Cargando...Bruselas desconfía del déficit, no se cree la reforma local y teme los efectos de la corrupción.
Ni brotes verdes, ni primaverales: la realidad es terriblemente dura», sentenció Mariano Rajoy desde la tribuna del Congreso. El caso es que los ministros relacionados con el área económica, especialmente Luis de Guindos, llevan meses apuntando a una recuperación de la economía a finales de año, que no acaba de confirmarse. Pero Rajoy prefirió ser prudente para no provocar el escarnio, como le ocurriría a Zapatero con los brotes verdes. Sobre todo en una semana en la que se fue al garete Orizonia, uno de los principales turoperadores españoles, y la inmobiliaria Reyal Urbis declaró el segundo mayor concurso de acreedores de la historia del sector, con cerca de 4.000 millones. Los miles de empleados de Iberia en huelga ponen la guinda a la creciente conflictividad laboral, que los sindicatos aprovecharán para convocar su cuarta huelga general en cuanto el desempleo supere esta primavera la barrera de los seis millones.
Las previsiones de crecimiento para España, dadas a conocer ayer por la Unión Europea, confirman los peores presagios: los primeros síntomas de mejoría no se verán hasta el segundo semestre de 2014. Bruselas retrasa en un año el cuento feliz que nos intenta colocar el Gobierno. La UE se prepara también para posponer otro par de años el cumplimiento del déficit, aunque prefiere no concretar el objetivo para 2013 hasta que Eurostat, sus servicios estadísticos, no confirme en mayo el déficit del 7 por ciento adelantado por Rajoy esta semana.
Una prueba de desconfianza hacia las cuentas españolas. Y es que el déficit real, sin contar el rescate bancario, debería rondar el 9 por ciento. Pero la cifra real será ligeramente inferior al 7 gracias a dos artimañas sobre las que se hizo la vista gorda desde el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro. El pago fraccionado del impuesto de sociedades para las grandes empresas incrementó el 29 por ciento la recaudación de este tributo, aunque de manera ficticia, ya que en realidad se trata de un simple adelanto. El segundo elemento consiste en retrasar el pago de facturas por una cuantía estimada en alrededor de 15.000 millones. Para que usted lo entienda: la Administración intentará cuadrar los números con el adelanto de los cobros y el retraso de los pagos. Así, cualquiera.
El comisario de Economía, Olli Rehn, condicionó la entrega del caramelo sobre el déficit a que el Gobierno no desfallezca en su plan de reformas. Como se sabe, el ajuste en la Administración brilla por su ausencia. Todo sigue pendiente hasta junio, cuando se conocerá el famoso informe sobre la eliminación de las duplicidades encargado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Luego esas medidas deberán ser convalidadas por el Congreso, con lo que su entrada en vigor difícilmente se producirá antes de 2014. Por ello, Bruselas sólo rebaja en tres décimas (al 6,7 por ciento) la previsión de déficit de 2013 y la vuelve a elevar por encima del 7 en 2014.
Qué hay, entonces, de los 7.000 millones que Montoro espera ahorrar con la reforma de la Administración local. La UE tampoco se lo cree. Y es que corre el riesgo de quedarse en mera propaganda, ya que se mantienen todos los ayuntamientos con sus concejales y concentra el ahorro en las diputaciones, unos organismos obsoletos y burocratizados hasta los dientes.
Mientras los dirigentes de las diputaciones provinciales no tengan que responder ante sus votantes, se seguirán cometiendo tropelías como la del aeropuerto de Castellón, promovida por Carlos Fabra, o el de los cientos de enchufados del presidente de la Diputación de Orense, José Manuel Baltar.
el Economista publicó el lunes pasado cómo las empresas públicas, que siguen intactas, incrementaron hasta octubre su plantilla en 7.500 empleados, amén de otro informe que preparamos sobre miles de sociedades públicas ocultas, gracias a una triquiñuela legal de sus corporaciones locales.
Para convencer a Bruselas de su voluntad reformista, Rajoy anunció un plan de 45.000 millones para las pequeñas empresas en su discurso sobre el estado de la nación. De ellos, 10.000 millones los aporta la banca, otros 20.000 millones el ICO por la vía de préstamos que no computan como déficit y 3.000 millones irán a cuenta de Bruselas. Pero el Ejecutivo no aclara cuánto costarán las rebajas en la Seguridad Social para pymes y autónomos, ni de dónde saldrá el dinero restante. Algunas grandes empresas han comenzado ya a tentarse el bolsillo, mientras el Gobierno confía en la inercia de los recortes iniciados en 2012 y en que la mejora de la economía sirva para cumplir sus previsiones. Si a este panorama se añade la extraña sensación, tras conocer que Luis Bárcenas certificó ante notario todas las donaciones del PP, de estar sentado ante una bomba de relojería, no me extraña que la Unión Europea desconfíe y posponga a mayo sus opiniones sobre los ajustes.