Los último momentos de Zapatero

Segundo ultimátum

Mientras el PSOE se desangra, literalmente, en las encuestas -la última le sitúa 16,5 puntos por debajo del PP-, Zapatero afronta sus últimos meses en La Moncloa sometiéndose a un nuevo ultimátum. De la cumbre de la eurozona celebrada esta semana ha salido con dos nuevos mandatos que cumplir inmediatamente. Y ambos significan, como ha dicho el columnista de El Paí­s, Joaquí­n Estefaní­a, «un nuevo giro de tuerca sobre las condiciones de vida de la mayorí­a».

Las exigencias de Merkel de un mayor control del déficit y una disminución rogresiva y anual de la deuda pública se van a traducir en nuevos recortes en los gastos sociales, esta vez centrados en las Comunidades Autónomas. Lo que quiere decir que la sanidad y la educación públicas –las dos mayores partidas de gasto de las autonomías– se han convertido en el siguiente objetivo de los nuevos ajustes del gasto público. Pero el principal mandato surgido desde Berlín es afrontar ya directa y masivamente la rebaja de los salarios. Se trata de cambiar las normas de la negociación colectiva para vincular explícitamente los salarios con la productividad, de romper la centralización a nivel nacional, provincial y sectorial de los procesos de negociación de los convenios para pasar a negociarlos empresa por empresa, y de eliminar los mecanismos que permiten que los sueldos suban de acuerdo con la inflación. Para hacerse una idea de lo que esto significa, basta decir que, como media, los convenios colectivos firmados empresa a empresa en España recogen subidas salariales un 50% inferiores a las de los convenios firmados a nivel provincial o sectorial. De esto es de lo que se trata justamente. Cambiando las reglas de la negociación colectiva de los convenios, suprimiendo las cláusulas de revisión automática de los sueldos de acuerdo con la subida del coste de la vida podrá empezarse a hacer realidad el objetivo formulado explícitamente hace unos meses por el antiguo jefe de la gran patronal, Gerardo Díaz Ferrán: “el sector privado también necesita rebajar los salarios como se ha hecho con los funcionarios; y en muchos sectores la rebaja deberá ser muy superior al 5%”. A por el 50% Ya en marzo del pasado año, advertíamos en estas misma páginas como el centro del proyecto de nuestros enemigos, formulado explícitamente por el New York Times, había pasado a ser rebajarnos los salarios y las rentas al 90% de la población. “En torno a este objetivo, dijimos entonces, de reducir un 25% los salarios y las rentas de la inmensa mayoría de la población gira la principal batalla política que se está dando en nuestro país”. Unos meses después, en diciembre de ese mismo año, alertábamos cómo sobre nuestro país se proyectaba la sombra inminente de una brutal operación de cirugía ejecutada por Berlín y Washington a través de la Comisión europea, el BCE y el FMI: “su proyecto ha dado un salto cualitativo y se dirigen a rebajar un 40 o un 50% las rentas y salarios del 90% de la población”., Vista la escasa resistencia encontrada, la sumisión y el servilismo de la clase política en general, y de Zapatero en particular, para ejecutar sus planes, ¿por qué iban a conformarse con menos? Hasta ahora, la aplicación de sus planes se ha cebado de forma particularmente intensa en la parte más débil y desprotegida de la sociedad. Son los sectores sociales más pobres quienes están sufriendo ya sus consecuencia de un forma brutal. Para más de 4 millones de jubilados, las medidas de rebajas y recortes tomadas por Zapatero sumado a la subida del coste de la vida, los impuestos y las tarifas de servicios básicos como la luz han supuesto ya una rebaja real de más de un 25 o un 30% de su renta. Algo similar a lo que les ocurre a los casi 5 millones de parados. Ahora se trata de generalizar esta rebaja al conjunto de la población trabajadora. El terreno lo preparó la agencia norteamericana Moody’s, al rebajar la calificación de la deuda española y amenazar con provocar nuevas turbulencias degradándola aún más en los próximos meses. El ultimátum lo ha dado Berlín: España tiene que pasar ya a arbitrar los mecanismos necesarios para proceder a una rebaja salarial masiva. Y al dócil Zapatero le ha faltado tiempo para escribir una carta al presidente del Consejo europeo, Van Rompuy, declarándose dispuesto a acatar y cumplir las nuevas exigencias. El hombre sumiso El primer ultimátum fue en mayo de 2010. Entonces bastó una llamada telefónica de Obama a altas horas de la noche para que Zapatero diera un giro de 180 grados a su discurso, pasara a decir negro donde acababa de decir blanco y aplicar un severo plan de ajuste. Para este segundo ultimátum, no ha hecho falta ni esto. Zapatero se apresuraba, horas antes de la cumbre, a poner por escrito su total disponibilidad al nuevo mandato: “debemos centrarnos principalmente en eliminar las rigideces de las economías domésticas. Esto implica prestar atención al mercado laboral, alineando salarios y productividad”. Como ha dicho Estefanía en el artículo citado, “nunca como ahora se ha manifestado con tanta crudeza la falta de autonomía de su política económica nacional”. Ahí reside, efectivamente, todo el problema. En un gobierno y una clase política que ejecutan fielmente y sin rechistar todas y cada una de las medidas de ajuste y rebaja salarial que imponen Washington y Berlín. Medidas que no sólo nos empobrecen a nosotros para enriquecerse ellos, sino que además agudizan cada día más la crisis y hacen imposible el crecimiento económico. Mientras países como Brasil, la India, China y muchos otros en el mundo, aplicando las medidas opuestas a las que dictan el FMI y Bruselas, crecen a un ritmo vertiginoso, fruto de elevar el nivel de vida de la mayoría de la población, potenciando con el aumento del consumo interno la capacidad de las empresas para invertir y crear nuevos empleos, aquí la política que se sigue es exactamente la contraria. Recortes y rebajas para la mayoría de la población que hunden el consumo interno, retraen la inversión y alimentan un paro desbocado. Y mientras el país y la población se empobrecen a marchas forzadas, un volumen cada vez mayor de nuestra riqueza sale hacia el exterior, hacia las cuentas de resultados de las oligarquías financieras mundiales más poderosas, en forma de un constante incremento del pago de intereses por la deuda externa –tanto pública como privada–. Pagos que sólo en 2011 superarán los 60.000 millones de euros. Un 22% más de todo lo que los monopolios del IBEX 35 (el corazón del negocio de la oligarquía financiera española) ganaron en 2010. Detener esta auténtica sangría ha pasado a ser una tarea prioritaria para todos y cada uno de nosotros. Dotarnos de la fuerza política organizada para hacer frente a este saqueo nacional una necesidad. Y difundir y extender entre el 90% de la población la campaña por la exigencia de un referéndum sobre las pensiones, el punto donde nuestros enemigos son más débiles y donde debemos concentrar todas nuestros golpes, un imperativo político para detener sus planes.

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