Cargando...El Gobierno ha abierto un nuevo frente de confrontación social con la reforma de las pensiones. Ha fracasado en su objetivo de consensuar la reforma de las prejubilaciones en el Pacto de Toledo porque los grupos de la Oposición no suscriben el paquete de medidas para endurecer las prejubilaciones. Por esta razón, el Ministerio de Empleo aprobará los cambios por decreto previsiblemente antes de que finalice este mismo mes de febrero.
Pero esta decisión no será nada más que el principio porque la Comisión Europea es implacable. El gasto en pensiones está desbocado y es necesario frenarlo para hacer frente al envejecimiento de la población. Esto significa abordar el espinoso asunto de rebajar las futuras pensiones. Se trata de otro ‘tabú’ electoral que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que abordar le guste o no y la única manera de resolverlo es rebajando las futuras pensiones.
El Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre un real decreto para poner en marcha la reforma de la Seguridad Social pactada en 2011 por el Gobierno socialista con los agentes sociales. Sin embargo, dejó pendientes tres medidas que considera claves para eludir la presión de Bruselas para endurecer la reforma y retrasar la edad real de jubilación que se sitúa en 63,9 años: endurecer las prejubilaciones, eliminar la jubilación parcial y permitir a los jubilados que trabajen.
Los cambios que se aprobarán van dirigidos a impedir que nadie pueda empezar a cobrar una prestación de la Seguridad Social por jubilación antes de cumplir los 65 años. Otro de los movimientos más importantes va dirigido a poner límites a las dos modalidades de jubilación anticipada. Es decir, a prohibir que se adopten antes de los 63 años. Sólo se autorizarían a los 61 años para los trabajadores de empleos ‘penosos, peligrosos, tóxicos’ y los discapacitados. Cuando un trabajador se prejubila se le aplica un coeficiente reductor sobre la prestación que le correspondería. El cambio que se propone es que este coeficiente se calcule sobre la edad legal de jubilación y sobre la base reguladora –con el fin de no beneficiar a las pensiones más altas–. Además, debe ser proporcional al número de años de anticipo de la edad de jubilación y sólo será aplicable a partir de un número de años cotizados.
También se modificará la jubilación parcial con el fin de eliminar en la práctica el contrato de relevo. Se trata de aumentar la jornada laboral obligatoria al 50% (en lugar del actual 27%) y exigir un periodo mínimo de cotización de 33 años. La empresa tendrá que pagar la totalidad de las cotizaciones del trabajador jubilado y del joven relevista. Además, se introducirán coeficientes reductores, se dará un tratamiento específico o más flexible en casos de contrato indefinido a jornada completa.
El tercer cambio que introducirá el decreto va dirigido a dar la vuelta a la situación actual en que por cada persona que prolonga su vida laboral, hay siete que se jubilan anticipadamente. A pesar del acuerdo suscrito por España en el ámbito comunitario en 2009 para fomentar el trabajo de los mayores para hacer frente al envejecimiento de la población, en la actualidad sólo hay 3.500 personas en España que renuncian al cobro de su pensión para seguir trabajando. El decreto permitirá a los trabajadores por cuenta propia y ajena, una vez cumplida la edad legal ordinaria de jubilación, y contando con el 100% del periodo de cotización necesario para acceder a la pensión, seguir trabajando en el sector privado sin que se modifiquen los derechos adquiridos como pensionista. Estarán obligados a cotizar por incapacidad temporal, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además, tendrán que pagar a la Seguridad Social una ‘cotización de solidaridad’, aún por determinar, para mejorar los ingresos del sistema público. Los jubilados recibirían un porcentaje de la prestación que les corresponda, que podría ser objeto o no de revalorización, y al finalizar el trabajo que estén haciendo recuperarían el 100% de la pensión que les correspondiera. Un dato importante es que a pesar de lo que aporten al sistema no mejorarán la pensión que les fue concedida.