Cargando...La recuperación y la proyección hacia el futuro del sector industrial han de estar en el centro de las preocupaciones en este momento tan difícil de la economía española. Son muchas las voces autorizadas que lo dicen, aunque quizá no encuentran el eco que sería deseable. Y sin embargo es cierto, como se ha repetido tantas veces, que sin industria no hay país.
España es un país industrializado, aunque en un progresivo proceso de desindustrialización que no viene de ahora, pero que se ha agudizado con la crisis. La industria española genera apenas un 15% del PIB, mientras que en cinco de los diez países más competitivos del mundo el peso del PIB industrial supera el 20%, y a nivel mundial la industria representa más del 16% del PIB y el 70% del comercio global. Y, por cierto, es en los países con mayor peso de la industria en los que más eficazmente se está superando la actual crisis. Partiendo de estos datos elementales, la preocupación está más que justificada.
En cualquier economía, y, naturalmente, también en la española, la industria es el sector de mayor productividad y el que genera el empleo de mejor calidad, por su cualificación y su estabilidad. Es además donde se concentran los mayores esfuerzos en innovación y desarrollo tecnológico y donde se generan los bienes que más repercuten en la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones. Todas las especulaciones, por otra parte bastante irresponsables, que durante décadas se han hecho sobre la sociedad de servicios olvidan que este tipo de sociedad solo es viable cuando se apoya en una sólida actividad industrial y que los sectores de servicios avanzados en una sociedad moderna tienen una componente industrial y tecnológica sin la que no es posible su emergencia.
En el caso español, la proyección exterior de nuestras empresas, que tan positivamente está contribuyendo al sostenimiento de la economía, descansa, incluso cuando las corporaciones que la protagonizan son de servicios, en las capacidades industriales y tecnológicas que incorporan. Este hecho objetivo se compadece mal con la impavidez con la que la sociedad y sus autoridades contemplan la progresiva desaparición de empresas industriales, algunas de ellas de referencia, que se viene produciendo desde hace años.
Varias son las observaciones que hay que hacer en relación con el declive, esperemos que no irrecuperable, de la industria española. En primer lugar, que la competitividad y la productividad del sector industrial español es equiparable al de cualquier país de nuestro entorno, en contra de muchos informes que circulan sin mayor análisis. La capacitación del personal en que descansa la actividad industrial, en todos los niveles de dicho personal, está fuera de toda duda, como demuestra el actual éxito de nuestro sector exterior.
Si los índices de productividad de nuestra economía global son bajos en los rankings internacionales, no es un problema de la industria, sino del desproporcionado peso que en esa economía tiene un subsector de servicios de baja cualificación.
No obstante, es cierto que el ejercicio de la actividad industrial en nuestro país está lastrado por el precio de algunos inputs, especialmente el energético, cuya reconsideración debiera ser urgente. A ello se añaden las actuales restricciones al crédito, que no solo frenan las posibilidades de inversión, lo cual es muy grave, sino que incluso dificultan o impiden el cotidiano desarrollo de las actividades normales.
Son estos dos aspectos, de extrema influencia en el futuro de nuestra industria, en los que los poderes públicos tienen el derecho y la obligación de actuar. Cuando se reclama política industrial, se está hablando de este tipo de iniciativas, no de subvenciones ni privilegios.
La misma o parecida gravedad y peligrosidad reviste el frenazo a los esfuerzos en desarrollo tecnológico e innovación a los que se asiste en los últimos años. Y aquí también la acción pública es determinante, como lo es en todos los países avanzados. Desde la segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado, España está haciendo un intenso esfuerzo para avanzar en este terreno, esfuerzo continuado por los sucesivos Gobiernos de la nación, independientemente de su color político, que solo recientemente ha sufrido un retroceso, que desde luego no va a ser paliado por lo que conocemos de los Presupuestos de 2014.
Esto quiere decir que el nivel de nuestra tecnología industrial, que, aunque lejos aún de la cota deseable, ha experimentado un avance muy sustancial y conseguido incluso posiciones de liderazgo en algunos campos, está en verdadero riesgo de no ser sostenible, lo que puede repercutir muy negativamente en la proyección internacional de nuestras empresas.
Afortunadamente, nada es irreversible. Disponemos de los mimbres para construir el cesto y relanzar nuestro sector industrial hacia el lugar que lógicamente le corresponde, y no será con lamentaciones como lo consigamos.
Tenemos conocimiento y experiencia acumulados y utilizables para esta buena causa, si somos capaces de no deshacernos de ellos por medio de suicidas políticas de prejubilaciones.
Tenemos empresas, aunque no tantas como sería deseable, proyectadas al exterior con buena capacidad tecnológica y que pueden protagonizar un papel impulsor para sus numerosas empresas suministradoras.
Tenemos un buen hacer en sectores tradicionales que con un esfuerzo inteligente pero accesible puede ser reorientado hacia sectores y actividades emergentes y de futuro.
Tenemos una infraestructura científica y tecnológica, tanto en universidades e institutos públicos de investigación como en centros tecnológicos semipúblicos o privados sectoriales, que es una base indispensable para el posicionamiento de nuestra industria.
Y, finalmente, tenemos la posibilidad de relocalizar un buen número de actividades industriales que en los años anteriores han sido deslocalizadas de nuestro país. Nuestras condiciones de competitividad lo justifican ampliamente y, de hecho, el proceso ya se ha iniciado. Olvidemos los complejos relacionados con costes laborales que hoy, para bien o para mal, no tienen ningún sentido, si alguna vez lo tuvieron y no fueron coartada para otro tipo de decisiones.
En resumen, es necesaria y posible una política incentivadora de la reindustrialización de España que tenga en cuenta los aspectos aquí comentados y otros que no caben en este breve texto.
Una política desvinculada de subvenciones, privilegios y distorsiones de la competencia, pero que permita que las reales potencialidades de nuestro sector industrial se desarrollen en lugar de agostarse, como está ocurriendo. Sin escandalizarnos por ello, ya que todos los países que se quieren a sí mismos lo hacen de una manera o de otra. Porque, lo repetimos tercamente, sin industria no hay país.
Jesús Rodríguez Cortezo es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.