Cargando...Si no fuera porque hablamos de una necesidad muy importante y básica para el ciudadano de a pie, como es poder disponer una vivienda digna, la última «hazaña» del régimen étnico y de la casta burocrática a su servicio pide un artículo con mirada kafkiana. Garbiñe Sáez, diputada del PNV en la Cámara vasca, ha obtenido el sábado una vivienda de protección oficial (VPO) en la localidad alavesa de Amurrio. Como todos sabemos este tipo de promociones está dirigida a las personas con recursos limitados, se considera una forma de ayuda a los más necesitados de una vivienda. La citada política, Garbiñe Sáez, tiene un sueldo como parlamentaria de 67.000 euros anuales. Se ve que la casta política, ante la dificultad que tienen para cobrar de los adjudicados realmente golpeados por la crisis, los parados, los trabajadores temporales, los sometidos a los continuos ERE…, han decidido adjudicarse las viviendas a ellos mismos, que tienen unos sustanciosos ingresos.
Por ello, el ayuntamiento alavés de Amurrio, gobernado or Eusko Alkartasuna, antiguo socio del PNV en el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe, concedió el pasado sábado una vivienda de protección oficial a una parlamentaria peneuvista. Es obvio que hay razones burocráticas que la razón democrática no alcanza. Pero la propia Sáez nos lo explica sin dilación, cuando hizo la solicitud de la VPO tuvo que entregar la declaración de la renta de 2007, año en el que, dice, ingresó 35.000 euros, por lo que cumplía con los requisitos para solicitar la vivienda. Ahora lo comprendemos todo. Es, ni más ni menos, que un ejemplo microscópico del funcionamiento del régimen étnico y su entramado burocrático. Llevan una política de creación de redes clientelares mediante el presupuesto público y un sistema de ayudas que “lógicamente” también financia a sus miembros “más distinguidos”. La tarea está clara. Habrá que acabar con el régimen de las castas burocráticas.