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¿Que pasaría si hubiera una Ley Electoral más proporcional?
La mayoría independentista en el Parlament no se corresponde con la minoría independentista en la sociedad catalana. Los 70 escaños de JxCat, ERC y las CUP son fruto de una deformante normativa electoral catalana -hecha de acuerdo a la Ley Electoral española, para la que ningún Govern ha querido hacer un ‘procés’- que combina la Ley D’Hont con cuatro circnscripciones provinciales en las que el voto de los catalanes no vale lo mismo. Sin ella no podrían gobernar los independentistas.
No, el voto de todos los catalanes no vale igual. Sacar un escaño por Barcelona cuesta 38.500 votos. Por Lleida 16.000 sufragios. A los habitantes de Tarragona o de Girona les cuesta 1,6 veces más barato -en votos- tener un representante que a alguien de Hospitalet. Para los de Lleida es 2,5 veces más fácil sacar un escaño que para un vecino de Santa Coloma.
Tal deformación es fruto de que -tras casi 40 años de autogobierno- ningún gobernante de la Generalitat ha estado interesado en que Cataluña tenga una Ley Electoral propia, justa y proporcional. Para eso no han sido nada soberanistas. La razón es clara: el nacionalismo de CiU o de ERC siempre ha sacado muchos más votos de la Cataluña rural y provincial que de la cosmopolita Barcelona o de su cinturón obrero. ¿Como no iban a estar interesados en la sobrerrepresentación de su principal caladero de votos?
La Disposición Transitoria 4.ª del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que habla de las normas electorales autonómicas, se limita a mantener celosamente los ejes de la Ley Electoral española: la ley d’Hont con circunscripción provincial. Las distintas mayorías independentistas en los Parlaments han blindado estas disposiciones, manteniendo una mayoría de 2/3 de votos en el hemiciclo (90 diputados, frente a los 72 que apobaron la DUI o las leyes de desconexión) para modificar las leyes electorales. Curioso.
Los efectos más perversos y antidemocráticas de la Ley D’Hont -que premia a los partidos más votados en perjuicio de los minoritarios; que castiga a aquellos que sacan los votos dispersos en beneficio de los que sacan pocos, pero muy concentrados geográficamente; o que deja sin representación a los que obtienen menos del 3% de los votos por distrito- se ven amplificados por el mantenimiento de circunscripciones electorales pequeñas y provinciales.
Sin el espejo deformado de esta doblemente antidemocrática Ley Electoral, el independentismo no habría podido gobernar desde hace tiempo. No habría podido acceder a la Generalitat tras el 27-S de 2015, pero tampoco con los resultados de este 21-D.
Si no existieran cuatro circunscripciónes electorales -cuya representación en escaños no se corresponde con su población- sino que hubiera una única circunscripción para toda Cataluña (incluso manteniendo la Ley D’Hont), el bloque secesionista se quedaría con solo 66 diputados, dos por debajo de la mayoría absoluta. El mismo resultado daría si se aplicara un sistema electoral proporcional puro: eliminando tanto la ley D’Hont como las circusncripciones provinciales.
En esa situación Ciudadanos -que curiosamente defiende la circunscripción única- perdería dos escaños… pero tendría posibilidades de gobernar. Junts per Cataluña perdería 4 escaños; ERC dos asientos. Los más beneficiados serían los que han sido más castigados por esta Ley Electoral, aunque se encuentren en las antípodas políticas: PP y las CUP. Tanto PSC como los comunes tendrían una recompensa, ganando 2 y un escaño respectivamente. La llave de la Generalitat recaería sobre la formación morada.
Si acabaramos con la traba del 3% mínimo de votos para conseguir un escaño, los animalistas de PACMA podrían entrar en el Parlament quitándole -con todo derecho- un asiento al PP, ganando el hemiciclo en pluralidad y representatividad. ¿No es hora de exigir una Ley Electoral justa y proporcional, en Cataluña y en toda España?