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Según el decreto ley impulsado por el gobierno Rajoy en abril del pasado año, desde hace un año unos 150.000 sin papeles mayores de 18 años sólo tienen derecho a la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto
Es, sin duda, el sector de la clase obrera en España que más duramente paga con su salud los recortes ordenados por Bruselas y el FMI. En algunas autonomías, como Asturias, Andalucía, País Vasco o Navarra, siguen dando asistencia a estos trabajadores, aunque en muchos casos exigiendo un mínimo de tiempo de empadronamiento; en el resto, un año después, se acumulan los casos dramáticos de vidas pendiendo de un hilo y otras, como la del senegalés Alpha Pam, que murió el pasado 21 de abril en Mallorca de tuberculosis, ya perdidas.
No creamos que son desviaciones aisladas dentro de un rumbo justo. Ni tampoco que en ellos se acaba el problema de la reforma sanitaria. No es la exclusión el problema, sino la parte más sangrante del mismo problema que tenemos todos.
Para una gran mayoría de la población cubierta por la sanidad pública la contradicción principal va a ser si va a recibir la atención sanitaria según los criterios fijados por las sociedades científicas; para el sector más débil, el excluído, las barreras se levantan en los propios accesos a la consulta, para recibir visita o conseguir la medicación. Y algunas veces las barreras son insalvables.
En muchos casos se trata de auténticas ilegalidades.
El susodicho decreto ley afecta, además de los inmigrantes sin papeles, a otros colectivos vulnerables debido a que se recupera el concepto de «asegurado» y «beneficiario». O sea, vincula el hecho de estar asegurado a estar cotizando, la atención sanitaria a la actividad laboral. El Ministerio de Trabajo entra a decidir a quién concede la tarjeta sanitaria y a quién no. Quien no ha realizado actividad laboral reconocida o quien ha perdido la condición de beneficiario puede verse excluido de la atención sanitaria pública.«No es la exclusión el problema sanitario, es la parte más sangrante»
Gracias a sus observatorios (como ODUSALUD en Valencia, formado por 49 entidades), Médicos del Mundo ha podido denunciar y documentar hasta 1.000 casos de inmigrantes excluidos del sistema sanitario cuando por ley deberían haber recibido atención.
Se trata, bajando a la realidad, de mujeres embarazadas sin seguimiento, menores de edad a los que no se ha atendido, trasplantados a los que se ha requerido el pago íntegro de los medicamentos contra el rechazo, y sobre todo, enfermos de cáncer, enfermos mentales y otros males crónicos sin revisiones o sin posibilidad de adquirir sus tratamientos. Otros con tuberculosis o SIDA a los que no se ha atendido según los protocolos de actuación… ¿cómo van a ser casos esporádicos? Si las listas de espera son la expresión burda de que la denegación de auxilio se ha convertido en la línea maestra del modelo sanitario exigido por la banca y los grupos monopolistas, la exclusión es su lado más sangrante, más grotesco, más crudo. Un auténtico genocidio a pequeña escala.«Médicos del Mundo ha documentado 1.000 casos de exclusiones ilegales»
La exclusión no es un problema administrativo, es un problema social de gran calado que se acompaña de miedo y de situaciones muy violentas. El senegalés Alpha Pam, un joven de 28 años que había trabajado en nuestro país varios años, llegó a urgencias de un hospital derivado del ambulatorio con una sospecha de tuberculosis. Su pista se pierde, hasta que falleció un mes después. No se activó el protocolo de una enfermedad de declaración obligatoria, no se le hizo radiografía alguna, porque no tenía tarjeta sanitaria. Al margen de las repercusiones del caso, llama la atención el clima de miedo (a la deportación y a que tengan que pagar la visita) que se ha cernido sobre este colectivo, lo que sin duda contribuyó a que Pam no volviera en urgencias. ¿O acaso es sólo culpa suya?
Mientras organizaciones profesionales como AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid) están sosteniendo una batalla en la calle y en los tribunales para que éstos suspendan la privatización de los hospitales madrileños, otras ONG están creando focos de desobediencia contra el decreto de exclusión y de ayuda a los excluídos. Médicos del Mundo, Yo sí Sanidad Universal… están poniendo un ojo sobre las injusticias y aprovechando los resquicios legales para que nadie se quede sin asistencia. Médicos y enfermeras objetores, grupos de vecinos acompañantes.
(lamarea.com 31/8/2013)
“Señor de Mauritania de 38 años en situación regular en protección internacional se acerca al grupo de acompañamiento porque había acudido al centro de salud por una gastroenteritis y se le negó la asistencia porque según la administrativa no tenía derecho”. Este es uno de los muchos casos que recoge la plataforma ciudadana Yo sí sanidad universal en Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia, el dossier que ha publicado para analizar las consecuencias del Real Decreto Ley 16/2012. Y es que mañana se cumple un año desde que la sanidad dejó de ser universal en España.
El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto que rompió con el modelo de la Sanidad universal para establecer categorías entre las personas en algo tan sensible -y recogido en el artículo 43 de la Constitución- como es el derecho a la protección de la salud. De un lado quedaron las personas sin documento acreditativo (como DNI o pasaporte), los pensionistas, los ciudadanos sin permiso de residencia, todos aquellos sin permiso de residencia empadronados en Cataluña con ingresos superiores a la Renta de Inserción Mínima, los jóvenes con visa de estudiante y los mayores de 26 años que no han cotizado nunca en un país con un alto índice de desempleo juvenil. Del otro, el resto de la población. Por ahora, advierten desde la plataforma ciudadana Yo sí.
“Este decreto ataca a los cimientos de nuestro sistema sanitario y supone un grave retroceso en salud pública y equidad social. No nos podemos dejar engañar por las falacias de los discursos oficiales, pues no responde a la insostenibilidad; se está utilizando el argumento de la austeridad para dar un cambio de rumbo totalmente ideológico hacia el modelo de las aseguradoras”, asegura Irene Rodríguez, enfermera y miembro de la plataforma.
Desde Yo sí aseguran que el Gobierno ha generado una nebulosa alrededor de la nueva legislación sanitaria de forma consciente. “Hay mucha desinformación, mucha confusión. El Gobierno está apostando por un cambio de modelo sanitario. Estos decretos no tienen nada que ver con la situación económica de los centros médicos”, explica Irene Rodríguez.
Como relata la médica Elena Aguiló, “de momento se ha apuntado hacia la creación de tres cartas diferentes de servicios: la básica, la suplementaria y la accesoria. Suena de cajón que las dos últimas serán de pago, pero todavía no se conoce qué servicios incluirán cada uno de estos apartados”. A pesar de que los grandes perjudicados de este primer año de decreto han sido los inmigrantes en situación irregular sin parangón, Rodríguez advierte: “Quién tiene derecho a una cobertura sanitaria integral y quién no puede ir cambiando. Todas las personas estamos afectadas por este decreto”.