Sí es posible modificar la Constitución y sí se pueden blindar las pensiones

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez acaba de anunciar que su Gobierno va a promover de forma inminente una reforma exprés de la Constitución para eliminar el aforamiento de los políticos en dos meses. Si se pudo recurrir a la reforma exprés para adaptarnos a los tratados europeos o para blindar el pago a los bancos alemanes, ¿por qué no se va a poder cambiar para cuestiones de interés nacional, y sobre todo por cuestiones vitales que afectan al conjunto de la sociedad española?

El aforamiento es un privilegio del que gozan 250.000 personas en España e incluye además de a los políticos al Rey, a jueces y fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad y el Ejército.

Por este privilegio los políticos, parlamentarios, senadores y miembros del Gobierno, solo pueden ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores, en el caso de las Comunidades Autónomas, generalmente con fuerte influencia política, por delitos cometidos, especialmente en el ejercicio de su cargo.

Aunque limitada, la reforma que propone Pedro Sánchez es una demanda con amplio respaldo social. El presidente del Gobierno dice que con su reforma se daría más margen a los jueces para actuar contra los delitos de corrupción cometidos por la clase política.

Sólo el PP se ha manifestado radicalmente en contra de la propuesta de Sánchez. Casado la ha calificado de “irresponsable”. Ciudadanos insiste en su apoyo se limita a una reforma para acabar con los aforamientos. Mientras que desde Unidos Podemos se pide que se aproveche para blindar otros derechos sociales como sanidad, vivienda o educación.

Sánchez se propone llevar de inmediato su anteproyecto de ley al Consejo de Ministros e iniciar así el proceso para la reforma exprés de la Constitución. Vía de reforma que permite cambiar la Constitución siempre que los cambios sean apoyados por una mayoría de tres quintos (210 diputados) en las dos cámaras, Congreso y Senado. En el caso de no ser apoyado por tres quintos en el Senado, bastaría con una segunda votación por mayoría absoluta (51%) en el Senado.y otra de dos tercios en el Congreso.

En ninguno de los casos sería necesario un referéndum, salvo que lo pidan al menos una décima parte de parlamentarios.

En los cuarenta años de Constitución la reforma exprés ha sido aplicada dos veces, y las dos por exigencias de Europa. En 1972 para modificar el artículo 132 y adaptarla al tratado de Maastricht. Y en agosto de 2011, cuando la canciller alemana, Ángela Merkel, exigió a PP y PSOE modificar el artículo 135 para blindar el pago de la deuda a los bancos extranjeros por delante de los gastos sociales.

Existe otro procedimiento “agravado” de reforma de la Constitución que la propia Carta Magna reserva para los primeros títulos en los que se refieren a la unidad de España, la Corona o derechos fundamentales. Y que nunca ha sido utilizado

De todo ello hay una primera y evidente conclusión fundamental: sí se puede cambiar la Constitución y solo depende que haya voluntad política para hacerlo.

Si se pudo recurrir a la reforma exprés para adaptarnos a los tratados europeos o para blindar el pago a los bancos alemanes, ¿por qué no se va a poder cambiar para cuestiones de interés nacional, y sobre todo por cuestiones vitales que afectan al conjunto de la sociedad española?

Si hay hoy en España un problema sobre el que hay un amplísimo consenso social y la necesidad de protegerlas y garantizarlas en el futuro son las pensiones públicas. Sobre todo desde que las reformas y los recortes han reducido su poder adquisitivo y, sobre todo, han puesto en cuestión el futuro del sistema público de pensiones. Mientras los grandes centros financieros de dentro y fuera del país presionan para achicar las pensiones públicas y hacer hueco a las privadas.

Blindarlas en la Constitución, como un derecho fundamental, para que no puedan ser ni privatizadas ni recortado su poder adquisitivo es hoy la mayor garantía para el presente y el futuro de las pensiones.

Sobre esto hay un amplísimo consenso social y una amplía mayoría entre las fuerzas políticas, que difícilmente se podrían oponer a una propuesta para blindarlas en la Constitución sin sufrir un rechazo social generalizado. Y como vemos hay una vía rápida y posible para hacerlo: reforma exprés para blindar las pensiones en la Constitución.

Deja una respuesta