Cargando...El próximo viernes, día 30, es una jornada importante. Ese día, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará conocer el IPC adelantado correspondiente al mes de noviembre. Aunque la cifra que salga será provisional, lo cierto es que rara vez se aleja -como máximo una décima- de la que finalmente publicará el INE con carácter definitivo el próximo 13 diciembre. Y es importante, como se sabe, por el hecho de que se trata del IPC que servirá como referencia para calcular la subida de las pensiones.
Es también de sobra conocido que el Consejo de Ministros aprobó para este año una subida a cuenta del 1%, por lo que, como marca la ley, tendrá que pagar a los pensionistas la diferencia entre ese anticipo y el IPC real que, como sostiene Funcas, se situará con toda probabilidad en el 3,5%, décima arriba o abajo. Esos 2,5 puntos de desviación son la madre del cordero, toda vez que incluyendo la consolidación de la paga extraordinaria el gasto para la Seguridad Social se situará en el entorno de 5.000 millones.
Aunque la decisión del Gobierno no se conocerá hasta el último Consejo de Ministros de este año, que es cuando se aprueban tanto la revalorización del próximo año como el cuadro de pensiones mínimas, Moncloa está recibiendo desde hace tiempo presiones para no compensar las pensiones de 2012 a la evolución de los precios. Se da un argumento de carácter económico: cuando el país está sometido a un duro proceso de ajuste, carece de sentido incrementar el déficit abonando una paga extra a los pensionistas. Primera falsedad.
El Pacto de Toledo se cimenta en una filosofía: hay que separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social de las del Estado en sentido estricto. Y de acuerdo con estos principios, el propio Pacto de Toledo habla de que “esa separación debe hacerse en función de la naturaleza de la protección dispensada, de manera que las de carácter contributivo se financien fundamentalmente con cargo acotizaciones sociales, y las de carácter no contributivo lo hagan básicamente a través de impuestos”.
Es decir, que cada administración debe asumir tanto sus gastos como sus ingresos. De hecho, eso es lo que se ha venido haciendo de forma progresiva en los últimos años. Hasta el punto de que ya en 2013, y por primera vez, se puede hablar con propiedad de separación de fuentes, toda vez que el Gobierno asumirá en su totalidad el coste de los complementos de mínimos, que se financiarán con impuestos y no con cotizaciones sociales.
La hora del Fondo de Reserva
Carece de sentido, por lo tanto, y como de forma un tanto torticera suele hacerse, decir que la Seguridad Social contribuye al déficit, toda vez que está en condiciones de asumir sus propios desequilibrios presupuestarios. ¿Por qué vía? Pues tirando del Fondo de Reserva, que nació, precisamente, para cubrir esos déficit. Y dinero tiene. Nada menos que 66.814 millones de euros al acabar el año pasado.
Lo curioso del caso es que habitualmente se niega a la Seguridad Social que pueda disponer de esos fondos, lo cual carece de sentido. Es como si una empresa que durante años ha estado engordando sus fondos propios en los años de bonanza, no pudiera echar mano de sus reservas cuando las cosas vienen mal dadas. O que una familia no pudiera sacar sus ahorros del banco cuando uno de sus miembros se ha ido al paro. Un sinsentido. Nunca como ahora ha estado más justificado tirar del Fondo de Reserva.
Pero hay otro argumento de carácter económico que demuestra la necesidad de evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Y no es otro que la constatación de que hoy las 8,8 millones de pensiones que paga la Seguridad Social son el soporte más importante con el que se financian muchas familias. No es hablar por hablar. La última Encuesta de Presupuestos Familiares revela que el gasto medio por persona más elevado (12.093 euros al mes) corresponde a los mayores de 65 años. Nunca antes había sucedido algo parecido.
¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que gracias a la Seguridad Social más de ocho millones de hogares mantienen su nivel de renta, lo cual es esencial en unos momentos como los actuales, en los que muchas familias dependen económicamente de los ingresos procedentes de la pensión (953 euros de media). Ya sea para llegar a fin de mes o, incluso, como avalistas hipotecarios.
Deteriorar esta vía de ingresos -que garantiza la paz social– sería una irresponsabilidad. Sobre todo teniendo en cuenta que el 57,1% de los mayores de los mayores de 64 años son mujeres, en muchos casos viudas con ingresos muy bajos. Y son ellas y ellos las que, por ejemplo, evitan que crezca la morosidad bancaria debido al todavía abrumador peso de las familias en la estructura social de España.
Sangrar más a los hogares por esta vía sería, por lo tanto, un disparate económico en unos momentos en los que la acción combinada de una fuerte subida de los impuestos indirectos y de las tasas está socavando los cimientos económicos de millones de hogares. Sin olvidar el efecto negativo sobre el consumo que tendrá la supresión de la paga extra a los empleados públicos, que retirará de las tiendas otros 5.000 millones de euros, dando la puntilla al pequeño comercio.
No se trata de cebar artificialmente la bomba de la demanda agregada, sino de evitar políticas procíclicas que acentúen la recesión. Como suele recordarse, el hecho de que haya un sistema público de pensiones razonable hace que no sólo se beneficien de estos programas los propios perceptores de la pensión, sino la sociedad en su conjunto debido a que de otra manera estaría obligada a realizar transferencias de renta en ausencia de programas públicos de pensiones.
Blindar las pensiones
La crisis se ha llevado ya por delante la solvencia económica de buena parte de la clase media, y si ahora el ajuste se traslada a las pensiones es muy probable que este país vaya a tener que enfrentarse en el futuro a un imponente proceso de exclusión social y pobreza extrema que a la larga será más costoso en términos económicos. Y, desde luego, insoportable en términos morales y sociales. Por eso hay que blindar a las pensiones del empobrecimiento general del país después de un quinquenio en crisis.
Suele olvidarse que las pensiones públicas nacieron para compensar la pérdida de rentas que se produce cuando algún individuo pierde la capacidad de obtenerla por alguna circunstancia ajena a su voluntad, ya sea jubilación, incapacidad, orfandad o fallecimiento. Y por lo tanto no pueden sustituirse por otra fuente de ingresos. Y sólo el 60% de las pensiones son de jubilación. El resto son de extrema necesidad.
Políticamente, además, sería un contrasentido que al mismo tiempo que el Gobierno sale en auxilio de buena parte del sistema financiero, dejara tirado a los hogares incumpliendo una ley que nació con el consenso de todas las fuerzas políticas.
No es ocioso recordar que, en contra de lo que suele creerse, el sistema de pensiones español está entre los más exigentes. Según datos de Eurostat, la vida laboral media de un trabajador (año 2010) se sitúa en 34,3 años. Es verdad que once de los 27 países de la Unión Europea están por encima (a la cabeza Suecia, con 40,1 años), pero hay que tener en cuenta un factor fundamental: las altas tasas de desempleo desvirtúan la estadística, ya que en España los episodios de desempleo son sustancialmente mayores que en el resto de Europa.
No hay razones, por lo tanto, para no compensar la subida del IPC. La política, la buena política, está para eso.