

El comité de expertos propone reducir a cuatro los siete tramos del IRPF y bajar notablemente los tipos, con una rebaja que sería más intensa para las rentas más altas. Según su propuesta, el tramo más bajo, que en la actualidad está en el 24,75%, se recortaría entre 4 y 5 puntos (Manuel Lagares ha apuntado que debería situarse en las proximidades del 20%); pero el tramo más alto, que ahora está en el 52% (el 56%, en el caso de Catalunya), debería situarse por debajo del 50%; más aún, recomiendan situarlo en el entorno de la media de los países de la eurozona, que ahora está en el 43,7%. Esto es, para las rentas más altas, la reducción de impuestos podría llegar a ser de hasta 8 puntos.

La comisión plantea de forma genérica una rebaja en la tarifa del IRPF («a aplicar ya en 2015 para las rentas medias bajas») atendiendo a las circunstancias personales de los ciudadanos, así como una revisión «significativa» de los mínimos personales para favorecer a las familias con hijos o ascendientes a su cargo

Además, los expertos recomiendan mantener el actual sistema dual en el IRPF, que por un lado grava los rendimientos del trabajo (la tarifa general), y, por otro, los del capital (la tarifa del ahorro). Ahora, el ahorro está gravado con una tarifa progresiva con tipos del 21%, 25 y 27%. Los expertos plantean dejarlo en un tipo único, que debería «alinearse» con el más bajo de la el tramo más bajo de la tarifa general, en torno al 20%. Otra medida que beneficia más a las rentas más altas, que son los que obtienen más ganancias del capital.

Según los expertos, la rebaja de tarifa ha de estar acompañada también de la «recomposición de las bases», eliminando exenciones, reducciones y bonificaciones. Entre las deducciones que deberían eliminarse, segun los expertos, figura la que ahora existe por compra de viviend; no obstante, plantean que esta desgravación desaparezca progresivamente, en un plazo «razonable» de entre 5 y 10 años.

En materia de vivienda, además, los expertos plantean que todos los inmuebles, hasta el de residencia habitual, imputen como renta en el IRPF (aunque en la parte del ahorro), una medida que el Gobierno ha rechazado ya expresamente.

Igualmente, defienden que se mantenga el tratamiento fiscal favorable a las aportaciones a los fondos de pensiones privados. En este punto, plantean también equiparar el tratamiento fiscal de las cuentas de ahorro a largo plazo al de los fondos de pensiones.

Por otro lado, Lagares ha propuesto también la supresión del régimen de módulos por el que tributan los trabajadores por cuenta propia en un periodo de tres o cuatro años y reducir la estimación directa. Según Lagares, este sistema de módulos se diseñó cuando no había los móviles que hay ahora ni las tabletas, y actualmente se puede llevar la contabilidad con un teléfono. «Quitemos los módulos del sistema fiscal», ha dicho.

Los expertos también plantean reducir el tipo nominal del impuesto de Sociedades «de manera significativa» del 30% actual hasta el entorno del 20%, aunque sería una disminución por etapas «con una posición intermedia situada quizá en las proximidades del 25%». La propuesta de los expertos aboga por suprimir el régimen especial de las empresas de reducida dimensión que actualmente permite a las pymes que facturan menos de 10 millones de euros disfrutar de un gramaven más reducido (ahora del 25%).

Además, los expertos proponen eliminar el grueso de las desgravaciones empresariales, como la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, la deducción por inversión de beneficios, por inversiones medioambientales, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y las deducciones por creación de empleo». Además, el documento plantea considerar como fiscalmente no deducible el importe de los gastos financieros netos que se deriven de un exceso de endeudamiento.

El comité de expertos propone que los productos y servicios gravados con el tipo reducido del IVA (el 10%) pasen al tipo general (el 21%), excepto los que gravan la vivienda, el turismo y el transporte público. Los sabios sostienen que esta elevación del tipo reducido al general se debe hacer en «aras de mejorar la capacidad recaudatoria» por lo que urge a que el desplazamiento al tipo del 21 % afecte al «mayor número de bienes y servicios posibles».

En cuanto al IVA superreducido (ahora, el 4%), el informe también indica que a medio plazo estos bienes deberían moverse al tipo general, salvo en el caso de los bienes de primera necesidad que sólo se moverían al 21% si se articulan mecanismos de compensación a través de prestaciones a las rentas mas bajas.

La subida del IVA (así como de otros impuestos especiales), además, debe utilizarse para compensar lo que llaman una «devaluación fiscal» basada en la rebaja de las cuotas sociales, que debería abordarse en una segunda fase de la reforma fiscal. Según ha explicado Manuel Lagares, «más adelante y cuando la financiación de las pensiones se estabilice» habría que acometer una reducción de cotizaciones sociales y otros costes salariales para «abaratar el empleo sin que se vean afectados los salarios de los trabajadores». El presidente del comité de sabios ha concretado que la bajada de cotizaciones que proponen tendría que ser de tres o cuatro puntos para ser efectiva, mientras que el IVA debería subir unos dos puntos.

Antes de llegar a la devaluación fiscal los expertos proponen «transformar» las cotizaciones a la Seguridad Social para que se adecúen a la remuneración percibida, en lugar de estar reguladas por un sistema de bases tarifadas como el actual.

Los expertos recomiendan la «eliminación definitiva» del Impuesto sobre el Patrimonio y apuesta por mantener el de Sucesiones y Donaciones, que tendría una tributación mínima en el territorio nacional. Él grupo de sabios fiscalistas justifica la abolición de Patrimonio en sus «reducidas recaudaciones y en el hecho de que las posibilidades de planificación fiscal internacional para los patrimonios realmente elevados desvirtúan totalmente su posible contribución a la equidad del sistema tributario».

En cuanto a las sucesiones, los expertos apuestan por la creación de una tributación mínima en todo el territorio nacional. «Esa imposición mínima debería contar con una tarifa impositiva que discrimine exclusivamente en función del grado de parentesco«, dice el informe. Los tipos de esa tarifa deberían situarse en niveles reducidos y, conforme a las propuestas de la Comisión, en un rango entre el 4% y el 10%.

En cuanto al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos (que, por ejemplo, se paga por la transmisión de viviendas y coches de segunda mano), el comité apuesta por reducirlo «hasta su desaparición, al introducirse el nuevo IBI».