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Ruz estudia si ordena careos

Desde que el pasado 18 de enero salieran a la luz las primeras informaciones sobre los supuestos sobresueldos en B a la cúpula del PP, el juez Pablo Ruz ha reservado esta semana, la más festiva de todo el año en España, para citar como testigos a Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, los secretarios generales del Partido Popular durante los años en los que supuestamente la cúpula de la formación se repartió sobresueldos en negro. Los tres declararon en el alto tribunal que todas las acusaciones de Luis Bárcenas eran mentira. Salvo alguna cosa.

Tras la teoría de los secretarios generales de que ninguno de ellos tenía constancia de que en la formación se repartieran dinero en efectivo, fuentes jurídicas conocedoras del caso reconocen que el siguiente paso que debería dar el juez Ruz es ordenar careos e intentar resolver las contradicciones que existen entre los políticos y el exgerente Cristóbal Páez, la estrella revelación de la Audiencia, el único de los cinco testigos citados por Ruz que ha dado validez a las anotaciones a su nombre que aparecían en los papeles de Bárcenas.

Si Ruz abriese esta vía, se vería casi obligado a citar como testigo al presidente del Gobierno, una opción que quiere evitar a toda costa para no alterar más la ya delicada estabilidad política del país. El juez consideró que la información que aportarían Arenas, Cascos y Cospedal sería suficiente para aclarar la veracidad de las acusaciones del extesorero. Pero mientras en algunos puntos fueron tajantes, como cuando negaron haber cobrado sobresueldos en dinero negro, en otros se limitaron a escurrir el bulto y descargar toda la responsabilidad al extesorero Álvaro Lapuerta.

Arenas sí admitió una reunión con Bárcenas, reforzando el relato de éste ante Ruz. Una de las dos reuniones se produjo en el despacho de Mariano Rajoy en marzo de 2010. Ahí hablaron del cese de Bárcenas al frente de la tesorería y como representante en el Senado. Fue, según sostuvo Arenas, un encuentro “amistoso, de reconocimiento a una persona que ha tenido muchos años de trabajo en el partido”. Se habló de mantenerle despacho y coche oficial, pero nada de salario. Al menos, Arenas no lo recordaba.

Ruz volvió a preguntar ayer a Cospedal por este tema: cómo se cerraron las condiciones económicas entre el partido y Bárcenas. La actual secretaria general sostuvo que ella no tuvo nada que ver, y sacudiéndose así la cuestión puso en un gran aprieto al presidente del Gobierno. El desorbitado salario del extesorero hasta este mismo año fue acordado entre Arenas, Rajoy y el propio Bárcenas, según la versión de Cospedal. Otra nueva contradicción que refuerza la teoría del extesorero.

El que verdaderamente le ha echado un capote a Bárcenas seguramente sin quererlo ha sido Cristóbal Páez, su sucesor en la gerencia del partido, con quien ahora reconoce mantener una frontal enemistad. Él ha reconocido a Ruz que sí cobró los 12.000 euros que aparecen en los apuntes contables del extesorero. El dinero lo recibió en dos tandas, en billetes de 500 euros y no los declaró a Hacienda. Una teoría que corrobora el modus operandi que Bárcenas ha descrito ante el magistrado. Además, Páez confesó a Ruz que él guardó los papeles de Bárcenas en su propia casa en 2009, cuando el extesorero temía un registro policial en los despachos de Génova y quería protegerlos. Con esta tesis, se cae la teoría fabricada en Génova de que el extesorero fabricó a posteriori las anotaciones.

Fuerte discusión sobre la contrata de Toledo

El juez no permitió que la secretaria general respondiese a las cinco preguntas que la acusación particular hizo sobre el cobro de 200.000 euros para la campaña electoral del PP en Castilla-la Mancha en 2007 a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en el ayuntamiento de Toledo siendo Cospedal presidenta del partido en la región. Fue el propio Ruz quien preguntó en primer lugar a Cospedal sobre este cobro, que ella negó.

Después, las acusaciones particulares insistieron en preguntar más sobre el famoso recibí que firmó el secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, para entregárselo a Cospedal en la sede de Génova. Según fuentes del alto tribunal, el juez Ruz consideró “impertinentes” las preguntas porque ya “está estudiando” una resolución en la que se determinará si es la Audiencia Nacional u otra sede judicial quien deba resolver si Cospedal recibió, a través de su colaborador como intermediario, ese dinero en un maletín en el interior de un parking, como sostiene Bárcenas.

Cascos, Arenas y Cospedal se defendieron ante el juez con que el control de la identidad de los donantes y las cuantías de las entregas era potestad de los tesoreros, por lo que cargaban toda la responsabilidad de si hubo pagos irregulares al mismo Bárcenas y a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta. Sin embargo, los estatutos del PP recogen, en referencia a la figura del secretario general, que “ostenta la dirección de todos los servicios del partido, entre ellas ordenar y controlar todas las actividades”. Entre ellas, las económicas, incluidas las donaciones que los empresarios entregan a la formación.

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